23-F: la calle toma la palabra
Los días 25 y 26 de febrero se realizará el Debate sobre el estado de la Nación. Los papeles ya están repartidos y son tan previsibles como aburridos e inoperantes. Tanto los argumentos a favor o en contra de la supuesta recuperación económica, como las votaciones y la ausencia de cualquier solución para los problemas de la gente están en un guión predeterminado. De ahí no saldrá nada útil, solo será rutina de apariencia democrática y un espacio de propaganda cansina pensando en las europeas. Hay que tomar conciencia de que el Gobierno y los poderes económicos no van a sacarnos de la crisis: están intentando quitarnos derechos básicos y libertades fundamentales. Por ello es la hora de que la calle se anticipe, tome la palabra el 23 de febrero y clame contra el actual estado de cosas.
Contra el golpe de Estado financiero
El año pasado se constituyó Marea Ciudadana y convocó una manifestación el 23 de febrero de 2013 que congregó a cientos de miles de personas en Madrid y otras ciudades. Este año se vuelve a convocar contra el golpe de Estado financiero que se ha producido en España y que antepone los intereses privados a las obligaciones del Estado Social y de Derecho. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española se perpetró sin ninguna consulta a los ciudadanos y con la colaboración necesaria de PSOE y PP. Supone priorizar el pago de una deuda ilegítima antes de dar de comer al pueblo, crear empleo o mantener servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia, etc.
Se aplican políticas de ajuste, las privatizaciones y el recorte de libertades para que funcione lo que Paul Krugman llama "la gran divergencia" o proceso por el que se asegura el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. La troika formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional son los que deciden. El gobierno de Rajoy es un títere sin soberanía. La democracia está secuestrada por las multinacionales, los 'mercados', los especuladores financieros y la banca. Sus políticas destruyen el planeta y empobrecen a la mayoría de la Humanidad. Cuando 85 ricos en el mundo concentran tanto dinero como el que juntan 3.570 millones de personas, su opulencia insulta a la pobreza . Para mantener esta situación necesitan privatizar el Estado y la política, aumentando la violencia social desde el poder para seguir redistribuyendo negativamente la riqueza.
Contra el recorte de nuestro derechos
La situación en España sigue empeorando. El balance de la reforma laboral de Rajoy es más paro, menos empleo, mayor precariedad y emigración forzada. La protección a los parados disminuye, se recortan otras coberturas como la sanitaria a los inmigrantes no regularizados o a los jóvenes españoles expulsados al extranjero. Todo ello constituye un atentado a los derechos humanos. La devaluación salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales es la tónica general para los trabajadores que conservan su puesto de trabajo. La indefensión se extiende al Tribunal Constitucional, que avala aspectos discutibles de esta reforma, algo previsible dada la forma de elección y su composición, que incluye como presidente a una persona que ha sido militante del PP y autor intelectual de la misma.
Las agresiones han desatado la resistencia y la respuesta movilizadora. Contra la amenaza hacia la escuela pública que supone la LOMCE, la privatización de la sanidad en Madrid, el desmantelamiento de los servicios públicos, de la dependencia, etc. Muchas mareas han salido a la calle muchas ocasiones a defender el patrimonio de todos y de todas
Contra el recorte de nuestras libertades
Represión y austeridad están directamente relacionadas. A los poderes fácticos (Rajoy y la Troika) les da terror una situación de conflicto social generalizado en las calles. Al mantener su política antisocial y al no ofrecer ninguna solución a los problemas existentes, solo les queda la manipulación informativa y la represión. Para imponer los ajustes ya vienen intimidando con detenciones, multas, sanciones y despliegues policiales desmesurados.
El Gobierno del PP prepara una ofensiva para limitar gravemente los derechos y las libertades ciudadanas y criminaliza la respuesta ciudadana para justificarlos. Se materializa en los proyectos de ley de reforma del código penal y la ley de seguridad ciudadana, entre otros. La conocida como 'Ley mordaza' está dirigida a reprimir la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la información. Como dice el Viejo Antonio, el personaje creado por el Subcomandante Marcos, el gobierno le teme al pueblo, por eso tiene tantos policías y quieren leyes represivas. Le tiene un miedo muy grande y por eso es un gobierno muy pequeño.
El último ataque se produce contra las mujeres a través de la nueva ley que restringe el derecho al aborto. La 'ley Gallardón' es una vuelta al pasado más remoto, obligará de nuevo a las mujeres a irse fuera del país cuando lo necesiten. Es difícil imaginar una regresión de tal calibre si no es para contentar al sector más de ultraderecha del PP y al integrismo de la jerarquía eclesiástica católica, porque los mismos católicos españoles están mucho más evolucionados que sus obispos y cardenales.
Por último, ante la proliferación de escándalos de corrupción tampoco se asegura que la justicia sea igual para todos. Cuando afecta a las élites del poder o a altas instituciones los ciudadanos tenemos la percepción de que hay impunidad para la corrupción. Más aún cuando vemos con indignación que aparecen como víctimas algunos de los jueces que se han atrevido a afrontar el caso Gürtel y el caso Bankia.
Empezar la remontada
El ciclo parece estar cambiando. Como siempre, la lucha empieza a dar sus frutos cuando es firme y unitaria. Hay experiencias que marcan el camino, que permiten recuperar la confianza: se pueden parar los golpes y cambiar las cosas, demostrar que sí se puede. Las huelgas victoriosas de los trabajadores y trabajadoras de las limpiezas y del alumbrado municipal de Madrid y de la recogida basura de Alcorcón, la lucha de Gamonal, la movilización de la Marea Blanca que ha paralizado la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, el repago sanitario, y se ha llevado por delante al consejero de Sanidad de Madrid.
Estas luchas, y otras actuales como la de los trabajadores de Coca Cola, Pan Rico y otras empresas, la lucha contra la impunidad de las víctimas del franquismo o la Marcha por la Dignidad sobre Madrid del 22 de Marzo, señalan el camino y alientan a seguir: calle, desobediencia civil y no violencia. Ojalá que el 23-F y las Marchas por la Dignidad del 22 de Marzo no sean unas manifestaciones más, sino el despertar de todo un pueblo. Ojalá haya unidad de la izquierda para las elecciones europeas. Sería la manera de que los sueños populares se conviertan en las pesadillas del poder despótico.
