¿Es España un país de traidores?

“Roma no paga traidores” parece que fue la frase con la que el cónsul romano Quinto Servilio Cepión despachó a los tres celtíberos Ditalcón, Audax y Minuro, después de que asesinaran a su caudillo, Viriato, de una puñalada en el cuello mientras dormía. Como este había tenido en jaque a las legiones romanas durante más de seis años, Cepión, gran estratega, había prometido enormes riquezas a los tres héroes por perpetrar el crimen, aunque luego, con la excusa de su alta dignidad romana, decidió prescindir de cumplir su parte del trato. De esto hace ya 2.200 años y hay que reconocer que, sean italianos o españoles, no hemos mejorado en cuanto a las promesas de los gobernantes.

Que no escarmentamos con los políticos es evidente, pero ¿es España un país de traidores?

Pues verán, una de las noticias jurídicas de esta semana ha sido la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir la apertura de juicio en la Audiencia Nacional contra 61 socios de PricewaterhouseCoopers, la firma de auditoría y servicios profesionales más grande del mundo por volumen de facturación, según señala su publicidad. La sociedad, que tiene sus oficinas centrales en Londres y Nueva York, fue constituida en 1998 como consecuencia de la fusión de Price Waterhouse y Coopers & Lybrand.

Resulta que la Fiscalía, después de seis años de investigaciones, ha decidido acusar a lo más selecto de la entidad por un delito fiscal que supera los 40 millones de euros. El origen del fraude fue la reestructuración de las sociedades que en 2002 culminó con la venta de PwC Consulting a IBM y que supuso pingües beneficios para los socios.

La fiscalía entiende que la firma no podía acogerse, como hizo, a los beneficios fiscales previstos en la normativa de fusiones y escisiones y que la omisión de la tributación de la venta por el Régimen General del Impuesto de Sociedades constituyó un fraude de 18,4 millones a las arcas del Estado. Considera también que los bonus de 20,9 millones que los socios obtuvieron en enero de 2002 deberían haber tributado como rendimiento del trabajo, con sus correspondientes retenciones de IRPF, y no como incremento patrimonial, ya que la venta no se efectuó hasta octubre de ese año y en enero ni siquiera se habían iniciado las negociaciones.

Las penas solicitadas llegan en algún caso hasta 14 años de cárcel y las multas superan los 100 millones. Ya ven, una minucia.

PwC afirma que se trata de un asunto de interpretación legal, y seguro que es así, aunque a decir verdad, en la mayoría de los asuntos económicos que acaban en los juzgados, los acusados suelen alegar diferencias de interpretación de las normas legales.

Pero por lo que reclamo su atención sobre esta noticia es porque el supuesto fraude no fue descubierto por la Inspección de Hacienda, ni por la Fiscalía Anticorrupción, sino a raíz de una denuncia formulada por un ex socio de PwC, Román Luquin, que había reclamado su parte de la venta de la rama de consultoría, cuando, al parecer, él ya había abandonado la entidad. A pesar de que un arbitraje de la Cámara de Comercio no le dio la razón, Luquín siguió adelante. PwC le acusa de hacerles chantaje y de mentir sobre la venta de la consultoría, pero, de momento, Hacienda y la Fiscalía le han creído.

El caso es que los servicios de control que tiene el Estado parece que solo pillan a los incautos porque no han detectado ninguno de los grandes casos de corrupción.

¿Se acuerdan de Filesa, el caso de financiación irregular del PSOE, en el que fueron condenados a penas de prisión el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, entre otros? Pues la denuncia partió de un empleado despechado, un chileno llamado Carlos Van Schouwen que era contable de la entidad —utilizada por personas del PSC y el PSOE para el cobro de comisiones de obras públicas— y que había sido despedido. Su venganza, en 1991, consistió en contar en dos periódicos y en los juzgados la operativa de cobro, que el mismo había ayudado a hacer. Mientras él se benefició no hubo problema, pero cuando fue despedido parece que sintió el irrefrenable impulso de denunciar los hechos, seguramente por amor a la justicia y a la legalidad.

Algo parecido ocurrió con la Operación Gürtel y su derivada, el caso Bárcenas. En 2005, dos ex concejales del PP en Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas y Juan José Moreno se habían sentido ofendidos porque habían sido expulsados del partido y habían quedado fuera del reparto de prebendas y comisiones. Una crisis por la adjudicación de unas parcelas en la citada localidad había sido el detonante de una lucha de poder interna y había acabado con la sustitución del alcalde. Peñas, lo mismo que Van Schouwen, cuando se acabó la fiesta, sintió la imperiosa necesidad de colaborar con la justicia y se dedicó a grabar subrepticiamente conversaciones con antiguos colaboradores y comisionistas en las que estos revelaban cómo se repartían el dinero y quiénes cometían los delitos. Luego puso las grabaciones a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y, más importante, las aireó en la prensa.

Así empezó la Gürtel, pero, avanzado el caso, el tesorero más famoso de España, Luis Bárcenas, pretendió amenazar al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, con revelar las pruebas y datos que aseguraba tenía en su poder, si no le protegían frente a los jueces. Pero las amenazas y los chantajes funcionan mucho mejor si el chantajista no tiene que ejecutarlos. En cuanto se publicaron los extractos de la contabilidad, Bárcenas fue tildado de traidor y pasó a ser el enemigo.

Ahora, desde la distancia, podremos apreciar lo difícil que es condenar a los poderosos, especialmente banqueros o políticos, a pesar de que en ocasiones se encuentren en dificultades debido a ese importante germen de traidores que existe en España y que, en muchas ocasiones, actúan movidos por resentimiento o por dinero.

Decía Shakespeare: “Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos”. Seguro que usted no tiene traidores a su alrededor, pero, por si acaso, mire por encima del hombro, revise periódicamente su espalda y cuídese.