Cuando la indignación se mezcla con la rabia y la represión

La indignación llenó las plazas de todo el país el 15 de mayo de 2011. La ola de protestas que sacudió el país en aquel momento fue bautizada como “el despertar de la ciudadanía”, dando comienzo a un movimiento social y ciudadano que hizo de la desobediencia pacífica uno de sus estandartes. Tres años más tarde, el número de manifestaciones registradas al año en Madrid está cerca de triplicarse y nada ha cambiado en la política, salvo el color del Gobierno. Muy al contrario, los recortes que se denunciaban en aquellos días de mayo de 2011 se han acentuado. En esta situación, la indignación dio paso a la impotencia y de ahí a la rabia que se desprende los últimos acontecimientos.

Desde que el pasado sábado 22 de marzo cientos de miles de personas protagonizaran la Marcha de la Dignidad con el lema de 'pan, trabajo y techo', entre otros, han sido detenidas en la capital 79 ciudadanos (24 el sábado, 54 el miércoles y una ayer), se han ocupado distintos centros universitarios, levantado barricadas y registrado enfrentamientos entre manifestantes y policía. También las autoridades han subido su tono de voz y Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, decidió abrir expediente a los organizadores de la Marcha. A este cóctel, además, se han sumado las protestas de los UIP, que han criticado a sus superiores y las mentiras del sindicato Confederación Española de Policías (CEP) sobre las supuestas armas utilizadas por manifestantes.

¿Qué está pasando? ¿Hay una escalada en el conflicto social que vive España? ¿Se está viviendo una radicalización de la violencia ciudadana? Manuel Monereo, doctor en Ciencias Políticas, considera que España está viviendo “una situación de creciente rabia social” que está intentando ser controlada por Gobierno mediante “la represión policial”, una técnica, avanza Monereo, que “ha podido funcionar en otras épocas”, pero que en la actual situación “de desesperanza” y de “bloqueo del futuro de los jóvenes” sólo provoca “más rabia y desesperación”.

“La clave de la situación actual es la violencia institucional que está aplicando este Gobierno y los poderes económicos contra personas concretas, que han visto de un día para otro cómo han sido reducidos sus derechos y cómo ha aumentado el paro y la miseria. Ante esta situación de violencia, insisto, algunos ciudadanos están reaccionando con contraviolencia”, explica Monereo, que precisa que el problema es que los medios de comunicación están intentando mostrar a “las víctimas de la violencia institucional” como “verdugos”.

La creciente conflictividad social no se le escapa a nadie. Tampoco a la Policía. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía, Mónica Gracia, ha señalado a cuartopoder.es que su sindicato es “consciente de que tal y como está la situación, es difícil que la tensión amaine, más bien todo lo contrario”. “Si el entorno laboral no mejora y si la política de recursos asistenciales sigue avanzando en recortes, todo indica que la conflictividad social aumentará”, ha explicado Gracia, que ha asegurado que hay “un sector de la sociedad” que está culpando a los policías de la situación social cuando “los verdaderos responsables son quienes integran la clase política que dirige este país”.

Pérdida de legitimidad

Culpabilizar a la Policía de la situación del país o la recriminación creciente hacia su trabajo puede ser consecuencia de la “pérdida de legitimidad del Estado”, a quien se le presupone el monopolio legítimo de la violencia legítima. “El Estado ha perdido legitimidad en la medida en que no ha sido capaz de manejar la crisis y los recortes en el gasto público. La pérdida de legitimidad y eficacia del Estado es evidente y esta pérdida ofrece flancos para el ataque”, afirma Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

No obstante, en opinión de Carabaña, los grupos de activistas que se plantean el “ataque al Estado actual son pocos y tienen poco arraigo”. “En las condiciones actuales pueden tener cierta expectativa de conseguir un mayor arraigo. Es cierto que hay acciones que van en esa línea como las ocupaciones de edificios universitarios, pero no creo que de estas situaciones particulares se dé una generalización”, afirma Carabaña, que cree que no se puede evaluar de manera conjunta los disturbios del sábado noche con la protesta estudiantil de los últimos días”. “El futuro de estos grupos tendrá que ver con la solidaridad que consigan entre el resto de estudiantes”, afirma.

También Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que la pérdida de legitimidad puede ser una de las variables que explican la situación actual. “Hay dos tipos de legitimidad de los poderes públicos: la ideológica y la funcional. Actualmente, los poderes públicos están perdiendo legitimidad de las dos maneras. Ya no sabemos quienes son los nuestros y además no nos resuelven los problemas”, explica Subirats, que afirma que esta situación descrita afecta a la función del orden público atribuida a los poderes públicos.

“Decía Maquiavelo que las dos formas de poder político son ser amado y ser temido. Cuando no tienes amor, al poder solo le queda el temor”, afirma Subirats, que señala que la utilización del temor por parte de estos poderes puede “ir complicando la situación”.

La lógica represiva

En opinión de Subirats, la actual situación de conflictividad social creciente se debe a dos tipos de factores: unos coyunturales y otros estructurales. Entre los coyunturales se encontraría la política del PP de “incrementar la lógica represiva” y “criminalizar cualquier protesta ciudadana” o “situándola fuera del marco constitucional”. Esta actitud del PP de “cerrar puertas” está generando, según Subirats, “más exasperación”. Sin embargo, afirma, son elementos relacionados con las protestas de esta semana y “no tienen por qué perdurar en el tiempo”.

Por otra parte, señala el catedrático que hay otra serie de factores “más estructurales” que tiene que ver con la crisis económica y con la sensación de que “la democracia promete pero no cumple” que hace que los ciudadanos terminen percibiendo que al final solo “quedan las políticas de represión y gestión del conflicto”.

Ante la conjunción de ambos factores, Subirats afirma que la ciudadanía puede optar por dos caminos. El primero consiste en comenzar a “organizarse por su cuenta para buscar formas alternativas de gestión y dar respuesta a problemas sociales que el Estado ya no resuelve” y una segunda vía que conlleva un “aumento de la conflictividad hacia los poderes públicos por su falta de respuesta”. “Actualmente se están dando ambas vías. En Cataluña, por ejemplo, están surgiendo las organizaciones ciudadanas 'Som', pero también es cierto que estamos viendo y veremos cada más conflictos sociales”, explica Subirats.

No obstante, tanto Subirats como Carabaña no creen que estemos ante una escalada de violencia. “No creo que estemos en un escenario en el cual esa escalada pueda darse sin ningún tipo de pausa. Creo que hay más desesperación, más rabia, pero no creo que tenga mucho recorrido porque si no el recorrido es arrebatar las armas al policía y no estamos en ese escenario”, afirma Subirats.

Monereo, por su parte, sí ve en esta creciente conflictividad social una espiral “que no se puede detener”. “Estamos en un momento de transición, de cambio de régimen y hay dos opciones: una nueva restauración borbónica de la mano de PP y PSOE o una ruptura democrática encabezada por hombres y mujeres como los del 22M. No tengo dudas de que los conflictos sociales continuarán creciendo. Se está poniendo en marcha una insurreción popular pacífica y ya es imparable”, concluye este politólogo.