La reforma penal de Gallardón deja impunes delitos machistas

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Ana Mato y Alberto Ruiz Gallardón, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

La reforma del Código Penal que ha planteado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, suprime los términos “violencia de género” introducidos en los artículos 82 y 83 del actual código para acentuar la carga punible, suaviza el reproche penal a la violencia machista y, entre otras novedades, elimina las faltas por lesiones leves y vejaciones a las mujeres. Así lo denunciaron las representantes de varias asociaciones de mujeres invitadas la semana pasada por el grupo parlamentario del PSOE a examinar los distintos frentes del problema. Es como si el titular de Justicia y su grupo de codificadores quisieran garantizar que las desgracias no vienen solas. En este caso, a la criminalidad del terrorismo machista que ha acabado con la vida de 23 mujeres en lo que llevamos de año, el Gobierno del PP añade un enfoque más tolerante con los primeros signos de criminalidad machista.

En efecto, el anteproyecto califica de “leves” la mayor parte de los delitos de violencia de género, aunque las agresiones contra las mujeres hayan causado lesiones y daños anímicos y psicológicos. Esta calificación penal permite que los delitos prescriban al cabo de un año y facilitará la impunidad de miles de agresores, pues, según reconocen las expertas en la materia, las mujeres víctimas tardan algún tiempo en denunciar las agresiones. Por si fuera poco, el anteproyecto de Gallardón y sus asesores suprime el agravante de la presencia de menores. Es como si al titular de Justicia y los cráneos privilegiados les importase una mierda que los niños vean cómo el padre insulta, maltrata o pega a una paliza a la madre.

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Con razón la portavoz parlamentaria socialista Soraya Rodríguez dice que estamos ante una reforma “innecesaria, injusta e inspirada en mentes retardatarias e integristas” y denuncia el retroceso en la lucha contra la violencia de género al tiempo que alerta sobre “la impunidad de los maltatadores”. Aparte de no esperar nada, solo daños, del ministro Gallardón y de pedir que “se vaya cuanto antes”, la indignación recorre las filas socialistas al comprobar que la mayoría absoluta del PP está dispuesta a convertir en papel mojado los avances legislativos de los últimos años en la lucha contra la violencia de género y que han sido referente internacional en la materia.

Para la diputada y portavoz de igualdad, Carmen Montón, aparte el “riesgo de involución” en el rechazo social a la violencia de género que la nueva legislación conlleva, el Gobierno del PP está demostrando en la práctica que le resbala el problema. Y la práctica es, añade Montón, “el recorte de más del 27% del Presupuesto en la materia, la baja intensidad de las campañas de prevención, la supresión de la igualdad en la enseñanza con la eliminación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y el tasazo judicial a las víctimas de la violencia de género que quieren divorciarse de su maltratador”. “Está claro que al Gobierno –agrega la responsable federal del PSOE en la materia, Purificación Causapiéle preocupa más la enseñanza del catecismo que la prevención de la violencia de género desde la escuela”.

En la mencionada reunión de juristas y dirigentes de asociaciones de mujeres, intervinieron Inmaculada Montalbán (vocal del Consejo del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género), Carmen Larramendi (Consejo General de la Abogacía), Ángela Cerrillos (Asociación de Mujeres Themis), Mª Ángeles Moraga (Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante), Yolanda Besteiro (Federación de Mujeres Progresistas) Ana Mª Pérez del Campo (Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas), Rocío Nieto (Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida) y María Serrano (Red Española contra la trata de personas y Anmistía Internacional). Y del encuentro salió la petición del PSOE al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, de que coloque la prevención y persecución de la violencia de género entre los objetivos prioritarios del Ejecutivo.

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Teléfono de atención a víctimas de la violencia de género.

Sin embargo, sólo la alarma social provocada por los cinco asesinatos de mujeres en los últimos días ha llevado a la Delegada para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad), Blanca Hernández, y al adlátere de la ministra Ana Mato y pupilo de Javier Arenas, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, a anunciar una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género que contendrá exactamente 250 medidas “que abarcarán todos los ámbitos de protección de la mujer y de los menores a su cargo”, han dicho. A esa Estrategia Nacional se referirá la ministra en su comparecencia del hoy, miércoles, en  la comisión parlamentaria correspondiente para decir que el Consejo de Ministros la aprobará a mediados del mes que viene.