Electoralismo o coincidencia

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Íñigo del Corral *

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Los candidatos de Junts pel Sí Raul Romeva, a la izquierda y Oriol Junqueras escuchan al president de la Generalitat y candidato numero 4 de Junts pel Sí, Artur Mas, durante el acto de presentación del programa electoral de la coalición. / Quique García (Efe)

El final del verano trae sustos a los que han hecho excesos gastronómicos y no han vigilado su dieta. A las formaciones independentistas catalanas, por motivos distintos, se les ha atragantado la vuelta de las  vacaciones. Vamos, que no les llega la camisa al cuello gracias a otra vuelta de tuerca legal que se ha sacado de la manga en Partido Popular para echar abajo un plan soberanista cuya existencia se conocía desde hace muchos meses pero contra el que se quiere tomar medidas a cuatro semanas vista de los comicios, que no referéndum, que se va a celebrar en Cataluña en menos de un mes. Dudo que algún miembro de la RAE pusiera reparos a enmarcar esta tipo de conducta en definiciones de palabras como oportunismo o electoralismo.

El asunto catalán no deja de tener extrañas coincidencias legales y políticas en la medida se acerca la fecha del 27-S. Los jueces empiezan a investigar las cuentas de CDC una década después de que Maragall denunciara en el Parlament la práctica del cobro de comisiones del ya famoso tres por ciento. El PP tramita una proposición de ley de manera urgente que evita los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y en lectura única para evitar dilaciones.

Al coro se han sumado en plan solistas los principales líderes europeos (Merkel o Cameron) que lanzan frases apocalípticas contra cualquier posibilidad de que Cataluña acceda a la independencia. Pero esos mismos líderes son los que han dejado hasta ahora en manos del azar a los refugiados sirios que huyen de la guerra y que sólo al ver en una fotografía el cadáver de un niño de tres años en una playa turca son capaces de arrimar el hombro. Es como si el horror no existiera mientras se tienen los ojos tapados. Como si no hubiera muertos hasta que se conocen sus nombres y apellidos. Como si un éxodo masivo se convirtiera solo en tragedia porque aparece ahogado un niño incapaz de entender lo que ocurre en el mundo.

Seguro que el lector sabrá comprender que me haya salido un poco del guión pero es que si no me sentiría un poco cómplice de aquellos que evitaron publicitar esa fotografía para priorizar los casos de corrupción. Y volviendo al tema catalán, cabe pensar que al PP poco le importa no haber recabado ningún apoyo a su propuesta. Es más, la van a sacar adelante esta legislatura como exhibición de músculo aunque, eso sí, puede que sea ésta la última vez que puedan aplicar el rodillo porque las encuestas echan por tierra cualquier posibilidad de mayoría absoluta.

No es la primera vez que el partido de Mariano Rajoy saca de manera sorprendente un conejo de la chistera cuando se trata de salvaguardar la unidad de España. Esta vez tienen la excusa, según Rafael Hernando, de que algunos magistrados del Tribunal Constitucional se han quejado en privado de que sus sentencias no se cumplen (se supone que en Cataluña). No consta, sin embargo, que de forma pública (oral o escrita) y a lo largo de sus más de treinta años de historia ningún miembro del órgano que ahora preside Francisco Pérez de los Cobos se haya expresado en parecidos términos.

En cambio sí existe una resolución (STC 235/1999) donde en su fundamento jurídico número 13 el Tribunal Constitucional constata el incumplimiento por el Estado de una sentencia suya anterior. “Todo ello (fijar las competencias en materia de seguros, crédito y banca) ya fue expuesto en la sentencia 96/1996 que advirtió inequívocamente de la necesidad constitucional de que el legislador modificara el art. 42 de la LDIEC”. Claro que esa queja debió pasar inadvertida para el Gobierno del PP, y eso que no era privada. Ahora, la queja que dirigen algunos magistrados también en privado para evitar posibles recusaciones, es que se les ha puesto en el ojo del huracán con la asunción de unas competencias que nunca han pedido.

De izquierda a derecha: Artur Mas, Oriol Junqueras y Raul Romeva, durante el acto "El mundo municipal para un nuevo país solidario" . / Quique García (Efe)
De izquierda a derecha: Artur Mas, Oriol Junqueras y Raul Romeva, durante el acto "El mundo municipal para un nuevo país solidario" . / Quique García (Efe)

La prueba del algodón es que este mismo mes sigue su tramitación en el Senado la enésima reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para, entre otras cosas, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad limitándolo a la reforma de los estatutos de autonomía. Como suele ser habitual en cualquier reforma se pide opinión a la parte afectada que, desde luego, no es vinculante. Con una ocasión tan pintiparada como es el proceso de reforma de una ley –en este caso la LOTC- para buscar consensos nadie puso sobre la mesa queja alguna sobre el incumplimiento de las sentencias del TC porque lisa y llanamente no las había. Bueno, sí las había por parte de los gobiernos catalán y vasco pero no se incluyeron en el debate político.

Un ejemplo. La sentencia 96/1996 previa a la modificación del art. 42 de la ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de entidades de crédito fijaba las competencias en materia de seguros, crédito y banca. El gobierno vasco dice que nunca se ha cumplido a pesar de que históricamente se ha solicitado dicha transferencia para dar cumplimiento a la sentencia.

Ahí va otro ejemplo. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 95/2002 sobre el reparto competencial en materia de Formación Continua deja claro que esta materia es competencia autonómica. No fue hasta varios años después cuando el Gobierno central, a través de la nueva Ley de Formación Profesional, acató el fallo a su manera.

La lógica lleva a pensar que el Derecho debería operar como mecanismo facilitador en la resolución de conflictos y no como elemento generador de los mismos. Sin embargo, el modus operandi del PP para hacer frente a cualquier intento secesionista vía reformas legales de urgencia no es nuevo. Tiene precedentes en el enterrado “plan Ibarretxe”. Por sorpresa y con nocturnidad, los populares introdujeron una enmienda al proyecto de Ley de Arbitraje que modificaba el Código Penal previendo penas de cárcel hasta cinco años de cárcel a quien convocara un referéndum de forma ilegal. Ahí es nada. Y lo hicieron sin el apoyo del PSOE. Total, que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Rodríguez Zapatero fue derogar aquella ley. Más tarde Ibarretxe fue al Congreso, su plan fue rechazado y desapareció del mapa político.

Malo será que el Tribunal Constitucional tenga que ser una vez más el árbitro del debate jurídico-político entre Cataluña y el Estado porque el diálogo ha fracasado y peor que, al mismo tiempo, sea el órgano encargado de mirar con lupa si sus resoluciones se cumplen. Volverán los tiempos de las recusaciones, de las injerencias externas, de las descalificaciones hacia sus integrantes o de los intentos de  escarbar en la vida privada de los magistrados para tratar de apartarle del debate jurídico con asuntos extrajudiciales.

Volverán los tiempos en que la más perjudicada será la imagen de una institución que aparecerá dividida por bloques de conservadores y progresistas. Su presidente tendrá que hacer malabares para conseguir la unanimidad en un asunto de tanta trascendencia y sus decisiones serán alabadas por unos y criticadas con dureza por otros. O sea, volverán los tiempos donde cualquier decisión será entendida como un deseo de contentar a uno u a otro. Si nadie lo remedia se volverá a salir a la calle para criticar al órgano encargado, entre otras cosas, de velar por el encaje constitucional de las leyes. Y si nadie lo remedia volverá a salir el político oportunista pidiendo su desaparición. En realidad, ya ha habido uno que lo ha pedido. ¡Qué pena!

(*) Íñigo del Corral es periodista.

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