Cinco años después, no más becas por trabajo

1 de mayo de 2012, había pasado casi un año del 15-M y el movimiento había cristalizado en cientos de iniciativas temáticas y asambleas locales, como una constelación del cambio social. En ese contexto un puñado de activistas lanzamos la Oficina Precaria, una plataforma para combatir todas las formas de precariedad laboral, especialmente aquellas a las que por su elevada dispersión y atomización no estaban llegando los sindicatos, el llamado empleo atípico.

Partíamos del análisis de que la regulación laboral en España no solo desprotege a los trabajadores, sino que, igual que ocurre con el sistema fiscal, tiene multitud de agujeros por los que se cuela el fraude. Dentro de éstos, uno de los fenómenos que más nos llamaba la atención eran las “becas en fraude”, el uso de las prácticas formativas para sustituir puestos de trabajo. Muchas empresas se aprovechan tanto del 44% de desempleo juvenil --la segunda tasa más alta de la UE-- como de la elevada sobrecualificación de dicha población, para ofrecer todo tipo de prácticas a estudiantes universitarios y de FP, pero también a jóvenes que ya habían terminado sus estudios, en total más de 150.000.

Un estudio publicado por la Comisión Europea en 2013, indicaba que el 61% de los becarios en España no recibe una compensación económica por sus prácticas, que  el 72% de los becarios reconoce tener una carga de trabajo equivalente a los empleados con contrato laboral: carga de trabajo, horario y tareas, tratamiento, recursos a disposición. Al 45% de los becarios no les ofrecen contrato de trabajo, ni tan siquiera la renovación de beca o extender las prácticas una vez acabadas. Para un 73% de los becarios en nuestro país, la remuneración de su beca no es suficiente para cubrir los costes básicos de su vida, según este estudio.

Estas prácticas, lejos de servir para la finalidad formativa para la que estaban diseñadas, sirven a las empresas para tener trabajadores a coste cero, convirtiendo el Estatuto de los Trabajadores en papel mojado. Esta situación no solo supone un atentado contra los derechos laborales, sino que configura un mercado laboral precario, de baja productividad, al elevar la rotación de los puestos de trabajo. Por si no fuera poco, los jóvenes que hoy no cotizan o que encadenan sucesivos contratos precarios pasarán a formar parte de futuras bolsas de pobreza, al no generar los derechos necesarios para cobrar indemnizaciones de despido o pensiones en un futuro.

En 2013, lanzamos la campaña #No+BecasxTrabajo, una iniciativa para conseguir testimonios de becarios afectados por esta situación con el fin de denunciar la situación públicamente, donde nos encontramos testimonios como este, que dan buena cuenta del problema:

Marta, 22 años, de Madrid:

• Hago prácticas extracurriculares cubriendo como becaria una baja por maternidad. No he tenido formación ni tutor. No sólo no me contrataron, sino que además me obligaron a formar a otro becario que me sustituiría, como si yo fuese tutora.

Ana, 25 años, Barcelona:

• Trabajo de becaria en una gran empresa del sector tecnológico. Es la tercera vez que trabajo como becaria y todavía no he cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. He escuchado al mánager de mi departamento decir que le encantan los becarios porque somos baratos, eficientes y estamos mucho más motivados.

No se trataba de un fenómeno nuevo, pero la creciente “becarización” de los puestos de trabajo formaba parte de una tendencia creciente, la del “empleo atípico”, un tipo de trabajo que es demasiado común para los trabajadores jóvenes. Desde los riders de Deliveroo hasta los stagiaires de Jordi Cruz, brechas que se abren en el ruinoso edificio del derecho laboral por la presión del enorme ejército de reserva de desempleo y sobrecualificación juvenil, y que ni las empresas ni el Gobierno se dan demasiada prisa en cerrar, quizás porque los que sufren esta situación contribuyen a incrementar la competitividad de las empresas y dejan de contar para las estadísticas de paro.

No es que la recuperación no haya llegado todavía a los jóvenes, sino que esa recuperación de las cifras macroeconómicas se sustenta en gran parte sobre el sacrificio de una generación entera que aporta capital humano a las empresas a precios irrisorios.  Las becas en concreto funcionan como la roca de Sísifo. Los becarios se esfuerzan por desempeñar las funciones encomendadas con diligencia e intentan asumir más tareas como única posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. En la mayor parte de los casos, una vez terminan la práctica, si no la renuevan, se van a la calle y entra el siguiente.

Por eso cuanto entramos en el Congreso de los Diputados, presentamos una proposición no de ley en la Comisión de Empleo en la que se pedía suprimir las prácticas una vez finalizados los estudios, reformar las prácticas incluidas en el plan de estudios para crear un Estatuto del Becario, en el que se recojan unas mínimas condiciones en materia de retribución, garantías de calidad y derechos para las prácticas formativas, limitar el número de becarios por empresa, ampliar los “contratos en prácticas” --contratos con derechos recogidos dentro del Estatuto de los Trabajadores-- a estudiantes y reglamentar y dotar de medios a la Administración para monitorear las condiciones de los convenios de prácticas en empresas.

Estas medidas fueron aprobadas en su esencia en la Comisión de Empleo del Congreso y cuentan con el apoyo de todos los colectivos que han pensado qué hacer con las prácticas, como el Consejo de la Juventud, CCOO o UGT. Por eso, la semana pasada registramos una proposición de ley que concretaba el texto aprobado en la Comisión, para acabar definitivamente con el trabajo gratuito.

El pasado viernes los sindicatos llevaron medidas similares a la mesa de diálogo social, y este lunes Fátima Báñez, a la vez que anunciaba cómo iba a seguir dilapidando los fondos de la Garantía Juvenil, anunció que había que impulsar un estatuto para las prácticas no laborales. Además, Unai Sordo anunciaba ayer que la lucha contra la precariedad juvenil pasa por por la derogación del real decreto que regula las prácticas no laborales en empresas para jóvenes con titulación oficial, la eliminación de las prácticas no laborales extracurriculares, la derivación de las prácticas no laborales al contrato laboral en prácticas, y el establecimiento de un estatuto que dote de derechos al estudiante en prácticas.

Por lo tanto, todo apunta a que, por una vía o por otra, se va a acabar con el abuso de las prácticas, un pequeño paso adelante para acabar con la precariedad juvenil, aunque aún quedará camino.  Como anécdota, nos sorprendió bastante que al día siguiente de presentar la ley se dijera que no habíamos avisado de que íbamos a presentar esta iniciativa, cuando llevamos trabajándola públicamente desde hace un lustro... Claro que avisamos, somos los mismos que cuando empezamos.