La última trampa

Rafael Catalá jura su cargo como ministro de Justicia. / Efe
Rafael Catalá jura su cargo como ministro de Justicia. / Efe

En una semana que parecía perfecta, después de que tras once años de batalla jurídica ingresase en prisión Carlos Fabra —el señor de Castellón que tenía tanta suerte que siempre le tocaba la lotería y que ahora tiene que cumplir cuatro años por delitos fiscales—, o que el juez de vigilancia penitenciaria revocase el tercer grado, ese indulto encubierto con que el Gobierno de Mariano Rajoy había premiado a su coleguita Jaume Matas, el nuevo ministro de justicia, Rafael Catalá, nos ha colocado la última trampa.

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Porque después del fiasco de su predecesor Alberto Ruiz-Gallardón para modificar varias leyes orgánicas, especialmente la ley de Enjuiciamiento Criminal, ha llegado Catalá vendiendo purpurina como si fuera oro. Como si hubiera descubierto la pólvora, el nuevo ministro nos ha contado que la corrupción avanza en nuestro país porque los procesos judiciales duran demasiado y como un ángel exterminador de espada flamígera ha decidido que la instrucción de los procesos —el tiempo que tarda el juez en investigar el delito— no puede exceder de seis meses, aunque para casos especialmente complejos el plazo podría ampliarse hasta los 18 meses.

Yo soy un ingenuo que me creo la bondad de la propuesta del ministro, pero mis amigos jueces, que son unos malpensados, creen que es una trampa, y burda, que solo persigue que los amiguitos del Partido Popular, inmersos como están en numerosos casos de corrupción puedan salvar su culo. Por cierto, lo de Rodrigo Rato, que fue nada menos que vicepresidente segundo y ministro de Economía entre 1996 y 2004 durante los dos Gobiernos de José María Aznar y, luego, director gerente del Fondo Monetario Internacional,  tiene muy mala pinta tras el informe de los peritos del Banco de España sobre el engaño de las cuentas para la salida a bolsa de Bankia, cuando él dirigía la entidad, y la tontería de las tarjetas black.

Porque, por si no lo saben, en España ya hay juicios rápidos para delitos menores, e incluso un procedimiento abreviado para delitos con penas inferiores a nueve años. Eso no quiere decir nada. Los pequeños hurtos, delitos de tráfico y demás se resuelven en relativamente poco tiempo, pero hay otros casos, que aunque se tramiten por el procedimiento abreviado pueden durar muchos años, porque los propios acusados y sus abogados tratan de eternizar el proceso para que cuando se juzgue, al haber pasado tanto tiempo, ya no tenga tanta importancia, y, además, es posible que se pueda achacar a la justicia algún retraso, lo que rebajaría la pena. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que digo es el de las cesiones de crédito del Banco Santander. La entidad realizó 45.000 cesiones de crédito entre 1987 y 1991, opacas para Hacienda, para las que utilizó testaferros. Las irregularidades se descubrieron en semana santa de 1992. Ninguna de las penas que se pedían para Emilio Botín y sus empleados por cada delito superaba los nueve años, aunque la acusación llegó a solicitar en 2006 un total de 180 años de prisión para el que fue primer banquero de España. Finalmente, el caso se archivó en septiembre de 2012, por una interpretación legal que tomó el nombre de doctrina Botín.  Como ven, un ratito de 20 años.

Y ahora viene este pedazo de ministro —tremendo genio, que diría un cubano— con una solución mágica que no soluciona nada, sino que parece tener la finalidad contraria a la que dice perseguir, o sea, una trampa para incautos. Porque ¿sabe el señor ministro lo que tarda en cumplimentarse una comisión rogatoria a Suiza, Andorra o Liechtenstein, que es donde tienen los dineros los corruptos  de su partido? Y eso por no hablar de las periciales contables sobre las enormes ramificaciones de la ingeniería financiera que despliegan las tramas corruptas.

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Rodrigo Rato, brindando por la salida a bolsa de Bankia. /Efe
Rato, brindando por la salida a bolsa de Bankia. / Efe

Si esa ley se aprobase y se llevase a la práctica habría que cerrar todas las investigaciones sobre la Gürtel, el caso de los ERE, el Palma Arena, los papeles de Bárcenas, o la Operación Púnica en la que está implicado el exconsejero estrella de Esperanza Aguirre, Francisco Granados; para no hablar de Bankia, Catalunya Bank, los casos de los Pujol y las corrupciones en Alicante, Valencia, etcétera. Por lo que la pregunta es: ¿Seguro que no se persigue eso?

No hace mucho, a principios de noviembre, escribí un artículo en este blog titulado “Que ser corrupto no valga la pena”, en el que señalaba varias medidas para luchar contra la corrupción, entre las que destacaba prorrogar el plazo de prescripción precisamente para aquellos delitos relacionados con la misma, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, las malversaciones de fondos públicos, las falsedades contables, el fraude, etc, y también que se proporcionasen recursos a los jueces, como una policía judicial independiente y eficaz, un cuerpo de peritos dependientes de los magistrados, etcétera. Pero, curiosamente, ninguna de esas medidas se contemplan en la propuesta de Catalá.

Lo cierto es que por más que lo intento, no comprendo por qué el nuevo ministro, que no parece saber mucho de nada, pero que tiene fama de persona conciliadora, no hace caso de la propuesta de los 45 jueces decanos de toda España, que al igual que la ciudadanía están también comprometidos en acabar con la corrupción. Los decanos se han reunido esta semana en Valencia y —¡fíjense qué casualidad!— han propuesto 58 medidas entre las que figuran: que se prorrogue el plazo de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, en especial el tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios; que se rebaje la cantidad a partir de la cual existe delito fiscal (120.000 euros); que se aumenten las penas a los que faciliten la corrupción; o que se tipifique el enriquecimiento ilícito.  Los jueces decanos  reclaman también que se reduzca el número de aforados y los indultos, que se tienda a cumplir las penas que se imponen y que se les proporcionen más medios materiales y una policía judicial eficaz, etcétera. Los jueces concluían que el Poder Judicial será lo eficaz que quiera el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Si estos no proporcionan las herramientas y medios necesarios, todo seguirá como está a pesar de los maquillajes que propone el Gobierno.

Si los que saben del tema porque se enfrentan a ello cada día piden lo que piden, ¿por qué el Ejecutivo propone lo que propone? ¿Trampa o ignorancia? Como siempre, saquen ustedes sus propias conclusiones.