Los nombramientos de jueces del CGPJ, a examen

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Íñigo Corral *

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, en una foto de archivo. / Efe

Nueve de cada diez jueces opinan que los medios de comunicación no reflejan con objetividad las informaciones y quehaceres judiciales, según se deprende de la 'Radiografía de la Justicia en España: diversas asignaturas pendientes' que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el marco de un convenio suscrito con Transparencia Internacional. Pese a ello, casi la mitad de los 1285 magistrados  en activo que han contestado a la encuesta entienden que es “necesario” para su profesión el seguimiento de los medios de comunicación porque, además, se da la circunstancia, de que el 51 por ciento de la carrera judicial se encuentra muy o bastante preocupado por el posible impacto mediático de un asunto de su competencia. Pero si, en opinión de los jueces, los periodistas suspenden en una cuestión tan importante para su profesión como es la objetividad, tampoco corre mejor suerte su órgano de gobierno que preside Carlos Lesmes. Como en cualquier otra profesión, más de las tres cuartas partes se queja de su sueldo, de la excesiva carga de trabajo o de los problemas para conciliar. Llama, sin embargo, poderosamente la atención que siete de cada diez magistrados cuestione el sistema de nombramientos que realiza el CGPJ porque los criterios de capacidad y mérito se dejan de lado para tener en cuenta otros que la encuesta no cita pero que casi siempre atienden a afinidades ideológicas o de amistad. Este informe sale justo a la luz una semana antes de que el órgano de gobierno de los jueces tenga que hacer importantes nombramientos.

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Las quejas sobre el sistema de nombramientos no se van a quedar en el frío análisis de una encuesta. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) acaba de dirigirse a la ONU a través de una carta firmada por el magistrado en activo Jesús Villegas en la que advierte sobre la “necesidad” de una reforma “urgente” en los procedimientos de nombramientos “ante la ausencia de suficientes garantías jurídicas en los procesos de selección”. La misiva recuerda que un informe del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que data de 2001, recomienda a las autoridades encargadas de decidir o informar sobre nombramientos y ascensos  que “deberían introducir, publicar y atenerse a criterios objetivos, a fin de asegurar que la selección y la carrera judicial estén basadas en el mérito, tomando en consideración la formación, integridad, capacidad y eficacia”.

Alude también el escrito a un informe elaborado hace dos años y medio por el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en el que se denunciaba la politización en la cúspide de los órganos judiciales al punto de que cualquiera podía saber de antemano quién iba a ser la persona elegida para desempeñar un cargo de responsabilidad conociendo sus afinidades ideológicas. Este tipo de avatares hace que la PCIJ enfatice en la existencia de cierta “desmoralización” en ciertos sectores de la judicatura y sobre el riesgo de que este tipo de circunstancias afecten a la independencia e imparcialidad de los magistrados puesto que “existe la sospecha de que el poder político ejerce la debida influencia en la cobertura de los puestos claves de la jurisdicción y gobierno judicial”.

Bajo este clima de constantes críticas y sospechas, el Consejo General del Poder Judicial tiene señalada para este jueves la celebración de un pleno donde se tienen que ventilar asuntos muy importantes y que suelen pasar desapercibidos para la opinión pública. Por ejemplo, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Joaquín Giménez se jubila y hay que buscarle sustituto. Dicho así, la cosa no parece tener la mayor trascendencia. En realidad la Sala Segunda es en la que recaen los casos en los que se ven envueltos los aforados, o sea, diputados y senadores entre otros. Allí  se tendrán que ventilar asuntos que afectan a la corrupción política (caso Gurtel, caso ERE o caso Púnica) u otros muchos que ya han salido o que pueden salir en el futuro. Si eso se añade que Giménez está catalogado dentro del bloque progresista y que entre sus posibles sustitutos se encuentra Enrique López  ya la cosa cambia porque a la trascendencia política se une en este caso la trascendencia mediática. A la plaza que queda vacante aspiran otros cuatro magistrados: Pablo Llarena. Leopoldo Puente Segura, José Jaime Tapia Parreño y Eloy Velasco. En cualquier caso la Sala Segunda seguirá teniendo mayoría conservadora

El que cuenta a priori con más posibilidades es Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y que acaba de ser relevado de la presidencia de la mayoritaria y de carácter conservador, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) por Manuel Almenar, un ex vocal del CGP, tras un duro y tenso enfrentamiento. Esta convocatoria estaba abierta a los candidatos que hubieran ascendido mediante una convocatoria a la categoría de magistrados especialistas en materia penal; una oposición que no ha sido convocada de esta hace varios años por lo que la plaza parecía destinada a un grupo reducido de magistrados. Lo que ocurre es que se presentaron un numeroso grupo como única vía para poder impugnar posteriormente dicha convocatoria.

También va a haber cambios en la Sala Tercera, la encargada entre otras cosas de revisar las actuaciones del Gobierno o del propio CGPJ. Desde el pasado 22 de julio esta Sala está presidida por Luis Díez-Picazo en sustitución de José Manuel Sieira. Aquel relevo levantó ampollas dado que por primera vez que un presidente de Sala del Tribunal Supremo no renovaba en su cargo que fue a parar a manos de alguien de la máxima confianza de Lesmes. Tal vez como venganza a aquella afrenta, Sieira decidió admitir a trámite, en su calidad de presidente de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, un recurso interpuesto por cuatro vocales de CGPJ que denunciaron que no se respetaron sus derechos cuando se procedió a renovar la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces.

A la plaza que queda vacante, que corresponde al turno de especialistas, optan cuatro magistrados: Rafael Toledano (presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía), Santiago de Andrés (magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid) así como los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Juan Pedro Quintana y Fernando Román. Nadie duda de los méritos y la capacidad de Román para ser elegido pero hay una cosa que juega a su favor y que los otros candidatos no tienen: su reconocida amistad con Lesmes. Ocurre también que este magistrado fue secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón y existe la duda jurídica de si el tiempo que estuvo en el Gobierno, bien en situación de servicios especiales, bien en régimen de comisión de servicios, computa como servicios efectivos en el orden contencioso-administrativo. Como cuestión no jurídica pero sí estética hay quien pone en duda la idoneidad de su candidatura porque su salida del Gobierno se produjo hace menos de año y medio. En cualquier caso el CGPJ está obligado a motivar sus decisiones que, a buen seguro, serán recurridas precisamente ante la Sala Tercera.

El pleno del jueves tiene que resolver si se renueva en el cargo a los presidentes de los TSJ de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Valencia y Cataluña. Lo habitual en estos casos es que a los cinco años se renueve a los presidentes por un periodo de tiempo similar. Incluso hay magistrados que han llegado a estar quince años en la presidencia. Antes, sin embargo, se examina los curriculums vitae de todos los candidatos y los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ les hacen una entrevista antes de tomar una decisión. Sólo hay una renovación segura: la del presidente del TSJ de Andalucía porque Lorenzo Jesús del Río es el único aspirante. En Castilla-La Mancha y Castilla y León todo está bien encaminado para que Vicente Manuel Rouco y José Luis Concepción, respectivamente, prolonguen otros cinco años su mandato. Ambos tienen otros pretendientes para el cargo (cuatro en el caso de Rouco y tres en el de Concepción) pero su continuidad se da casi por segura.

Más complicado lo tiene Miguel Ángel Gimeno en Cataluña y Pilar de la Oliva en Valencia. Gimeno es uno de los pocos presidentes progresistas que aún quedan pero se le echa en cara que no haya sido beligerante con el nacionalismo. En concreto, se le acusa haber retrasado la citación como imputado de Artur Mas como consecuencia de querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado a raíz de la consulta independista celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. Lo cierto es que la querella contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega  y la consellera de Educación Irene Rigau,  fue admitida a trámite en diciembre de 2014 y la citación como imputado de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones no se dictó hasta el 29 de septiembre del año pasado, esto es, una vez transcurridas las elecciones autonómicas en Cataluña. La excusa por la tardanza (nueve meses) en la comparecencia del entonces president en funciones ante el juez fue la de no interferir en la campaña electoral. Esa demora, unido al hecho de que tampoco despierta demasiadas simpatías en el sector progresista, es lo que le puede llevar a perder la presidencia.

A Pilar de la Oliva le ocurre justamente todo lo contrario, es decir, se le achaca no haber puesto trabas a las  incontables investigaciones de casos de corrupción que se ha dado en la Comunidad Valenciana, todos ellos vinculados al PP. Esa neutralidad y haber sido equidistante con las distintas fuerzas políticas también le pueden pasar factura. Su principal oponente es Vicente Magro, un magistrado de carácter conservador. Pero en el caso de la continuidad de la actual presidenta del TSJ de Valencia no está todo decidido. El bloque progresista le apoya y los vocales conservadores Vicente Guilarte y Fernando Grande-Marlaska tampoco se oponen frontalmente a su renovación. Ya para rizar el rizo hay quien hace quinielas a medio plazo. Y es que para dentro de menos de dos años está prevista la jubilación en el Tribunal Supremo de José Ramón Soriano. Sería entonces la ocasión para que le sustituyera Vicente Magro, si es que llega a ocupar la presidencia del TSJV, y que su cargo pasara a manos del también conservador Fernando de Rosa, ex vicepresidente del CGPJ y actual presidente de la Audiencia de Valencia.

(*) Íñigo Corral es periodista.

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