Los (des)acuerdos del pacto de Estado contra la Violencia de Género

Desacuerdos y acuerdos del pacto de Estado por la Violencia de Género.
Una de las sesiones de la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. / Congreso de los Diputados

Actualizado con los resultados de la votación.

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En un gesto histórico, todos los partidos políticos han colaborado para elaborar un Pacto de Estado que permita combatir la lacra de la Violencia Machista. Es un paso de gigante, pero no se puede decir que haya sido un camino exento de dificultades. Tras seis meses de trabajo, 66 comparecencias de expertos y dos prórrogas a causa de acusadas diferencias entre los grupos parlamentarios, finalmente lograron consensuar un informe con 200 medidas. Sin embargo, esta unanimidad se rompió al llevar este documento a la Comisión de Igualdad: todos los grupos votaron a favor excepto Unidos Podemos, que decidió abstenerse. El resultado fue  29 'síes' y siete abstenciones. 

Para evitar la crispación y una repercusión no deseada, todos los partidos de la Subcomisión habían pactado negociar a puerta cerrada y evitar declaraciones a los medios sobre las diferencias que les enfrentaban. El acuerdo de silencio había funcionado hasta que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció en el último Consejo de Ministros que el pacto ya estaba casi cerrado. El resto de formaciones acusaron al PP de estar haciendo “un uso partidista” del Pacto y la tensión se tradujo en una reunión que el lunes se alargaba hasta última hora de la tarde.

Por fin, la Subcomisión terminó su trabajo el pasado lunes con 200 medidas que serán dotadas de 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. Entre las propuestas más importantes se encuentra la habilitación de mecanismos para que las mujeres puedan ser consideradas víctimas de violencia machista sin necesidad de interponer una denuncia. Sin embargo, el viernes los grupos presentaron sus votos particulares en la Comisión de Igualdad y sometieron el informe a votación, momento en el que Podemos decidió abstenerse. Esto ha provocado un nuevo roce entre formaciones, ya que la portavoz del PSOE en esta comisión, Ángeles Álvarez, calificó esta actuación como "incongruente, desleal para con el Pacto, e insolidaria con las víctimas”.

Unidos Podemos: la falta de un enfoque feminista

Según explicó después Sofía Castañón, Unidos Podemos votó abstención en la Comisión de Igualdad por "coherencia". El grupo confederal había registrado el jueves una treintena de votos particulares que en la práctica modificaban sustancialmente el pacto. Finalmente, solo lograron incluir en el texto uno de ellos, referido a incorporar en los textos legislativos todos los tipos de proxenetismo reconocidos por la ONU.

Los votos particulares no aprobados demandaban una legislación específica para el acoso sexual, un estudio acerca de la incidencia de violencia de género en mujeres lesbianas, transexuales y transgénero para proponer medidas específicas o la creación de un observatorio independiente que vigile el cumplimiento del acuerdo. También hay algunas medidas de prevención de la violencia de género como la creación de equipos mixtos en los deportes federados.

Tras la aprobación del primer informe, la diputada de En Marea  e integrante de la Subcomisión Ángela Rodríguez, precisó a este medio que para su partido el texto adolecía de tres ejes fundamentales. La primera carencia es que, a pesar de que hay un presupuesto económico de 1.000 millones a repartir en cinco años, no se especifica a quién va dirigido, de qué manera se ejecutará ni que garantías le acompañan. También hay otros desacuerdos económicos. "Para lograr la recuperación integral de las víctimas hay que garantizar su independencia económica. Algunas medidas como la garantía habitacional que han sido debatidas, pero no hemos conseguido que sean aprobadas de manera unánime", ha apuntado.

El segundo eje sería "la falta de enfoque feminista", ya que, denuncian, no hay "un compromiso firme" para dar un tratamiento asistencial concreto a todas las formas de violencia machista recogidas en el Convenio de Estambul, mientras la tercera gran crítica de Unidos Podemos tiene que ver con una cuestión más ideológica: las políticas de prevención contra la violencia machista. "Hemos tenido desacuerdos muy grandes. Creíamos que había que dar un empujón muy grande a las políticas de Igualdad respecto a la Ley de 2007, que aunque sea una buena ley es papel mojado, y nos hemos encontrado que tampoco teníamos un consenso en esto", ha manifestado la diputada.

Aunque Unidos Podemos manifiesta haber peleado muchos puntos junto a los socialistas, reconoce haber encontrado con cortapisas para "buscar un nuevo enfoque sobre las violencias machistas". "Creo que hemos sintonizado más con los movimientos sociales y lo que el feminismo estaba diciendo en la calle, en las demandas de los últimos manifiestos del 7N o el 8M. Aquí el PSOE se ha quedado un poco atrás", apunta Rodríguez.

El PSOE: una "batería" de votos particulares

Aunque el PSOE valoró positivamente el acuerdo con todas las formaciones políticas, el jueves registró una “batería” de 20 votos particulares con las propuestas que los socialistas consideran fundamentales y que se quedaron fuera en ese primer "acuerdo de mínimos". Finalmente, lograron que se aprobasen siete de ellos en la comisión de Igualdad. 

Entre estos votos aprobados, figura la petición de que la renta activa de inserción que cobran las víctimas de malos tratos cotice a la Seguridad Social, la inclusión de la violencia patrimonial o la reforma de la ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus tutores legales para poder interrumpir su embarazo.  También se aprobaron dos cuestiones que para el PSOE eran fundamentales: la puesta en marcha de una comisión de seguimiento y la habilitación de recursos económicos. Los socialistas no acababan de fiarse del Ejecutivo y como condición para negociar un acuerdo exigieron estas dos reclamaciones básicas.

Entre los aspectos que también quería incluir el PSOE pero que no fueron aprobados estaba que "la explotación reproductiva" sea considerada "una forma más de violencia contra las mujeres" y que se promueva "una legislación que  sancione la demanda y compra de prostitución", entre otras medidas, para acabar con "la industria del sexo".

El PP no ha sido el único hueso duro de roer que se ha encontrado el partido socialista. Podemos bloqueó otra iniciativa que el PSOE considera fundamental: la modificación del  artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a las víctimas de violencia a declarar contra sus agresores. El martes, en Ferraz, el PSOE se reunió con casi 30 entidades de diferentes tipologías implicadas en la lucha contra la Violencia de Género para valorar las conclusiones del informe y sus demandas. 

Ciudadanos: transparencia en las subvenciones

La portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, fue una de las que más esperanzada salió el lunes tras el fin del acuerdo. Sin embargo, la formación naranja presentó después un voto particular para que se “garantice la transparencia” en la concesión de fondos públicos. "Nos parece fundamental que el dinero invertido se utilice de manera eficiente para la lucha contra la violencia machista. Por ello, presentaremos un voto particular para asegurarnos de que se da transparencia absoluta a la hora de otorgar los fondos públicos a asociaciones y entidades y también para su seguimiento y evaluación en el cumplimiento de objetivos”, manifestó Reyes.

La coalición valencianista Compromís ha presentado ocho votos particulares para modificar el acuerdo, de los que finalmente se aprobaron cinco relativos, entre otras cosas, a corregir la LOMCE o prohibir la publicidad relativa a la prostitución. La formación también buscaba que las indemnizaciones de las víctimas por violencia machista se equiparen a las que reciben las víctimas del terrorismo, una medida que ya ha sido incluida en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.

Aunque la fase más compleja (la negociación) parece haber concluido con éxito, aún tiene que terminar su proceso en las Cortes, y trasladarse después a otras instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.