Los dinásticos aprueban la entronización de Felipe VI y rechazan un referéndum

Agencia Efe (YouTube)

Por 299 votos del PP, el PSOE, UPyD y dos diputados del Grupo Mixto frente a 19 contrarios de la Izquierda Plural –que reclamó un referéndum-- y ERC, BNG, Compromis-Equo, Nueva Canaria y Geroa Bai, y 23 abstenciones de CiU, PNV, Coalición Canaria y el diputado socialista por Guipúzcoa, Odón Elorza, el pleno del Congreso ha ratificado la abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón en su hijo Felipe VI de Borbón y Grecia. La telegráfica ley orgánica que el Gobierno envió al Parlamento no cita al heredero, pero un tercio de la exposición del jefe del Ejecutivo, de 20 minutos de duración, estuvo dedicada al “príncipe con cuatro lustros de preparación” a su espalda. No hubo debate porque de antemano la mayoría dinástica aplicó el rodillo y negó la exposición de las enmiendas de Izquierda Plural y del Grupo Mixto que reclamaban dar la voz al pueblo para decidir sobre la forma de la jefatura del Estado. El PSOE, UPyD y los nacionalistas de CiU y PNV apostaron claramente por reformar la Constitución y abrir un tiempo nuevo. En cambio, el presidente del Gobierno y máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, presentó la abdicación como si fuera un trámite y no mencionó reforma alguna.

Uno de los puntos de interés estaba en las fisuras del PSOE. Sólo dos diputados rompieron la disciplina del grupo. Elorza, que votó abstención, y el balear Guillem García Gasulla, que no votó. Las sanciones económicas para ellos oscilan entre 400 y 600 euros. Los diputados de Amaiur abandonaron el hemiciclo antes de la votación. El portavoz de ERC, Alfred Bosch, repitió en la tribuna la frase de Francesc Macià en catalán proclamando la República. Los diputados de la Izquierda Plural exhibieron carteles reclamando un referendo y lucieron escarapelas tricolor con la bandera republicana en la solapa. José Antonio Durán i Lleida, de CiU, quiso dejar claro que su voto abstencionista, forzado por Convergencia y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se debe interpretar como un signo contra las personas de Juan Carlos y Felipe, a cuya coronación asistirá. El pleno tuvo dos líneas divisorias: dinásticos frente a republicanos y reformistas de la Constitución frente a inmovilistas.

El jefe del Ejecutivo presentó la ley de abdicación con un monólogo plano y sin novedad. Sin aludir a quienes piden que se consulte la forma de Estado a los ciudadanos señaló la aceptación mayoritaria de la Monarquía por parte de la sociedad. Frente a los que pedían debate afirmó que hoy no es día de manifestar las diferencias, pues tiempo hay todo el año, y pidió “responsabilidad y altura de miras” a todos los grupos, dentro del “consenso constitucional” básico que ha presidido los 39 años de reinado de Juan Carlos. “Estamos ante un cambio de página dentro del mismo libro”, dijo en referencia a la Constitución, cuya reforma en ningún momento contempló. Se detuvo en glosar “las cualidades y capacidades sucesorias que concurren en don Felipe de Borbón, llamado a ocupar el trono y la jefatura del Estado en cuanto se apruebe esta ley” y destacó que el heredero de la Corona “lleva cuatro lustros preparándose” para cumplir su misión. En ese sentido dijo que conoce muy bien a la sociedad española y que se ha reunido y escuchado a todos los colectivos. En este punto, al citar a “los artistas”, miró a la tribuna de prensa como si quisiera recordar la profesión de la futura reina consorte, Letizia Ortiz, a la que nadie citó.

La principal diferencia de la alocución de Rajoy con la del secretario general saliente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el énfasis que éste puso en la “inaplazable y necesaria reforma de la Constitución” con una “orientación federal” para que el nuevo tiempo que se abre permita la convivencia a gusto de las nacionalidades que integran el Estado español o Reino de España. Rubalcaba afirmó expresamente que “los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana”, pero también dejó claro que “somos compatibles con la Corona” cuando la Monarquía es constitucional y asume, respeta y cumple las normas democráticas y constitucionales. Recordó que “la soberanía reside en el pueblo español” y puesto que la ejerció en referendo al aprobar la Constitución de 1978 que instauró la Monarquía, los socialistas se atienen a los “cauces pactados” y por eso votan a favor de la abdicación sucesoria. Citó por tres veces a Luis Gómez Llorente para, en clave interna, disipar los problemas de conciencia que pudiesen tener los suyos. El fallecido profesor es un gran referente de Izquierda Socialista y abandonó la política en 1982, coincidiendo con el primer gran triunfo electoral del PSOE.

En la misma línea dinástica y constitucionalista se condujo la dirigente de UPyD, Rosa Díez, quien se esforzó en desmentir que Monarquía y democracia sean incompatibles y, en un alarde descriptivo, colocó a la República Bolivariana de Venezuela al lado de Corea del Norte y de la República de Irán para ilustrar a sus señorías sobre la existencia de repúblicas perfectamente infames, tiránicas, fundamentalistas y antidemocráticas. Dijo que “un referéndum sería un fraude de ley”, cargó contra los derechos “preconstitucionales” que reivindican los nacionalistas y afirmó que los 39 años de reinado de Juan Carlos han sido “el periodo mejor y más largo de progreso que ha tenido España, incluida la II República”. Esto no quita para que no considere necesaria una reforma constitucional regeneracionista de las instituciones y la vida pública, pero “sin dar tumbos ni tirar nada por la borda”.

Los portavoces del PNV y de CiU, Aitor Esteban y Durán i Lleida, coincidieron en la abstención con distintos argumentos. El vasco recordó que su formación política fue excluida del consenso hace 36 años y que sólo el 30% de los vascos refrendaron la Constitución. “Pasadas décadas, la distancia es mayor; si quieren nuestra aquiescencia, habrá que reformar la Constitución con renovados consensos”. Durán citó una larga sucesión de agravios a Cataluña desde la elaboración de la Constitución hasta el día de hoy, incluido el recurso de inconstitucionalidad del PP contra un Estatut refrendado por el pueblo catalán. Ante los rumores de desaprobación, amagó con alargar la lista de agravios, en la que incluyó la venta de Endesa, la exclusión de Pujol de la reunión del 24 de febrero de 1981, tras el frustrado golpe de Estado o la reforma del artículo 135 de la Constitución entre Zapatero y Rajoy. “Llevan tiempo excluyéndonos de esta historia”, dijo antes de citar a Miquel Roca en el sentido de que el pacto constitucional “está periclitado”.

En la línea divisoria entre dinásticos y republicanos, el dirigente de IU, Cayo Lara colocó a la Cámara en la tesitura de refrendar la herencia como si fuera una finca privada o consultar a los ciudadanos sobre la forma de Estado. Calificó de “oscuro” y de “maniobra palaciega” el pacto de los dinásticos y reivindicó un referéndum entre Monarquía y República por respeto a los ciudadanos y también a las generaciones del exilio. “¿El derecho de sangre o las urnas?” Frente a los que invocaron la legalidad constitucional subrayó que la Carta Magna “se viola todos los días, se desahucia, se niega el derecho al trabajo, crece la desigualdad, la corrupción llega a todas las instituciones, incluida la Familia Real”. Frente a los que apelan a la estabilidad, Lara preguntó: “¿Estabilidad para quién? ¿Para la Bolsa? ¿Para los del Ibex 35?” Y tras identificar a la Monarquía con los ricos y potentados añadió: “El pueblo ya está en emergencia con seis millones de parados; es la hora de la democracia con mayúsculas”. Recordó que en agosto de 2009 pidió al propio monarca que planteara un referendo sobre la forma de Estado y se preguntó “por qué el modelo instaurado en la Constitución de 1978 ha de ser para siempre” cuando además, según dijo, “la Monarquía es una institución anacrónica e injusta”.

Los argumentos republicanos estuvieron presentes en los distintos portavoces del Grupo Mixto, con especial énfasis de Bosch, de ERC y de Sabino Cuadra, de Amaiur. También Esteban, del PNV, recordó que la Monarquía formó parte, con el Ejército y la Judicatura, del paquete franquista de lo intocable con el que se produjo el tránsito de la dictadura. Cuadra reclamó “una auditoría sobre la fortuna del rey abdicante y de la Familia Real”. La navarra Uxue Barkos pidió que no se hurte la decisión de la forma de Estado a la gente, y Joan Baldoví, de Comprimís, dijo que 22 de los 34,5 millones de electores no pudieron decidir sobre la forma de Estado ni votaron la Constitución, por lo que sería bueno aplicar el “habla, pueblo, habla” de hace 35 años.