Ciento cuarenta presos de ETA han salido de la cárcel a pesar de la dureza de Rajoy
Ciento cuarenta presos de ETA han abandonado la cárcel desde 2012, el último, el antiguo jefe de la organización terrorista Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, quien salió ayer del centro penitenciario de Villena (Alicante) tras la decisión de la Audiencia Nacional de acumular su periodo de prisión en Francia con el que ha cumplido en España, lo que ha supuesto 27 años y dos meses de prisión continuada. La pena máxima es 30 años de reclusión. Potros estaba sentenciado a tres mil años de prisión por ordenar el atentado con coche bomba en el centro comercial Hipercor de Barcelona, el más cruento de los cometidos por ETA, con 21 personas muertas y 45 heridas de gravedad.
La mayor parte de las excarcelaciones registradas con el Gobierno de Mariano Rajoy se han producido tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Justicia. Unos ochenta antiguos etarras, a los que se pretendía aplicar la reforma penal con efecto retroactivo para que siguieran en prisión, comenzaron a salir a finales de 2013, al haber cumplido toda la condena. En los dos últimos meses de ese año salieron sesenta. Otros han sido excarcelados en el primer semestre de este año. Además, unos sesenta antiguos etarras se han beneficiado de la reinserción a través de la progresión de grado o han sido excarcelados por los jueces de vigilancia penitenciaria al padecer enfermedades graves.
A pesar de la impresión contraria entre las asociaciones de víctimas, cinco años después de la renuncia definitiva e irreversible de ETA al terrorismo, el Gobierno del PP no se ha movido y mantiene la política de dureza y dispersión penitenciaria de los antiguos etarras como cuando llegó y se benefició de los dividendos de la paz. Solo una treintena de reclusos que se acogieron en 2011 a la llamada vía Nanclares, con el consiguiente arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas, han sido traslados a la prisión alavesa y han podido salir en tercer grado. El resto, unos 350 pasarán una Navidad más en prisiones alejadas del País Vasco.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, evita hablar de los reclusos etarras, la mayoría de ellos sentenciados y en segundo grado penitenciario. Su secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, contribuye lealmente a la política de silencio y opacidad para evitar reacciones contrarias a los intereses electorales del PP. Y desde el Gobierno vasco se sigue reclamando las competencias penitenciarias para avanzar en la paz y la convivencia.
En la última respuesta al diputado de Amaiur Iker Urbina, el ministro Fernández Díaz le explicaba que “la dispersión es legal y legítima, y nace de la potestad exclusiva de la administración penitenciaria de fijar el centro de cumplimiento de la condena de cualquier recluso”. Insistía en que el objetivo es "propiciar la reinserción y el abandono de la disciplina de la banda”, y señalaba que “cualquier preso de la organización terrorista puede poner fin a su situación de dispersión acogiéndose a los itinerarios de reinserción y a los mecanismos compensatorios que la legislación prevé”.
Con su respuesta genérica, el titular de Interior escamoteaba la petición de unos doscientos reclusos de acogerse a la vía Nanclares. La contestación se producía tres semanas después de que el Gobierno vasco, a través de su secretario de Paz y Convivencia, Jonán Fernández, anunciara el programa Hitzeman (Dar la palabra) para reforzar la vía Nanclares entre todos los presos de ETA que estén dispuestos a participar en una reflexión autocrítica sobre el daño que causaron a las víctimas. El plan fue detallado por el lehendakari Iñigo Urkullu al presidente Rajoy en su último encuentro. El jefe del Gobierno se comprometió a estudiarlo.
Aunque la iniciativa del Ejecutivo vasco es una “vía legal” que se ofrece a los condenados por terrorismo para lograr la reinserción y fortalecer la paz y la convivencia democrática en el País Vasco, el propio Fernández advierte de que “no garantiza nada” ni trata de crear expectativas falsas, entre otras razones, porque el Gobierno vasco no cuenta con competencias penitenciarias. El plan contempla todos los pasos, desde la firma de una declaración inicial con el compromiso de contribuir a la paz y la convivencia, hasta la evaluación por una comisión gestora formada por personalidades independientes y la propuesta de itinerarios personales para la reinserción, incluido el asesoramiento personal y legal y la búsqueda de empleo y vivienda.
¿ supongo que el titular, será irónico ?
La derecha reaccionaria y neofranquista nunca hará nada que favorezca la paz.