Cae el 'número 3' de la vicepresidenta del Gobierno por la corrupción en Acuamed

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El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, que ha presentado su dimisión esta mañana tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed, en una imagen de archivo tomada en Bruselas. / Marina Valero (Efe)
El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, que ha presentado su dimisión esta mañana tras haberse visto relacionado con el 'caso Acuamed', en una imagen de archivo tomada en Bruselas. / Marina Valero (Efe)

El número tres de la vicepresidenta del Gobierno, Federico Ramos de Armas, se ha visto obligado a presentar la dimisión por su relación con la presunta corrupción en la sociedad estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y de la que fue presidente hasta junio pasado como secretario de Estado de Medio Ambiente. La propia vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la dimisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Horas antes, el Grupo Socialista había pedido su cese y solicitado un informe sobre las irregularidades en Acuamed. cuartopoder.es informó el martes sobre la responsabilidad política del alto cargo de La Moncloa por el nombramiento y el aval de la gestión del director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, detenido el lunes y encarcelado el miércoles junto a otros tres directivos y un empresario por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como autores de media decena de delitos de corrupción.

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Ramos de Armas, que todavía no ha sido imputado judicialmente en la trama de corrupción en la la empresa estatal, accedió al puesto de subsecretario de Presidencia en junio de 2015 por decisión de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Tras jurar el cargo dijo: "Me aplicaré a trabajar y seguir reformando de una forma realista y sensata para mejorar la vida de los ciudadanos. Eso es a lo que nos dedicamos los que estamos aquí, aunque a veces no se nos entienda". Ayer añadió que cesaba por voluntad propia y aseguró en una nota que era ajeno a la gestión de Mateo del Puerto, quien ya ostentaba el cargo de director general de Acuamed cuando él accedió a la presidencia de la sociedad. Sin embargo, el ahora cesado ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desde diciembre de 2011 a propuesta del recién nombrado ministro Miguel Arias Cañete y según fuentes gubernamentales propuso y avaló el nombramiento de Mateo del Puerto, compañero de promoción en una Escuela de Negocios.

Según fuentes de la investigación, el ahora cesado incurrió en al menos dos responsabilidades como secretario de Estado y presidente de Acuamed: la primera fue desestimar las denuncias sobre las irregularidades y graves perjuicios a los intereses públicos en las que estaba incurriendo el director de Acuamed, formuladas a comienzos de 2014 por el entonces responsable de Ingeniería y Construcción de la empresa, Francisco Valiente, quien fue cesado y despedido de la empresa por desvelar internamente los presuntos fraudes. Y la segunda, por ratificar un desvío de fondos indebido a favor de la constructora Fomento de Obras y Construcciones (FCC), inicialmente estimado en 40 millones de euros.

Gran parte de ese dinero procedía de los fondos comunitarios FEDER y estaba destinado a la limpieza del embalse de Flix, en Tarragona, pero fue asignado a FCC para que se hiciera cargo de la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, que sigue sin funcionar desde las inundaciones de otoño de 2012. Fuentes de la investigación señalan que "ha desaparecido" el acta de aquel acuerdo en el que, además de zanjar las responsabilidades pecuniarias de FCC y el incumplimiento de la cláusula del seguro de la desaladora, se habría producido una sobrevaloración de la obra de 2 a 10 millones de euros.

El alto cargo de Moncloa también presidió los consejos de administración de Acuamed en los que se dio el visto bueno a otros expedientes de adjudicaciones que están siendo objeto de investigación judicial por presuntos sobornos y regalos a los directivos de Acuamed ahora encarcelados. Además de cuatro directivos de Acuamed y un empresario corruptor, siete ejecutivos de las constructoras FCC, Acciona, Altec y la empresas de tubos Boru Spin y Pipeline han podido eludir la prisión con el pago de fianzas de hasta 50.000 euros.

El auto de prisión dictado por el magistrado Velasco indica en tres ocasiones que algunas decisiones, como la compensación millonaria a FCC para la desaladora del Almanzora, venían impuestas por "la superioridad", en referencia a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura, del que Ramos de Armas era secretario de Estado y número dos de los ministros: Arias Cañete e Isabel García Tejerina.

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