Las heridas y la memoria

Se acaban de debatir la enmiendas a la totalidad al proyecto de ley sobre la Memoria Histórica. Ninguna de ellas ha salido adelante, lo que permite al Gobierno proseguir con la tramitación de una iniciativa, la suya, que ha logrado concitar el rechazo tanto del PP como el de sus socios parlamentarios, ERC e IU.
El proyecto, todo hay que decirlo, es grotesco, pero no porque lo diga Amnistía Internacional –que ha llegado a afirmar que se trata de una ley de punto final- sino porque no sirve a su propósito original que era la rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo, algo que se consigue anulando las condenas y no mediante una especie de certificado de buena conducta a cargo de una comisión de sabios, que es lo que viene a recoger la futura ley.
Pero es que además, en un ejercicio de funambulismo difícilmente justificable, desacredita la legalidad republicana en su artículo 2: “Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura que, a su término, se prolongó hasta 1975”.
En esto de las reparaciones y de las heridas conviene recordar algunos hitos para demostrar que todos tenemos memoria:
1-El decreto de 18 de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. La ley 13 de diciembre de 1940 extendió estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra o fueron ejecutados.
2-Otra ley de julio de 1941 creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña con el fin de conceder pensiones extraordinarias a sus familiares. Ese mismo año, una ley de 31 de diciembre hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra ley de 8 de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934” a los que se calificó de muertos en campaña.
3-Por ley de 25 de agosto de 1939 se aprobó el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en las categorías inferiores de las plantillas de la Administración.
4-Sobre la localización de las víctimas, una orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “de cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”.
Pues bien, casi 70 años después de la guerra y 28 después de la reinstauración democrática pedir que se desentierre a los muertos de las cunetas, a esos a los que no amparaba el gobernador civil, es reabrir las heridas del pasado.