Iniciativa del PNV para desvelar el espionaje político o la guerra contra ETA

La información secreta de la dictadura y la transición será accesible a los investigadores y estudiosos de la historia reciente si el Congreso aprueba el próximo martes la proposición de ley del PNV que, una vez tramitada, obligará al Gobierno a desclasificar las materias secretas hasta hace 25 años. Los archivos de la lucha contra ETA, la involución golpista, el espionaje a los partidos políticos y las claves de muchas decisiones militares, económicas y financieras podrán, por fin, ser accesibles. También, materias tan graves como la orden de persecución y exterminio de miles de republicanos, transmitida por Franco a Hitler a través de su cuñado Ramón Serrano Suñer y a los que el régimen anterior desposeyó de la nacionalidad española.

La proposición de ley que ha planteado el portavoz nacionalista vasco Aitor Esteban supone una reforma casi definitiva de la ley franquista de secretos oficiales de 1968, todavía en vigor. Aquella norma fue reformada en octubre de 1978, pocos días antes de que se aprobara la Constitución, para que el Parlamento pudiera tener acceso a materias clasificadas. Posteriormente, mediante resoluciones del Congreso, se arbitraron en los años noventa mecanismos para que los ministros informaran a los portavoces del uso de los fondos reservados y de las operaciones de los servicios secretos del Estado contra el terrorismo autóctono e internacional.

Sin embargo, la desclasificación de los documentos, órdenes y mensajes oficiales secretos sigue pendiente de regulación, de modo que los archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sus antecesores, el SECED y el CSID, así como de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores siguen siendo secretos, con independencia de los años transcurridos. También lo son los de la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno. En el Reino de España no se desclasifica por ley ningún documento secreto aunque hayan pasado cincuenta años.

La norma que propone el PNV y que podrá ser tramitada si el PSOE, UP y C's votan a favor, apela al valor de la transparencia, consustancial a la democracia e incorpora la obligación del Gobierno de fijar el plazo de vigencia del secreto de aquellas materias que clasifique como tal. “No podrá ser superior a 25 años para los asuntos “secretos” y de 10 para los “reservados”, aunque añade que el Consejo de Ministros podrá prorrogar por diez años las materias secretas en casos “excepcionales y motivados”.

La proposición de ley, que atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y de su cancelación, dispone que los secretos de Estado que hubieran cumplido el plazo de 25 años dejarán de serlo automáticamente cuando la norma entre en vigor. Y añade que las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la ley aún no hayan cumplido los plazos de vigencia quedarán desclasificadas cuando los cumplan si el Consejo de Ministros no prorroga el secreto.

Con su proposición de ley, el PNV quiere reforzar también el derecho de los parlamentarios estatales como representantes directos del soberano. En este sentido dispone que “la declaración de ‘‘materias clasificadas’’ no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los respectivos Reglamentos”. Quiere decirse que si ahora un asunto como los beneficiados por la amnistía fiscal de 2012 es “materia reservada”, podría ser conocida por los diputados y senadores que solicitaran la lista. Y en todo caso esa información quedaría desclasificada automáticamente en 2022.

Los archivos documentales e informáticos de la Administración General del Estado, situados en Alcalá de Henares (Madrid), ocupan en la actualidad más de treinta kilómetros de estanterías y fueron ampliados en 2010 en otros diez kilómetros. La complejidad del acceso y el control de la documentación clasificada obliga a los historiadores y estudiosos a solicitar permisos y observar largas esperas, de semanas y meses para, por ejemplo, tener acceso a un atestado policial de 1944 o a las comunicaciones de la embajada española en Londres o en París de aquel año, según ha podido constatar este periódico.

Por otra parte, los ministerios de Exteriores y de Defensa mantienen sus propios archivos con las materias clasificadas. Aunque Exteriores trasladó a Alcalá de Henares mucha información de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la documentación fue previamente expurgada, según fuentes conocedoras del proceso. Defensa ni siquiera ha trasladado al Centro Documental de la Memoria Histórica la documentación sobre los campos de trabajo de los prisioneros republicanos durante la posguerra. Con todo, la nueva ley de secretos oficiales, si llega a aprobarse, representará un avance para poder conocer muchos aspectos todavía oscuros de lo que fue la lucha contra ETA y la guerra sucia durante el franquismo y la transición.