El PSOE condiciona la reforma de las pensiones del Gobierno al respaldo de sindicatos y empresarios

Alfredo Pérez Rubalcaba se opondrá a cualquier reforma de las pensiones que no tenga el respaldo de sindicatos y empresarios como tuvo la que hizo José Luís Rodríguez Zapatero en 2011 y que ahora ha suspendido en parte el Ejecutivo para imponer recortes más duros. Así lo precisa un argumentario remitido a sus cuadros en el que se especifica que “si el Gobierno del PP decide hacer un cambio sobre el actual sistema de pensiones que hay en España, el PSOE exigirá que ese cambio tenga, al menos, el mismo nivel de consenso social y político que el de la Reforma de las pensiones que hizo el Gobierno del PSOE”. Y se añade que, “si no es así, el PSOE se opondrá a los cambios que pretenda imponer el Gobierno de Rajoy”.

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre un decreto ley que suspende la aplicación de la reforma de Zapatero en la jubilación anticipada y parcial. De momento, entra en vigor la parte que amplía gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años y los años para el cómputo de la pensión, que pasarán de 15 a 25.

Los artículos suspendidos en la ley de reforma de pensiones que hoy entra en vigor establecían la edad mínima de 61 años para las jubilaciones anticipadas forzosas y los 63 para las voluntarias. El Gobierno propuso en noviembre que esos mínimos se ampliaran a 63 y 65 años, respectivamente, pero quiere que esos cambios se realicen de manera progresiva.

El Gobierno se ha dado un plazo de tres meses para buscar un pacto con las fuerzas parlamentarias, especialmente el PSOE, y también con los sindicatos, lo que no parece fácil porque las centrales no quieren, como pretende el Ejecutivo, eliminar prácticamente las jubilaciones anticipadas, básicas en las negociaciones de los despidos en las grandes empresas. Si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno legislará y planteará su propia reforma sobre las pensiones a través de un decreto ley.

Pero los socialistas se niegan a pactar nada en el Parlamento que no suscriban los agentes sociales en una mesa. Y recuerdan que sindicatos, empresarios y el propio Pacto de Toledo apoyaron la reforma del PSOE. En el año 2011, el Gobierno socialista aprobó la Reforma de pensiones que iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2013. Y su aplicación, además, debía hacerse de forma progresiva, durante un periodo de 15 años (de 2013 a 2027). “Es la reforma de pensiones más dialogada de toda la democracia -afirman- y cuenta con un respaldo político y social sin precedentes, porque se elaboró durante más de un año y medio de trabajo y tiene su origen en un doble consenso político y social”.

El político se alcanzó en la Comisión del Pacto de Toledo (36 votos de un total de 38) y, en el Parlamento, las Recomendaciones del Pacto de Toledo se aprobaron por 334 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El social fue consecuencia del respaldo expreso de los agentes sociales (sindicatos y empresarios), plasmado en el Acuerdo Social y Económico firmado con el Gobierno socialista el 2 de febrero de 2011. Además, consiguió los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.

Esa reforma socialista estaba en línea con las del resto de países europeos porque su objetivo era y es garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, haciendo frente al reto del envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Lo irónico es que, aun estando en la línea de las reformas aprobadas por otros países europeos, el PP decidió descolgarse. Aunque en la Comisión del Pacto de Toledo el PP había votado a favor de la Reforma planteada por el Gobierno, luego acabó votando en contra, alegando que no se habían admitido sus enmiendas.

Según  el PSOE, el PP lo que pretende es “recortar prestaciones y privatizar las pensiones, que es lo que siempre han querido aunque no lo digan”.