Bódalo: "Mi condena a la cárcel se debe a la persecución política y judicial contra el SAT"

El nombre de Andrés Bódalo se ha unido en los últimos días a otros integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se enfrentan a condenas judiciales tras participar en protestas. Su caso ha alcanzado especial relevancia por ser concejal de Jaén en Común, candidatura de confluencia apoyada por Podemos, y cabeza de lista en esta provincia por la formación morada en las pasadas generales. Un juzgado lo ha condenado a tres años y medios de prisión por agredir al teniente de alcalde de la localidad de Jódar, el socialista Juan Ibarra. Acusación que él niega de forma rotunda en conversación con cuartopoder.es y que enmarca en una persecución política y judicial contra las acciones de su sindicato. Hoy es el día fijado por el juez para que entre prisión y declara que no lo hará de forma voluntaria sino que tendrán que ir a buscarlo, una práctica habitual que llevan a cabo en el SAT. Desde IU y Podemos han mostrado el apoyo a Bódalo y ayer se realizó una campaña en redes sociales pidiendo su indulto. Políticos como Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez o Cayo Lara, entre otros, han coincidido en esta petición.

“Estoy tranquilo y me mantengo firme. Noto el apoyo que estoy recibiendo de los colectivos sociales, sindicales y la gente que ha llegado a Jaén”, explica a este medio el sindicalista. Entre hoy y el sábado se han convocado además varias manifestaciones para pedir el indulto y rechazando una condena que consideran totalmente desproporcionada. Su familia ha pedido el indulto de forma oficial a la Subdelegación del Gobierno y los servicios jurídicos del sindicato han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los hechos se remontan al 27 de septiembre de 2012. Ese día los integrantes del SAT acudieron al Ayuntamiento de Jódar a declarar sobre un expediente sancionador interpuesto tras un encierro de varias semanas en la que los jornaleros protestaban contra la situación de desempleo. “En 2012 había una situación muy difícil para todos los pueblos de Andalucía con el tema del paro. En mi pueblo concretamente había más de un 70% en paro y muy pocos subsidios. Quisimos hacer una acción simbólica en el Ayuntamiento pidiendo mejoras en nuestras condiciones”, recuerda Bódalo.

En un momento dado se produjo un altercado entre los sindicalistas, a los que no dejaban entrar a todos juntos a la sede municipal, y el teniente alcalde. “Quiso entrar a la fuerza por encima de los manifestantes, se produjeron algunos empujones pero no fue más allá de eso”, afirma Bódalo. La Policía Local y la Guardia Civil estaba presente en esos momentos. “Nos denunció el Ayuntamiento como acusación particular con una querella penal. Se celebró un juicio y el teniente alcalde declaró que había sido agredido y que temió por su vida. Hubo declaraciones a nuestro favor por parte de la Guardia Civil y certificaron en todo momento que no hubo agresiones por parte mía hacia nadie”, explica el edil. El juez dictaminó contra él 3 años y medio de prisión, nueve meses de multa pagando 6 euros al día por atentado contra la autoridad así como a un mes de multa a razón de 6 euros el día por una falta de lesiones. Además se le aplicó el agravante de reincidencia debido a una multa de 2002 por participar en un piquete informativo en una jornada de huelga. “No soy una persona violenta”, afirma.

Bódalo recuerda que el SAT tiene 600 miembros que están pendientes de juicio, que hay peticiones de más de 300 años de cárcel y más de un millón de euros en multas. “Esto no es novedoso, 40 años de lucha por la reforma agraria en Andalucía y por nuestros derechos han conllevado una persecución política y judicial de una manera tan brutal”, afirma. Considera que esta persecución está teniendo especial dureza en los dos últimos años. Insiste en que seguirán “saliendo a la calle con firmeza”. “Los poderes jurídicos, políticos y policiales están dispuestos a llevarnos a la cárcel y meternos entre rejas. Nos podrán meter entre rejas pero somos inocentes”, concluye. Este caso se suma a otros conocidos en los últimos tiempos como la detención y posterior liberación del conocido sindicalista del SAT Diego Cañamero el pasado mes de agosto o la condena a Fran Molero tras participar en la manifestación de Rodea el Congreso en el año 2013.

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