Fin de la impunidad en la Ley de Amnistía y otras enmiendas de UP al decreto para exhumar a Franco

  • Reclaman una Fiscalía específica para la investigación de los desaparecidos por el franquismo y que el Estado condene la dictadura
  • Las medidas están recogidas en la ley integral que impulsa IU desde el verano

El grupo confedederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentará enmiendas al decreto de exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo de Cuelgamuros, el conocido Valle de los Caídos. Entre ellas destaca el poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, así como la activación de una Fiscalía específica para la investigación de desapariciones forzadas durante el franquismo y mecanismos especiales para la investigación de casos de bebés robados.

El plazo de presentación de enmiendas finaliza, en principio, este martes, aunque se prevé que se prolongue, al menos, una semana más. PP y Ciudadanos, con mayoría en la Mesa del Congreso, pueden demorar el procedimiento hasta, incluso, después de las elecciones andaluzas para que este polémico caso no empañe sus campañas. Buena parte de estas medidas están recogidas en la ley integral de Memoria Democrática y Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Franquismo y la Transición que IU registró en la cámara el pasado mes de junio, tal y como contó cuartopoder.es. La tramitación de esta propuesta de ley no se prevé que empiece en este 2018.

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Entre estas enmiendas, destaca la relativa a la Ley de Amnistía del 77. “La Ley de Amnistía nunca debió ser interpretada por los tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos”, argumentan desde Unidos Podemos, que añaden: “De acuerdo con el Derecho Internacional, que forma parte del Derecho interno según la Constitución española, no puede amnistiar los llamados crímenes internacionales o contra la humanidad, dado que estos son inamnistiables e imprescriptibles“.

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Además, entre las enmiendas presentadas por Unidos Podemos, que serán en total más de 60, se encuentra una que busca “el solemne repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista por parte de los poderes e instituciones del Estado” por parte de las instituciones del Estado. Del mismo modo, en otra enmienda se urge a “proceder a la localización, búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos del periodo que abarca la presente ley”, según explican en las motivaciones a las enmiendas desde el grupo confederal. También, pretenden legislar para la “obligación de los órganos judiciales de impulsar la investigación de las personas desaparecidas forzosamente, impulso que estará guiado por los principios de verdad, reparación, justicia, dignidad de las víctimas y garantía de no repetición”.

“La investigación de los denominados como ‘bebés robados’ deben contar con un desarrollo normativo específico, por lo que la enmienda que se propone viene a salvaguardar esta necesidad de protección e investigación”, añaden, buscando un mecanismo propio de actuación para la investigación de estos casos. Otra enmienda importante es la que busca la “dejación de efecto jurídico alguno de todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936″.

En otro orden de cosas, destaca la petición de “la creación del Instituto de la Memoria Democrática, cuya dependencia orgánica dependerá de la Presidencia del Gobierno“. Por otro lado, reclaman cambios relativos a “títulos nobiliarios y reconocimientos de carácter económico por el desempeño de su cargo o función a aquellos militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura”, una clara referencia a la retirada de las medallas del torturador ‘Billy el Niño’.

Con respecto al Valle de los Caídos, reclaman la “resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirse en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo” y, sobre los restos del dictador Franco y de Primo de Rivera, reclaman que sean “ubicados en un emplazamiento de carácter privado que al efecto designen sus causahabientes, sin que en ningún caso puedan depositarse los restos en espacios de uso público o en aquellos lugares que por su singular ubicación puedan convertir el emplazamiento en lugar de conmemoración, homenaje o  enaltecimiento de la dictadura o el fascismo”. Igualmente, piden que el Pazo de Meiras, en manos de la familia del dictador pase a estar “en manos públicas por haber sido un regalo realizado en su día al Jefe del Estado y haber constituido la residencia oficial de verano de éste durante toda la dictadura”.

Para finalizar, destacamos una mención en lo relativo a las relaciones con la Iglesia Católica y el Vaticano. Reclaman poner fin a los “beneficios y privilegios para la Iglesia católica en un Estado oficialmente aconfesional. Esta disposición viene a su vez a llamar la atención sobre el papel desempeñado por la Iglesia Católica como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista, en especial por parte de los estamentos eclesiásticos mejor posicionados jerárquicamente”.