AI denuncia que la administración ha aplicado «medidas deliberadamente regresivas» en vivienda
Amnistía Internacional denuncia, en un informe presentado hoy bajo el título "Derechos desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España" que distintas administraciones públicas en el Estado español, como el Gobierno central, la Generalitat catalana, la Comunidad de Madrid y ayuntamientos "han adoptado medidas deliberadamente regresivas e injustificadas" en relación con el derecho a la vivienda. Para esta organización, defensora de los Derechos Humanos en todo el mundo, la situación se debe a que "las autoridades han efectuado importantes recortes del gasto público en vivienda, no han agotado las posibilidades de intervención pública en el mercado privado respecto a las viviendas vacías, han reducido el periodo de calificación de vivienda social, han vendido parte de sus viviendas sociales a sociedades de inversión, dando lugar a la reducción de un parque ya limitado, y han adoptado medidas regresivas injustificadas sobre las prestaciones sociales, por lo que las familias que viven en la pobreza o con riesgo de exclusión social tienen más dificultades para acceder a un alojamiento decente en el sector privado".
Dicho documento, centrado principalmente en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, por ser las comunidades autónomas donde más desalojos se desarrollan, considera, tal y como vienen denunciando movimientos sociales como la PAH o Stop Desahucios, así como asambleas populares, que "los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los Derechos Humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica". "Desde que comenzó la crisis en 2008, cientos de miles de personas en España han perdido su casa o corren peligro de perderla en ejecuciones de bienes hipotecarios debido al desempleo y al sobreendeudamiento". Así comienza el informe de Amnistía Internacional, para proseguir advirtiendo que "la pérdida del hogar es una de las peores formas de intromisión en el derecho a una vivienda adecuada y en el derecho a la vida privada y familiar, y los desalojos hipotecarios, cuando se hacen sin respetar las garantías internacionales de Derechos Humanos, pueden dar lugar a violaciones de estos derechos".
Por ello, el informe recomienda que "deben habilitarse mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". "Los jueces deben disponer de los medios jurídicos necesarios para evaluar en cada caso la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo en las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Debe establecerse un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desalojo es realmente el último recurso una vez examinadas todas las alternativas posibles", advierte la organización.
"Ni el Gobierno central ni las Comunidades Autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido del derecho a la vivienda, detallen su contenido básico mínimo, ofrezcan garantías y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales". Y añaden que "el resultado es que las personas en peligro de sufrir un desalojo están en gran medida desprotegidas", detecta el documento, que, por otra parte, reconoce que desde el 2012 se han aprobado medidas como "el Código de Buenas Prácticas para los bancos, el Fondo Social de Viviendas compuesto de casas embargadas por los bancos, la suspensión del desalojo en el caso de familias pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, la reforma de la legislación procesal civil para que los deudores puedan alegar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario o la Ley de Segunda Oportunidad". Sin embargo, para Amnistía Internacional, estas reformas son "insuficientes para que España cumpla sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos", ya que "no garantizan una evaluación independiente de la proporcionalidad del desalojo de la vivienda habitual, no respetan la igualdad entre las partes en el proceso judicial y no han sido aprobadas en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil".
Esta organización considera que la política española de vivienda es "una de las más endebles de Europa", pues "el parque de viviendas sociales en España representa solamente entre el uno y el dos por ciento de todas las viviendas, comparado con el 32% en Países Bajos, el 23% en Austria, el 18% en Reino Unido o el 17% en Francia". Además, advierte de que tanto las autoridades madrileñas como las catalanas, en un contexto de crisis económica en el que eran necesarias iniciativas de fortalecimiento a las personas que podían perder su casa, "han aprobado políticas enfocadas a la austeridad que han supuesto un retroceso deliberado e injustificado en el cumplimiento de su obligación respecto al derecho a la vivienda". "Adoptar medidas regresivas sobre los derechos económicos, sociales y culturales de manera deliberada e injustificada está prohibido por el derecho internacional", recuerda la ONG.
Por todo esto, Amnistía Internacional concluye que "el Gobierno no ha cumplido su obligación de vigilar debidamente el impacto de sus políticas en el disfrute del derecho a la vivienda en España" y denuncia, además, que "no hay estadísticas fiables sobre la dimensión del problema de los desalojos de viviendas habituales". Además, asegura que "miles de familias carecen de seguridad de tenencia y viven en viviendas inseguras después de ser desalojadas" y recuerda que "el derecho internacional establece que los gobiernos locales, autonómicos y centrales deben emplear todos los recursos disponibles para hacer efectivo el derecho a la vivienda". "En un momento de crisis económica en que era más necesario que nunca adoptar políticas públicas destinadas a proteger y realizar el derecho a la vivienda, la pasividad y las medidas regresivas han dejado desprotegidas a cientos de miles de personas y, por tanto, han supuesto un quebrantamiento de las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos", critica el estudio. Frente a esta situación, la organización recomienda "mejorar la garantía de protecciones sobre el derecho a la vivienda", para lo cual anima a la abstención en llevar a cabo desalojos hipotecarios mientras no se implementen las garantías en los Derechos Humanos y se garantice un marco jurídico que asegure la proporcionalidad de estos desalojos. También solicita que se garantice el acceso a la vivienda y la transparencia y acceso a la información, así como algunas medidas concretas a cada una de las administraciones implicadas en los desalojos.
