La acusación popular de IU impugna el recurso del PP para enterrar la indagación de ‘la caja B’

La acusación popular integrada por IU, Los Verdes y las asociaciones Justicia y Sociedad, ALA y Coda-Ecologistas en Acción ha impugnado este lunes el recurso que presentó el PP hace dos semanas para evitar la prórroga de la investigación de la caja B, conocida como 'los papeles de Bárcenas'. El juez José de la Mata decidió a finales de agosto prorrogar un año el caso que estudia la presunta financiación ilegal del partido, pero dejó un espacio para el recurso que los populares han decidido ejercer.

El plazo de investigación llegaba hasta el 28 de agosto de 2020, aunque De La Mata utilizó para su decisión de alargar el plazo la reforma del artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que usa un nuevo sistema de plazos para la instrucción de los procesos penales. Sin embargo, el PP y su extesorero Luis Bárcenas recurrieron al considerar que esta ley no es aplicable a la causa porque el plazo de instrucción "ha de tenerse por agotado desde el pasado 31 de diciembre de 2019".

Según el texto, al que ha tenido acceso cuartopoder, la acusación popular ha manifestado al juez que el PP "ha venido utilizando las instituciones del Estado, en este caso el poder legislativo" para tratar de frenar las investigaciones judiciales contra el partido y sus dirigentes. En este sentido, denuncian el bloqueo del partido a los cambios legislativos para modificar el artículo 324 que se aprobó durante su anterior Gobierno y que "ha sido, de manera constante, interpretada por el Partido Popular de forma parcial e interesada en su propio beneficio", sostienen.

La acusación popular apoya además la prórroga del caso establecida por el juez especialmente después de las últimas revelaciones de la Operación Kitchen, que investiga un presunto operativo parapolicial cuyo fin sería conseguir la documentación comprometedora que guardaba el extesorero del partido Luis Bárcenas para ocultarla de la justicia. Esto habría sucedido cuando ya estaba abierta la investigación por la presunta financiación del partido. Por este asunto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón estudia si imputar a dos exministros, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.

"Resulta ampliamente conocido que la presente instrucción ha ampliado su campo de investigación en relación a los hechos dados a conocer en relación a la denominada Operación Kitchen", indica la acusación popular. Es "necesario esclarecer las pruebas que al respecto de esta instrucción hayan podido ser destruidas, encubiertas o hurtadas a esta instrucción", sostienen.

De cualquier manera, desde la acusación popular consideran que ya durante la instrucción "han cristalizado una serie de elementos que hacen razonar la concreción de conductas gravemente punidas por nuestro ordenamiento jurídico". A su entender, se infiere que Álvaro Lapuerta, Bárcenas y Francisco Correa se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias", pero que otros dirigentes del PP "se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal", de forma que Génova 13 "era un centro de conspiración para el cohecho y el tráfico de influencias", sostienen.

La acusación popular recuerda en este escrito al juez que en abril del 2020, "el juez instructor de esta pieza acordó la realización de nuevas diligencias de investigación con objeto de continuar discerniendo los indudables indicios y pruebas que conducen a razonar la conducta de los investigados como plenamente delictiva y sujeta a responsabilidad penal". Sostienen así que en ningún caso esta prórroga de investigación sería negativa, sino todo lo contrario: "Es pertinente, útil a la causa y únicamente perjudica a quienes pretendan generar impunidades y no investigar la verdad material de lo ocurrido en los hechos objeto de investigación".