El asalto al Registro Civil
El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.
El Registro Civil es un servicio público servido por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios. Desde 1896, todas sus actuaciones son gratuitas para los usuarios. La ley que regula su funcionamiento permanecía inalterada desde 1957 hasta que, en 2011, una reforma impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó su gestión para dar entrada a las administraciones autonómicas. Aquella norma, aprobada por todos los grupos parlamentarios incluido el PP, nació con una vacatio legis de cuatro años aprovechada por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy para desvirtuarla y favorecer la privatización del servicio.
¿Por qué? Las explicaciones del Gobierno han sido las habituales: aliviar la carga de trabajo de los juzgados, reducir el gasto público… En realidad, todo indica que en este caso se ha producido una corruptela conocida como captura del regulador: los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles se hacen con la gestión del Registro Civil -y con los pingües beneficios que generará- porque así lo ha decidido un Gobierno cuyo presidente es registrador, así como dos de sus hermanos. También lo son un cuñado y una nuera del anterior ministro de Justicia, impulsor de la privatización, y los anteriores responsables de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y los tres asesores jurídicos contratados por el departamento para el desarrollo de los proyectos.
La crisis económica no ha dejado sector sin su correspondiente cicatriz. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó, entre otras muchas consecuencias, una brutal caída de las inscripciones registrales. La destrucción del tejido empresarial tuvo similares efectos en el Registro Mercantil. El negocio de los registradores se resintió y todo indica que al rescate ha llegado un Gobierno en el que disfrutan de una muy cualificada representación.
El exministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo entonces de moda. La oposición que desató ese anuncio frenó las ansias privatizadoras, pero sólo de momento. En julio de 2014, en plena vorágine por la abdicación del rey Juan Carlos y el inicio del periodo estival de vacaciones, el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, una norma ómnibus que incluyó asuntos tan dispares como la reforma de la legislación hipotecaria anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la celebración del CXX aniversario de la primera exposición de Picasso o la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles.
¿Por qué a ese cuerpo y no a los notarios o a los secretaros judiciales? Nadie ha dado explicaciones. El recurso al real decreto impidió recabar los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Notariado, entre otras instituciones, y permitió a Justicia obviar la elaboración de la correspondiente memoria que justifica, desde el punto legal y el económico, la necesidad de la reforma acometida.
Por si quedaba alguna duda, en la posterior tramitación parlamentaria del real decreto, en forma ya de contrarreforma de la ley de 2011, el propio PP presentó una amplia batería de enmiendas en un documento en el que olvidó eliminar el rastro de quienes parecen ser los autores o supervisores del texto, los expertos jurídicos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y de la Propiedad (documento con las enmiendas del PP a la reforma del Registro Civil. En azul, aquellos párrafos que permiten atribuir la autoría al Colegio de Registradores).
¿Quién paga?
El pasado sábado, mientras los funcionarios del Registro Civil y sus familias se movilizaban, el Ministerio de Justicia distribuyó un comunicado con declaraciones de su actual titular, Rafael Catalá, en las que insistió en que el proceso se conduce “con todo el apoyo de la ley” con el objetivo de asegurar que el servicio se mantenga “público y gratuito".
Va a ser muy difícil. Que el futuro Registro Civil va a seguir siendo público es una verdad a medias, lo que en ocasiones es la peor de las mentiras. Los registradores mercantiles y de la propiedad acceden al puesto mediante oposición, pero una vez conseguida la plaza operan con interés privado, en régimen de monopolio y sin competencia entre ellos, con sujeción al IVA y mediante arancel, un precio regulado cuyos beneficios revierten en el bolsillo del registrador, no en el erario público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha sentenciado en varias ocasiones que no pueden ser considerados funcionarios públicos.
Los trabajadores contratados por los registradores tampoco son empleados públicos. Por eso la Plataforma de Funcionarios de los Registros Civiles y la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia convocaron el pasado sábado la marea amarilla contra su privatización. Catalá también ha insistido en que la modificación del Registro Civil no supondrá destrucción de empleo público porque los funcionarios serán recolocados de manera paulatina, pero éstos no se fían.
El nuevo registro tampoco será gratuito para los usuarios. Pese a las proclamas del ministro de Justicia, los registradores mercantiles y de la propiedad viven de los aranceles que cobran por sus certificaciones e inscripciones, y también cobrarán por sus nuevas funciones de Registro Civil. De hecho, en muchas oficinas de registradores se calculan ya las futuras tarifas: 250 euros por una boda civil, 100 por un expediente de nacionalidad, 20 por una partida de nacimiento, 40 por un certificado de defunción, 300 por la creación de una comunidad de vecinos, 30 por un cambio de nombre... Además, las reformas presentadas por el PP han aumentado los hechos inscribibles obligatorios, lo que incrementará la recaudación. Sotto voce, algunos registradores calculan que la gestión del Registro Civil puede reportarles unos beneficios anuales cercanos a los 180 millones de euros.
También pagarán los ciudadanos vía impuestos. De momento, los registradores recibirán un Registro Civil en el que Justicia ha invertido en los últimos cuatro años 130 millones de euros en labores de digitalización de los documentos almacenados y de mejora de la aplicación informática Inforeg usada para gestionarlos.
La pasada semana, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles recibió un aporte de cuatro millones de euros para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Según responsables del ministerio, los legajos sufrían un fuerte retraso desde el último proceso de regularización aprobado por el anterior Ejecutivo socialista. Pero los sindicatos denuncian que esa demora ha sido ha sido forzada para justificar ahora un desembolso que en realidad no es más que un “anticipo” por la futura gestión del Registro Civil.
Todo parece apuntar que se trata de un nuevo proceso externalizador implementado para facilitar el lucro de intereses privados, en este caso muy cercanos al Gobierno, a costa del contribuyente. En la mayoría de los países de la UE, donde la función registral es pública y gratuita o está sometida a tasas que revierten a las arcas del Estado, la maniobra hubiese provocado un fuerte escándalo, pero en muchos aspectos España sigue siendo diferente.
Estimado don Luis Fernando: me sumo a la preocupación expuesta en su post. Aunque algunos, en terminología tramposa, se apresuran a decir que no se ha privatizado el Registro Civil sino que se ha «desjudicializado», no cabe duda que la atribución de estas funciones a según qué funcionarios sui generis equivale a lo mismo pues, salvo que el Ministerio de Justicia saque ahora de la manga el dinero que siempre dice que no tiene, es evidente que el coste del servicio acabará repercutiéndose en el sufrido ciudadano vía arancel.
Y que conste que yo siempre he sido partidario de la desjudicialización pues, como todo el mundo sabe, solo razones históricas y de garantía hacían que este servicio siguiera dependiendo de Jueces Encargados, pese a que no es una función jurisdiccional, sino puramente administrativa. Pero claro, mi opción personal era la atribución del Registro Civil a los Ayuntamientos, dando al funcionario de Justicia que quisiera la posibilidad de convertirse en funcionario trasferido. Eso mejoraría la accesibilidad y la proximidad del servicio, que seguiría siendo obviamente gratuito.
En fin, que coincido con su post. Le felicito por la clara exposición y le conmino a que me conteste a la pregunta que le he realizado en otro lugar de su blog acerca de las ventajas de atribuir la función instructora al muy digno Ministerio Público 😉
Bien, el artículo se ciñe a una realidad de medias verdades. Si bien es cierto que el ministro asevera y así lo dice la ley que el servicio será gratuito, es cierto que muchos temen que acaben existiendo contraprestaciones indirectas a la asunción de la función –claro que 4.000.000 de euros de la encomienda de nacionalidades ya publicada, unas 150.000 y no salen sus 100 euros por expediente –por cierto-, es una cantidad ridícula frente a 350 millones anuales que puede representar el actual gasto de personal de las oficinas-. Claro que cuándo ha sido el Registro Civil algo “gratuito”. 3.500 personas se proyecta que serán sustituidas por menos de 1.000, con contratos laborales precarios, y pensamos que el Registro Civil “era” gratuito. 432 Secretarios judiciales dedicados al asunto, jueces, juzgados de paz… ¿Gratuito decía Ud., que era el qué…?. Otra cosa es que para notarios y registradores sea demasiado trabajo a cambio de muy poco dinero, y como los notarios son más listos se han librado del pastel. De los 2.000 millones de euros que genera el “sistema dual de seguridad jurídica” que tenemos, 3/4 son ingresos notariales. Con esas, siguen optando al único ingreso previsto por la ley, la celebración de matrimonios. Sí son muy listos, aunque no tanto como lo quisieron ser los secretarios que en las primeras reuniones con Gallardón le dijeron que estaban dispuestos a ser los nuevos registradores del Registro Civil, a ser posible con vasos comunicantes como se hizo con corredores de comercio y notarios hace unos años… -esto último no lo dijeron pero tenían una carita… que lo decía todo-. Si, el servicio público con necesidad de reforma y modernización, y todos a lo suyo, qué pena. No estaría mal que los 150 registradores que se necesitan para llevar el Registro Civil fueran designados de entre los registradores de la Propiedad y Mercantiles con una remuneración adecuada con cargo a presupuestos convirtiéndose en funcionarios a todos los efectos, y admitiendo que desde Europa, notarios y registradores son objeto de miradas de sorpresa por ser profesiones que, o no son profesiones y deberían ser funcionarios, o debería aperturarse en las mismas de una vez la libre competencia, ya que esa libre elección de notario de la que tanto presumen los notarios sólo se la veo a las entidades financieras, a los particulares, como que cuando llega el momento de estar frente a un banco, suelen encontrarse con el notario ya elegido, y eso lo sabemos todos. Un saludo.