Las diez renuncias y ambigüedades fiscales y laborales del PSOE ante el 20D

No le llaman programa, sino “agenda para una recuperación justa”. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sanchez, asegura que no subirá los impuestos directos a la “clase media trabajadora”, es decir, a la inmensa mayoría, y que cargará la mano, sin mayor concreción, con una legislación básica sobre las grandes fortunas, el patrimonio y las Sicav. Las medidas contienen renuncias muy significativas. En materia laboral ya anunciaron el miércoles que no tocarán la rebaja de la indemnización por despido, y en materia fiscal brilla la falta de concreción y ambición en la lucha contra el fraude y no aparece el compromiso de reducir el IVA cultural. He aquí las renuncias y ambigüedades más significativas del programa reformista del PSOE para las elecciones del 20D.

1. La modificación de la reforma laboral que anuncian, mantiene los 20 días de indemnización por año trabajado en los casos de despido, lo que significa la renuncia a recuperar los derechos económicos básicos de la reforma del anterior Ejecutivo socialista, que redujo la compensación de 45 a un máximo de 30 días por año trabajado.
2. En materia fiscal, el objetivo es recaudar 25.000 millones de euros más hasta 2019, lo que en la práctica significa una recaudación de 6.250 millones de euros más cada año sobre los ingresos de 2015. El objetivo contrasta, por su escasa ambición, con los más de 10.000 millones de euros anuales que recauda la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude.
3. La lucha contra el fraude fiscal y la cifra de recaudación suplementaria requerirá, según la agenda reformista del PSOE, la ampliación de plantilla de la Agencia Tributaria en unos 5.000 empleados públicos más, cuya incorporación y coste no se concreta. Los socialistas adquieren el “firme compromiso” de no aprobar una nueva amnistía fiscal y de reformar la ley tributaria para hacer públicas las listas de defraudadores.
4. El PSOE renuncia a gravar los beneficios empresariales con unos tipos iguales a las rentas del trabajo, si bien anuncia que revisará “las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades” que tendrá “una tributación mínima del 15%” sobre el resultado contable de las grandes empresas. Asimismo "aboga" por crear un tipo del 35% sobre los beneficios de las empresas que mediante la ingeniería fiscal esquiven el control tributario.
5. La agenda reformista del PSOE no toca el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que significa, en principio el mantenimiento del impuesto del 21% sobre las entradas del cine, el teatro y otros espectáculos.
6. Tampoco toca el tipo impositivo máximo del 3% de los beneficios de las sociedades de inversión colectiva, Sicav, si bien anuncia la fijación de la participación máxima de cada inversor y dice que “se estudiará” el periodo máximo de las plusvalías acumuladas sin tributación, así como las herramientas legales para que la Agencia Tributaria pueda supervisar e inspeccionar estas sociedades. También anuncia el endurecimiento de la exención tributaria de los beneficios y dividendos de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), "que se han convertido en una fuente de elusión fiscal importante".
7. Pese a que el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales se puede aplicar inmediatamente, como ya han acordado once países de la UE, España entre ellos, y han desarrollado en su legislación interna Francia e Italia, el programa socialista se limita a anunciar que “se impulsará la puesta en marcha” de este impuesto.
8. Anuncian sin concreción la “fiscalidad verde” y la reforma del impuesto sobre las emisiones de CO2.
9. El programa tampoco concreta la tributación de la riqueza (grandes fortunas y patrimonio), si bien anuncia una “legislación básica estatal” con “un mínimo común en todo el territorio nacional del impuesto de Sucesiones y del Patrimonio para evitar en la práctica su vaciamiento”.
10. La agenda fiscal se enmarca en una propuesta económica más amplia, cuya elaboración ha sido coordinada por el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y anuncia finalmente la “retirada de la ficha bancaria” o prohibición de operar de aquellas entidades financieras que no colaboren en la lucha contra el fraude y se nieguen a notificar las cuentas en paraísos fiscales, una previsión que ya existe en la legislación vigente, aunque nunca se ha aplicado por ese supuesto.