Los ‘ayuntamientos del cambio’ se coordinan para luchar por el cierre de los CIES

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Colau, Santiesteve, Ferreiro, Pisarello, Noriega, 'Kichi', Asirón y Carmena en un acto conjunto celebrado en Barcelona en septiembre del 2015. / Efe

El día 5 de octubre, 67 personas se fugaron del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera, en Murcia. Finalmente, 37 de ellos volvieron a ser detenidos. Otras 50 personas participaron un motín en el CIE de Aluche, en Madrid, el pasado día 18. El motín duró hasta el día siguiente, cuando permanecían protestando 30 internos. El día 21, en el mismo centro, un grupo de internos comenzó una huelga de hambre que fue abandonada dos días después tras la promesa de que se les permitiría hablar con un juez. También el día 23, era el turno de Barcelona: 37 personas internas en el CIE de Zona Franca iniciaron una huelga de hambre que duró 24 horas. Ayer mismo 70 internos volvieron a amotinarse en Zona Franca tras el intento de huida de 40 de ellos. Manifestaciones y concentraciones en MadridBarcelona y otras ciudades han sacado a la luz la repulsa social por las penosas condiciones en las que se encuentran los extranjeros privados de libertad en estos centros. Los sindicatos policiales han denunciado en distintas ocasiones la falta de medios humanos y las deficientes condiciones de seguridad de estas instalaciones. Organizaciones sociales como SOS Racismo o la plataforma catalana Tanquem Els CIES reclaman desde hace años el cierre de estas instituciones. Argumentan que los internos viven en condiciones lejanas al respeto de los derechos humanos y que se ven privados de libertad por faltas administrativas, que en ningún caso son delitos penales. Es decir, encerrados por su situación irregular en el Estado español.

El concejal delegado de Seguridad, Salud y Emergencias de Madrid, Javier Barbero, lo describe así a cuartopoder.es: "Esas personas están privadas de libertad por lo que son y no por lo que han hecho". El pasado miércoles las cuentas oficiales de Ahora Madrid, Barcelona En Comú y otras candidaturas municipalistas, así como las de alcaldes, concejales, diputados y organizaciones sociales se movilizaron contra estos centros: "No queremos CIES". Es la respuesta orquestada desde los "ayuntamientos del cambio", los gobiernos de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza y Cádiz, entre otras, para hacer frente a la cerrazón del Gobierno y del Ministerio del Interior por continuar encerrando a inmigrantes en estos centros y por seguir con estas políticas migratorias.

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El próximo día 3 de noviembre, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, visitará el centro de Aluche acompañada de integrantes de su equipo de gobierno. El pasado viernes, el Pleno del Consistorio madrileño, con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, exigió formalmente el cierre del CIE de la capital. El Parlament catalán, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona también se han mostrado en contra de estas "cárceles para inmigrantes" y exigen el cierre del de Zona Franca. El gobierno autonómico y el ayuntamiento valenciano también han hecho lo propio. Muchas instituciones van dando pasos para terminar con la privación de libertad de los inmigrantes por su situación administrativa irregular.

"En Galicia no tenemos físicamente un CIE, pero el motivo de que en noviembre consiguiéramos en el pleno de A Coruña, con los votos a favor de Marea Atlántica y del BNG, una resolución que pide el cierre de Aluche es porque este centro afecta a personas que viven en nuestra ciudad", relata a este medio Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad de esta capital gallega. "Conocemos casos de redadas llevadas a cabo en A Coruña para después trasladar a esas personas a Aluche o a los vuelos de la vergüenza que usan para las deportaciones", prosigue. "Por eso, en nuestra moción también incluimos la condena a estos vuelos", añade la edil del equipo de Xulio Ferreiro. Para Fraga, es necesario que los llamados "ayuntamientos del cambio" trabajen en red en estos temas. "Nuestra intención es trabajar en red para incidir en políticas que repercuten en ciudadanos de nuestras ciudades, porque aunque tengan situación irregular, les consideramos ciudadanos y queremos defenderlos", explica. "Tenemos que contrarrestar las políticas del Gobierno central y en nuestro caso también del gallego y visibilizar realidades que están muy ocultas por intereses también ocultos", añade Fraga.

La situación de Barcelona es paradigmática. Hay un choque por el CIE de Zona Franca entre la administración local, dirigida por Ada Colau y la estatal, a cargo del Ministerio del Interior de Jorge Fernández-Díaz, que puede terminar pronto en los juzgados. Este centro se cerró a principios del 2016 por unas obras que el juez acordó que se debían realizar, ya que determinados aspectos de la infraestrucutra del CIE afectaban a los derechos de los internos. La remodelación duró ocho meses, pero a raíz de una inspección de los técnicos municipales se averiguó que el CIE estaba funcionando sin la correspondiente licencia, pues era una licencia para una Comisaría de la Policía Nacional y no para un centro de este tipo, la que estaba en vigor. "Desde el Ministerio del Interior nos dijeron que no necesitaban una licencia del Ayuntamiento, pero nuestros servicios jurídicos aseguran que sí", explica Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona y responsable de las áreas de Derechos de Ciudadanía y Diversidad, Transparencia, Participación y Deportes. "Como se negaron a pedir la licencia desde el Ministerio, activamos el procedimiento ordinario lanzando una orden de que no continuaran las actividades, pero hicieron caso omiso y el CIE comenzó a funcionar tras las finalización de las obras", prosigue. "Ahora estamos en una segunda fase, se ha incumplido la orden que se les dio y vamos a comunicar la semana que viene qué día y qué hora se debe precintar el CIE", asegura Asens. "En caso de que el Ministerio no lo haga, le hemos avisado de que pondremos en conocimiento de un juez el caso; si no se nos permite hacer el precinto, pediremos auxilio judicial", advierte. "Estamos hablando de personas sin papeles, pero es que el CIE de Barcelona también está sin papeles", ironiza el teniente de alcalde.

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Imagen del CIE de Zona Franca, en Barcelona. / Efe

Para Asens es una prioridad cerrar el CIE de Zona Franca: "Han muerto tres personas en este centro en los últimos dos años, dos de ellas se han suicidado", recuerda el responsable de Derechos de la Ciudadanía y Diversidad del equipo de Colau. "Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para acabar con esta situación, porque si no lo hacemos estaremos ante una situación homicida", añade y para ello considera que el trabajo conjunto entre todos estos ayuntamientos puede ser una forma de contrarrestar la negativa al cierre de los CIES que hasta ahora ha demostrado el Gobierno del Partido Popular. "Es muy probable que esta posición del Ministerio del Interior sea porque les supondría una derrota política contra el Ayuntamiento de Barcelona, lo que podría afectar a los otros CIES del Estado", explica Asens. "Nosotros queremos que se cierren los CIES, creemos que no deberían existir, por eso intentaremos coordinarnos con el resto de ciudades para hacer una estrategia conjunta y coordinar acciones; que las dos ciudades más importantes del Estado estén alineadas en la misma dirección es una buena noticia", insiste.

El plan del Ayuntamiento de Madrid, según relata Javier Barbero, pasa por diseñar una estrategia para las personas que se ven afectadas y encerradas en estos centros, no sólo durante su internamiento, sino también antes y después. "Tenemos que hacer algo antes de que entren. Queremos crear un dispositivo en los juzgados que ayude a los jueces en el proceso de documentación de los inmigrantes e intentar asegurar a estas personas un soporte social, un lugar de alojamiento, poner en marcha su tramitación de los papeles...", comenta Barbero, quien pretende que "también cuando salen del CIE tenemos que conseguir que tengan apoyos sociales". El edil madrileño recuerda que no todas las personas que son internadas en el CIE de Aluche son deportadas. "El 82 por ciento de los subsaharianos a los que acompañó la organización Karibu en 2015 fueron puestos en libertad sin deportación", explica Barbero, "esto conlleva para estas personas una condena de dos meses en privación de libertad, con todo el sufrimiento derivado de esto y la privación de sus derechos básicos".

Con el fin de mejorar en esta estrategia, el equipo liderado por Carmena está trabajando conjuntamente con el Defensor del Pueblo, el Colegio de Abogados, colectivos sociales involucrados en este tema, distintas áreas del Ayuntamiento y sus servicios jurídicos. Las conclusiones de este grupo de trabajo se transmitirán dentro de un mes, aproximadamente. Barbero, además, recuerda que no todo lo que tiene relación con los CIES depende únicamente del Ministerio del Interior, también hay cuestiones que competen a otras administraciones y, en el caso de Aluche, al Ayuntamiento de Madrid. "Nosotros tenemos también competencias en derechos humanos, como las tienen todas las administraciones públicas, pero también en temas de emergencias y el SAMUR ha entrado más de 20 veces en los últimos dos años al CIE de Aluche", explica. "Un Ayuntamiento tiene que preocuparse por su gente", sentencia.

La lucha contra los CIE, también en el Congreso de los Diputados

No sólo desde los "ayuntamientos del cambio" se están llevando a cabo medidas de presión e iniciativas para terminar con los CIES y mejorar las condiciones de vida de los internos en estos centros. También en el Congreso de los Diputados se han registrado iniciativas parlamentarias en este sentido. Unidos Podemos, Compromís y otros grupos parlamentarios han mostrado públicamente y en su actividad parlamentaria su rechazo a los CIES y han desarrollado propuestas en este sentido. El pasado 26 de octubre, los diputados de ambos grupos, Unidos Podemos y Compromís, registraban la petición de creación de una comisión de investigación sobre la situación de los CIES. Además, también registraban una Proposición No de Ley para debatir en la Comisión de Interior pidiendo el cierre de estos centros y han realizado diferentes preguntas al Gobierno sobre los últimos acontecimientos en los CIES de Aluche y Zona Franca. Una delegación de diputados, promovida por Rafael Mayoral, de Podemos, visitará el CIE de Aluche el próximo miércoles, 2 de noviembre.

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