El Código Penal del PP deja sin cárcel a los donantes de las tramas Gürtel y Bárcenas

Ningún procesado en la trama Gürtel  como donante de dinero al PP será castigado con pena de prisión. El nuevo Código Penal, aprobado ayer en solitario por el PP para su remisión al Senado, contempla penas de multa para quienes reciban y den dinero a los partidos políticos rebasando la cifra de 100.000 euros, fijada en la ley financiera, aprobada también ayer en el pleno del Congreso. Sólo se contempla pena de prisión si la cantidad rebasa 500.000 euros. “¿Por qué esa cantidad?”, se preguntó el socialista Antoni Such. “Según la lista de Bárcenas, nadie ha dado más de quinientos mil euros”, razonó. Más directamente, Rosa Díez, de UPyD, proclamó que “con este Código Penal, el señor Bárcenas podrá seguir siendo tesorero”.

Más allá de la cadena perpetua o “prisión permanente revisable” en un Código Penal que ya contiene hasta 40 años efectivos de prisión para violadores y terroristas, y contra la que se volvieron a pronunciar todos los grupos menos el 'Popular', el nuevo texto punitivo introduce el reproche penal para los delitos de corrupción de los partidos políticos, pero lo hace de una manera tan leve que a no pocos portavoces de la oposición les pareció que el PP trabajaba con la vista puesta en los casos Bárcenas y Gürtel que les afectan. Frente al aumento generalizado de penas, no suben las de cohecho y malversación. Las enmiendas de los conservadores fueron benignas con los corruptos. Las penas por donaciones ilegales a los partidos se reducen a multas y, en su caso, a la inhabilitación y suspensión del derecho al sufragio pasivo (no podrán ser candidatos).

El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, denunció “el monumento a la chapuza” que, según dijo, representa el nuevo Código del PP. “¿Qué tiene que ver la cadena perpetua con la realidad social de nuestro país? De lo que hablan los ciudadanos es de la corrupción. Y cuando debería ser un código para castigar más la corrupción y los delitos de cuello blanco, resulta que no, que incorporan el delito de financiación ilegal de los partidos, las cajas B, y el señor Bárcenas está en la calle. Es un Código de clase para proteger el patrimonio privado, no el del Estado”. Otros portavoces se manifestaron en la misma línea. Y teniendo en cuenta que sólo se contempla pena de prisión para quienes den o reciban más de 500.000 euros a un partido o 100.000 euros si son extranjeros, y que no es delito el enriquecimiento ilícito ni las cuentas y el patrimonio no declarado en el extranjero, la dirigente de UPyD pronosticó que el extesorero del PP y los gurtélidos se irán de rositas y las cajas B de los partidos seguirán funcionando.

Con todo, al defender la ley financiera de los partidos, el vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, manifestó con gran énfasis que “quien la hace la paga” y dijo que su partido se coloca “con hechos” en vanguardia de “la autoexigencia contra la corrupción” frente a los que, según añadió, “no quieren que desaparezca porque solo buscan réditos electorales”. Dirigió esta alusión a UPyD, a cuyo dirigente Carlos Martínez Gorriarán, tildó de “charlatán”. La Izquierda Plural y UPyD votaron en contra de esa ley por cosmética e insuficiente y el PSOE se abstuvo por motivos similares y porque, según José Enrique Serrano, el nuevo delito de financiación ilegal introducido en el Código Penal “no es el que esperan los ciudadanos y no acaba con las contratas y favores políticos a cambio de comisiones ilegales”.

Cárcel solo para huelguistas

Otros aspectos del nuevo Código Penal que concitaron el rechazo de todo la oposición fueron la reducción de la pena a los empresarios por impedir el derecho de huelga a dos años como máximo, lo que significa que ninguno irá a prisión por delinquir contra ese derecho fundamental. En cambio, para los trabajadores que impidan la libertad de trabajar en una huelga (los piquetes) se fija tres años de cárcel.

Además se considera delito de “atentado” y “desórdenes públicos” la resistencia pasiva a la policía. Hasta ahora solo era delito si la resistencia era activa. Con ello se criminalizan todavía más las sentadas y acampadas como las protagonizadas en 2011 por miles de jóvenes indignados. También, la resistencia a los desahucios y la ocupación de terrenos baldíos que, especialmente en Andalucía y Extremadura, siguen recibiendo subvenciones de la Política Agraria Común Europea (PACE).

Sin sexo hasta los 16

Las enmiendas del PP han elevado a 16 años la edad para mantener relaciones sexuales consentidas, pese a que el Código Civil contempla el matrimonio a los 14 años. “¿Qué hacemos con esa incoherencia chapucera?”, preguntaron varios portavoces al ponente del PP Leopoldo Barrera. “Ya lo resolverá el Senado”, vino a decir éste.

La supresión de las faltas para transformar el 60% de las mismas en delitos y sancionar administrativamente las relacionadas con el orden público a través de la ley mordaza o ley Fernández, concitó también el fuerte rechazo de la oposición, con especial referencia a la desaparición de la “imprudencia” en los accidentes de tráfico. Al eliminarse de la jurisdicción penal se comete una injusticia con las víctimas pues, según denunció Rosa Díez, quedan desprotegidas frente a las aseguradoras y se las obliga a pagar tasas, peritos y abogados en la vía civil para formular reclamaciones.

El problema del PSOE

Aunque en el debate se soslayó la nueva definición de “terrorismo” aportada por el PP, a la espera de que el pacto PP-PSOE cristalice en un nuevo texto o ley especial antiyihadista que se añadirá al catálogo punitivo, Llamazares descalificó las pretensiones de la derecha: “Eso de que el aborto provocado es terrorismo, la mediación es terrorismo, el Rodea el Congreso es terrorismo, la protesta social es terrorismo... Si el terrorismo es todo, es nada”. Al mismo tiempo tachó de vuelta al franquismo la nueva figura de “estado de alerta” acuñada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, sobre todo, Llamazares deploró que la nueva definición y tipificación del terrorismo se realice mediante una proposición, burlando el preceptivo informe de los órganos constitucionales.

El problema está siendo especialmente insoluble para el PSOE, debido a la contradicción entre su rechazo a la cadena perpetua y la aceptación del pacto contra el terrorismo yihadista. Los socialistas mantienen silencio al respecto. Lo lógico, según señalaron Díez y otros portavoces, es que ese capítulo del Código se hubiera debatido en la tramitación del propio texto punitivo y no en otro lugar como se está haciendo. “¿Dará igual que tengan turbante que boina, no?”, se preguntó retóricamente Díez. “Si tenemos nuevos tipos penales y hay que reformar la definición de terrorismo, lo lógico es que se haga en el Código; aunque se haga fuera, sin más dinero ni más medios no servirá para nada”, sentenció.