Susana Díaz confía en que sus rivales sean ‘castigados’ el 24M por llevar a Andalucía a un "callejón sin salida"

Daniel Cela *

Susana Díaz en Marchena (Sevilla). Raúl Caro (Efe)
La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, realiza declaraciones a los periodistas durante su visita de ayer a la localidad de Marchena (Sevilla). / Raúl Caro (Efe)

SEVILLA.– La política andaluza está enladrillada y los cinco partidos que entraron en el Parlamento autonómico tras las elecciones del pasado 22 de marzo no logran desenladrillarla. Desde aquellos comicios han transcurrido 56 días y ha habido tres sesiones de investidura fallidas –la última, esta semana en las que la socialista Susana Díaz no ha logrado la confianza mayoritaria del Parlamento para ser nombrada presidenta de la Junta y formar gobierno. Los 47 votos a favor de los diputados del PSOE contra los 62 noes de PP, Podemos, Ciudadanos e IU. El ejecutivo andaluz está en funciones, no puede por tanto aprobar ningún proyecto de ley, y mientras dure esta situación la Cámara legislativa tampoco puede desarrollar su cometido con total plenitud, porque tiene limitada su capacidad de acción a asuntos ordinarios. Andalucía está sometida a un bloqueo institucional provocado por la absoluta falta de entendimiento entre el PSOE, que venció las pasadas elecciones, y el resto de fuerzas de la oposición.

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Desde que comenzaron las negociaciones para intentar consumar su investidura, la principal obsesión de Susana Díaz ha sido una: que el gobierno andaluz estuviera conformado antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Sólo así evitaría que la estrategia de pactos postelectorales de todos los partidos políticos en ayuntamientos y comunidades de toda España condicionara sus decisiones. Pero no lo ha logrado. La tercera votación frustrada del pasado miércoles ha pospuesto el debate de investidura hasta después del 24M (no hay fecha para una cuarta votación), y ha colocado a Díaz en el peor escenario posible para retomar una negociación ya de por sí difícil, viciada por la desconfianza que la socialista provoca en el resto de formaciones.

De momento, la negociación ha quedado en suspenso, y el embrollo de la legislatura se ha convertido en el principal argumento de campaña de las municipales. En cada mitin en el que participa, Díaz interpreta ya el futuro resultado de estos comicios como una segunda vuelta de las autonómicas de marzo, y vaticina que los electores castigarán a sus oponentes en las urnas por haber metido a Andalucía en un “callejón sin salida”.

A partir del 25 de mayo, la búsqueda de un acuerdo para formar ejecutivo trasciende a los partidos andaluces, y Susana Díaz queda a expensas de los intereses nacionales de esas mismas formaciones. La posibilidad de llegar a pactos de gobierno en los grandes ayuntamientos y en el resto de comunidades añade más complejidad a la investidura, de ahí que la presidenta de la Junta en funciones haya avanzado una advertencia a todos los partidos, “a todos”, ha repetido, haciendo notar que el mensaje también va dirigido al PSOE federal: “No voy a permitir que el 24M Andalucía sea moneda de cambio o un cromo que puedan intercambiar unos y otros partidos”. Minutos antes de la votación del miércoles, cuando ya sabía que toda la oposición en bloque volvería a votar en su contra, Díaz reunió a los 47 diputados de su grupo parlamentario y les transmitió un mensaje contundente que hasta entonces había rehuido: “Si al final hay que ir a otras elecciones, se irá a otras elecciones. No somos nosotros quienes tememos otros comicios”.

La fecha tope para aprobar la investidura, según establece el Estatuto de autonomía, es el próximo 5 de julio (dos meses después desde la primera votación). Si para entonces Díaz no ha logrado las 16 abstenciones de sus rivales que necesita para salir elegida, se verá obligada a repetir las elecciones, un extremo que todos los partidos rechazan y que nunca ha ocurrido en la historia de la autonomía andaluza. Por primera vez, la socialista amenaza con repetir los comicios, segura de que el resultado le sería más beneficioso. El adelanto electoral, por ley, tendría que ser en septiembre, porque julio y agosto son meses inhábiles, pero los servicios jurídicos de la Junta estudian qué margen tiene Díaz para elegir el día exacto. Contando desde el 5 de julio, la fecha más temprana posible es el 6 de septiembre. Existe, sin embargo, el condicionante de las elecciones catalanas, que el presidente Artur Mas anunció para el próximo 27 de septiembre, aunque aún no están convocadas oficialmente. Para hacerlas coincidir con esa cita, Díaz tendría que disolver el Parlamento andaluz y convocar los comicios antes del 30 de junio, igual que Artur Mas, respetando así el plazo intermedio que establece la ley entre una cita electoral y la siguiente.

El tercer protagonista en este sudoku es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es quien tiene más margen para decidir si hace coincidir las generales con las catalanas o con las andaluzas, o si espera a que pasen las dos convocatorias y mantiene los comicios en noviembre, como está previsto. De los tres líderes en liza, Susana Díaz es quien menos margen tiene para elegir la fecha de las andaluzas. El PSOE-A esgrime estos días la defensa del autogobierno de Andalucía frente al “tacticismo” de otras formaciones que están pensando en las municipales o las generales. Díaz compara el bloqueo de su investidura con el rechazo de la derecha al Estatuto de autonomía a principios de los ochenta. La socialista adelantó las autonómicas al 22 de marzo por dos razones: primero, quería una convocatoria en solitario, que no coincidiera con el resto de citas electorales del año, para que el debate político se centrara exclusivamente en temas andaluces; y segundo, quería acabar con la incertidumbre que auguraban las encuestas por la irrupción de Podemos y Ciudadanos, quería ganar tiempo, que el nuevo tablero político andaluz se formase cuanto antes y que su gobierno estuviera funcionando a pleno rendimiento mientras el resto del país aún estaría inmerso en cábalas electorales. Ninguno de los dos objetivos se ha cumplido. Si las elecciones andaluzas se repiten en septiembre, es más que probable que coincidan con las catalanas y, en cualquier caso, para cuando arranque la nueva legislatura en Andalucía el gobierno regional habrá estado prácticamente ocho meses en funciones, un escenario inédito en la política nacional.

La oposición ha respondido al órdago de Susana Díaz con cautela, pero sin miedo. Nadie quiere repetir los comicios, pero nadie se siente responsable si al final la socialista da el paso. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, alerta de que el problema trasciende ya al propio PSOE, y acusa a Díaz de haber forzado la máquina por su “egocentrismo y soberbia”, y por su incapacidad para sentarse a negociar personalmente con el resto de líderes andaluces. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, sostiene que si se repiten los comicios, “será un fracaso del PSOE, que es incapaz de gobernar sin mayoría absoluta ni sabe hacer política en un Parlamento plural”. El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, afirma que otras elecciones “no están justificadas ni es lo más deseable”, pero cree que su partido se vería beneficiado. Y el líder de IU, Antonio Maíllo, reprocha a Díaz la “teatralidad” de una negociación que, al final, acabará con un pacto PSOE-PP para facilitar su investidura.

Díaz es la única candidata que ha presentado un programa para formar gobierno, y la oposición se niega a facilitar su investidura mientras no acepte una serie de condiciones: la dimisión inminente de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la ruptura de la Junta con los bancos que desahucian y la eliminación de los cargos de confianza de la Administración. A este escenario se ha sumado el reciente auto judicial que apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta, lo cual ha añadido más complejidad a la negociación. La jueza que investiga el caso considera que el gobierno andaluz, en plena campaña de las autonómicas, demostró “falta de rigor” en la concesión de la explotación de la mina a una multinacional mexicana. La rotura de la balsa de Aznalcóllar, en 1998, supuso uno de los mayores desastres medioambientales del país, con un vertido tóxico que llegó hasta el mismo borde del Parque Nacional de Doñana.

(*) Daniel Cela es periodista.