¿Es España un país de traidores?

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Las cuatro torres del final de la Castellana. La segunda, de color negro, es la sede de PricewaterhouseCoopers. / José Yoldi
Las cuatro torres del final de la Castellana. La segunda, de color negro, es la sede de PricewaterhouseCoopers. / José Yoldi

“Roma no paga traidores” parece que fue la frase con la que el cónsul romano Quinto Servilio Cepión despachó a los tres celtíberos Ditalcón, Audax y Minuro, después de que asesinaran a su caudillo, Viriato, de una puñalada en el cuello mientras dormía. Como este había tenido en jaque a las legiones romanas durante más de seis años, Cepión, gran estratega, había prometido enormes riquezas a los tres héroes por perpetrar el crimen, aunque luego, con la excusa de su alta dignidad romana, decidió prescindir de cumplir su parte del trato. De esto hace ya 2.200 años y hay que reconocer que, sean italianos o españoles, no hemos mejorado en cuanto a las promesas de los gobernantes.

Que no escarmentamos con los políticos es evidente, pero ¿es España un país de traidores?

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Pues verán, una de las noticias jurídicas de esta semana ha sido la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir la apertura de juicio en la Audiencia Nacional contra 61 socios de PricewaterhouseCoopers, la firma de auditoría y servicios profesionales más grande del mundo por volumen de facturación, según señala su publicidad. La sociedad, que tiene sus oficinas centrales en Londres y Nueva York, fue constituida en 1998 como consecuencia de la fusión de Price Waterhouse y Coopers & Lybrand.

Resulta que la Fiscalía, después de seis años de investigaciones, ha decidido acusar a lo más selecto de la entidad por un delito fiscal que supera los 40 millones de euros. El origen del fraude fue la reestructuración de las sociedades que en 2002 culminó con la venta de PwC Consulting a IBM y que supuso pingües beneficios para los socios.

La fiscalía entiende que la firma no podía acogerse, como hizo, a los beneficios fiscales previstos en la normativa de fusiones y escisiones y que la omisión de la tributación de la venta por el Régimen General del Impuesto de Sociedades constituyó un fraude de 18,4 millones a las arcas del Estado. Considera también que los bonus de 20,9 millones que los socios obtuvieron en enero de 2002 deberían haber tributado como rendimiento del trabajo, con sus correspondientes retenciones de IRPF, y no como incremento patrimonial, ya que la venta no se efectuó hasta octubre de ese año y en enero ni siquiera se habían iniciado las negociaciones.

Las penas solicitadas llegan en algún caso hasta 14 años de cárcel y las multas superan los 100 millones. Ya ven, una minucia.

PwC afirma que se trata de un asunto de interpretación legal, y seguro que es así, aunque a decir verdad, en la mayoría de los asuntos económicos que acaban en los juzgados, los acusados suelen alegar diferencias de interpretación de las normas legales.

Pero por lo que reclamo su atención sobre esta noticia es porque el supuesto fraude no fue descubierto por la Inspección de Hacienda, ni por la Fiscalía Anticorrupción, sino a raíz de una denuncia formulada por un ex socio de PwC, Román Luquin, que había reclamado su parte de la venta de la rama de consultoría, cuando, al parecer, él ya había abandonado la entidad. A pesar de que un arbitraje de la Cámara de Comercio no le dio la razón, Luquín siguió adelante. PwC le acusa de hacerles chantaje y de mentir sobre la venta de la consultoría, pero, de momento, Hacienda y la Fiscalía le han creído.

El caso es que los servicios de control que tiene el Estado parece que solo pillan a los incautos porque no han detectado ninguno de los grandes casos de corrupción.

¿Se acuerdan de Filesa, el caso de financiación irregular del PSOE, en el que fueron condenados a penas de prisión el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, entre otros? Pues la denuncia partió de un empleado despechado, un chileno llamado Carlos Van Schouwen que era contable de la entidad —utilizada por personas del PSC y el PSOE para el cobro de comisiones de obras públicas— y que había sido despedido. Su venganza, en 1991, consistió en contar en dos periódicos y en los juzgados la operativa de cobro, que el mismo había ayudado a hacer. Mientras él se benefició no hubo problema, pero cuando fue despedido parece que sintió el irrefrenable impulso de denunciar los hechos, seguramente por amor a la justicia y a la legalidad.

Luis Bárcenas, a la salida de la Audiencia Nacional, en una foto de archivo. /EFE
Luis Bárcenas, a la salida de la Audiencia Nacional, en una foto de archivo. / Efe

Algo parecido ocurrió con la Operación Gürtel y su derivada, el caso Bárcenas. En 2005, dos ex concejales del PP en Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas y Juan José Moreno se habían sentido ofendidos porque habían sido expulsados del partido y habían quedado fuera del reparto de prebendas y comisiones. Una crisis por la adjudicación de unas parcelas en la citada localidad había sido el detonante de una lucha de poder interna y había acabado con la sustitución del alcalde. Peñas, lo mismo que Van Schouwen, cuando se acabó la fiesta, sintió la imperiosa necesidad de colaborar con la justicia y se dedicó a grabar subrepticiamente conversaciones con antiguos colaboradores y comisionistas en las que estos revelaban cómo se repartían el dinero y quiénes cometían los delitos. Luego puso las grabaciones a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y, más importante, las aireó en la prensa.

Así empezó la Gürtel, pero, avanzado el caso, el tesorero más famoso de España, Luis Bárcenas, pretendió amenazar al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, con revelar las pruebas y datos que aseguraba tenía en su poder, si no le protegían frente a los jueces. Pero las amenazas y los chantajes funcionan mucho mejor si el chantajista no tiene que ejecutarlos. En cuanto se publicaron los extractos de la contabilidad, Bárcenas fue tildado de traidor y pasó a ser el enemigo.

Ahora, desde la distancia, podremos apreciar lo difícil que es condenar a los poderosos, especialmente banqueros o políticos, a pesar de que en ocasiones se encuentren en dificultades debido a ese importante germen de traidores que existe en España y que, en muchas ocasiones, actúan movidos por resentimiento o por dinero.

Decía Shakespeare: “Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos”. Seguro que usted no tiene traidores a su alrededor, pero, por si acaso, mire por encima del hombro, revise periódicamente su espalda y cuídese.

7 Comments
  1. Luis García says

    Estimado señor Yoldi: lamentablemente en casi todos los grandes procesos de corrupción en los que está involucrado el aparto estatal es muy difícil obtener condenas si alguno de los implicados no canta. Las razones de este comportamiento suelen ser diversas, pero abunda el resentimiento, bien porque se ha marginado al “cantaor” de su parte del pastel , bien porque se le entrega cual chivo expiatorio en sacrificio por los jefes de la tribu. El problema es que , para algunos, el delincuente solo lo es cuando traspasa la linea de la lealtad grupal , no cuando comete el delito bajo el paraguas de la institución o el partido. Bárcenas era alguien honorable o, al menos, presuntamente inocente, hasta que decidió tirar de la manta. Entonces las mismas voces que lo defendían o recordaban la vigencia del constitucional principio de presunción de inocencia, empezaron a decir que era un delincuente (hasta en sede parlamentaria) y que lo que tenía que hacer era explicar su inmensa fortuna suiza. En fin, que como dijo cierto ex ministro, uno puede ser ladrón, torturador, asesino o malversador, pero jamás delatoooorrr. Un saludo.

  2. Panóptico says

    Ciertamente, es penoso que los casos de corrupcion solo afloren tras las delaciones de alguien muy cercano o de una de las partes del grupo de corruptos.

    Todo ello indica, que «en potencia» hay mas personas dispuestas a participar en la corrupcion de las que pensamos y que los medios que dispone el Estado (Policia, Agencia Tributaria, Fiscales y Jueces) no hacen correctamente su trabajo, todo el mundo espera a que le pongan «el cadaver» sobre la mesa para despues ponerse una «medalla» como si ellos hubieran algo extraordinario.

    Todo el mundo aplaude a la Juez Alaya y resulta que si no llega a ser porque unos empresarios «modelos» (segun el PP) que acudieron a denunciar el caso ante la Junta de Andalucia (Sr. Gallo) y este remitiera el asunto (unas grabaciones pidiendo una mordida de 300.000 Euros) a la Fiscalia, no se hubiera descubierto el asunto y por conexion el actual Caso de los ERES.

    Vease aqui la Sentencia del TSJA.

    http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Andalucia__Ceuta_y_Melilla/Noticias_Judiciales_TSJ_Andalucia__Ceuta_y_Melilla/El_TSJA_confirma_la_sentencia_de_la_Audiencia_en_el_caso_Mercasevilla

    Pero lo grave del caso, esta y fijense en los «hechos probados» de la original Sentencia de la AP (Jurado) de Sevilla

    http://www.abcdesevilla.es/informacion/sevilla/recursos/pdf/2012/sentencia-caso-mercasevilla.pdf

    En que la Junta «otorgo» una Subvencion de 900.000 Euros a una Fundacion (Mersevilla) concreta y esta «eligio a dedo» [supongo] quien ejecutaria una Escuela de Hosteleria, (Grupo La Raza) y resulta que fueron a denunciar, no que la AUTO-ADJUDICACION A DEDO, sino la peticion de la mordida de 300.000 Euros.

    Se planteo incluso una Recusacion de la Juez Alaya, porque resulta que antes quien auditaba a Mercasevilla, era nada menos que su esposo y este incidente lo apoyo incluso la Fiscalia.

    http://elpais.com/diario/2010/11/05/andalucia/1288912924_850215.html

    En fin que los delatores tienen poco recorrido y la corrupcion tiene tomate.

  3. Y más says

    Sí, pero yo sigo sin saber todo lo que hay bajo la manta famosa, que el extesorero amenaza con contar. Que lo cuente ya, ¿no? de una pugnetera vez.

  4. joseyoldi says

    ACLARACIÓN
    He hablado con don Román Luquin, ex presidente de Coopers & Lybrand y ex vicepresidente de PwC, y asegura que él no denunció a su ex compañía, sino que la Policía Judicial recabó unos documentos que la firma había presentado en el proceso de arbitraje para reducir la cuantía que le tenían que pagar por la venta de PwC Consulting. En esos documentos, según Luquin, se admitían una serie de delitos fiscales, que ahora persigue la fiscalía anticorrupción y la Audiencia Nacional. De modo que la reclamación de su derecho a cobrar su parte por la venta de la consultoría está en el origen del proceso, pero precisa que no hubo ninguna denuncia formal contra los socios de PwC.

  5. pasaba por aquí... says

    Jo, Panoptico. A este paso me voy a tener que inscribir en su club de fans. A mi edad.

  6. gatsu says

    En España lo que hay es mucho hijodeputa y mucha rapiña cruel y desalmada…

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