Paladas de memoria frente al rencor

El nuevo líder del PP anunció hace unas semanas la presentación de una Ley de Concordia con la que buscaría derogar la “de facto sectaria reescritura de la historia de la actual Ley de Memoria” que “arroja paladas de rencor sobre la sociedad española”.

Además, el presidente del Partido Popular criticaba con dureza la anunciada reforma de la Ley de la Memoria para crear una Comisión de la Verdad, a la que calificó en su delirio de “mascarada orwelliana más típica de otros regímenes, de otras épocas y de otras latitudes”. Según él, se trataría de una “distopía inquietante y absurda que no podemos tolerar”.

Pues ni ley de rencor, ni mascarada, ni tampoco distopía. Muy al contrario, se buscaba y se busca aún hoy dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular de la ONU, en lo que se denomina justicia transicional, de la que España se ha quedado descolgada con una tardía, insuficiente e incumplida Ley de Memoria, y con el compromiso reciente de puesta en marcha, entre otras medidas complementarias, de una Comisión de la Verdad. No significa reescribir la historia de la dictadura franquista, como denuncian precisamente los que la niegan y manipulan, sino describir en torno a casos y testimonios sus mecanismos represivos y de cuantificar los daños y las vulneraciones de derechos para la reparación y la reconciliación.

En el caso español, hay mucho por hacer porque faltan datos concretos, incluso de personas enterradas en fosas, más allá de las 114.000 víctimas que cuantificó Baltasar Garzón en su instrucción de la causa del franquismo antes de ser apartado de la magistratura. Tampoco hay recuento de bebés robados, expolios económicos, fusilamientos en ambos bandos durante la guerra, personas en el exilio o datos concretos de represión.

Porque contrariamente a lo que se piensa, también el camino hacia la Ley de Memoria Histórica fue accidentado y conflictivo, un camino sembrado de obstáculos entre la oposición frontal de la derecha, los temores y ambigüedad del gobierno PSOE y el empuje del resto de la izquierda, en particular de Izquierda Unida.

Los argumentos de Casado para justificar su abstención en relación al procedimiento y el momento de la exhumación tampoco son nuevos, sino que reproducen los prejuicios y las tergiversaciones de la derecha para con la II República y las víctimas del franquismo en la Ley de Memoria.

El proceso previo se inició hace catorce años, el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su “rehabilitación moral y jurídica”. Como consecuencia de ello, el 28 de junio de ese año, el Gobierno presentó un ambiguo proyecto de ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Un proyecto inaceptable, de falso equilibrio entre dos supuestos “bandos”, que rechazamos y que nos obligó a presentar un proyecto alternativo, de nuevo en diciembre de 2006. Aquel primer proyecto de ley era falsamente equidistante, con una perspectiva neutra que no servía a las víctimas y no se proyectaba en el futuro.

La guerra quedaba definida como un conflicto entre españoles, y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Se refería a la República como a un bando, pero, según el Diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, y en España no hubo dos bandos, había una república  democrática con un gobierno elegido por sufragio universal y, frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas contra ese Estado legítimo.

En aquel debate, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso justificar lo injustificable, negando cualquier memoria colectiva y centrándose en la memoria individual y personal de cada protagonista, ciñéndose al “reconocimiento individual de las víctimas de la dictadura mediante una declaración oficial de inocencia en su expediente personal que pudieran guardar en su casa para reconstruir su biografía personal e individual”.

A pesar de su timidez, desde el PP se acusó al proyecto de ley de “reabrir viejas heridas, revivir viejos rencores, resucitar odios y alentar deseos de revancha”. Sus ideólogos pretendían igualar memoria democrática con revanchismo, y justificaban la sublevación y la guerra acusando a la República de provocarlas.

El PP se opuso entonces a la Ley, juzgándola “en su conjunto como innecesaria, irrelevante y falsaria, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que es en realidad una quiebra del pacto constitucional de 1978”. Nada muy diferente a lo que hace hoy, cuando disfraza de concordia su oposición a la justicia, la memoria y la reparación a las víctimas del franquismo. Su portavoz acusó entonces al Gobierno de haberse dejado llevar por IU más lejos de lo que pretendía con una simple ley de reconocimiento individual de las víctimas del franquismo.

La mejor prueba de la carga ideológica heredada por el PP como representante de los restos del “franquismo sociológico” ha sido la de mantener su hostilidad desde el Gobierno, aunque no se atrevió a derogar la Ley de Memoria Histórica, sí congeló su desarrollo. Durante los Gobiernos de Rajoy se suprimió la Oficina de Atención a las Víctimas y se eliminaron las ayudas o subvenciones para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, incluidas las destinadas a llevar a cabo exhumaciones de fosas comunes.

Nosotros, por el contrario, defendimos y defendemos hoy que el concepto de memoria sentimental o privada, imprescindible en todo caso, debía ir parejo a un proceso colectivo y social de memoria. Debe ser es así porque atañe a la sociedad española en su conjunto, dado que es la heredera natural de los procesos históricos que ella misma ha vivido: tras casi cuarenta años de sistemática e institucionalizada propaganda dictatorial sobre el período republicano y sobre los luchadores antifranquistas por la libertad, más las propias herencias culturales e ideológicas del franquismo, debemos instar a la proyección pública y colectiva, diáfana y transparente, de la memoria democrática, sin restringirla exclusivamente al ámbito privado.

De este modo, se abrió la negociación en la izquierda y con ello la oportunidad histórica de un primer paso encaminado a la búsqueda de verdad, de justicia y reparación de las víctimas como derecho colectivo de la ciudadanía a conocer la historia de su país. Se trataba de rendir tributo de honor y reconocimiento a cuantos sufrieron la represión de la dictadura franquista y de la guerra provocada por los militares franquistas con el alzamiento militar de 18 de julio de 1936, contra el legítimo gobierno de la II República Española.

Estas políticas públicas de recuperación de la Memoria Democrática y de fomento de los valores y principios constitucionales habrían de ir dirigidas no solamente a quienes directamente sufrieron cárcel y persecución,  sino también -y sobre todo- a una generación joven que desea y necesita conocer el pasado como antídoto frente a quienes pretendan atentar de nuevo contra las libertades y los derechos humanos.

Al Estado le correspondería la obligación de divulgar que la democracia actual no hubiese sido posible sin la aportación del antifranquismo, de la lucha de miles de hombres y mujeres contra la dictadura, muchos de los cuales llegaron a pagar con la vida, con años de cárcel, con torturas, con vejaciones o con la marginación social su compromiso. Por lo que su memoria debía ser preservada y su dignidad respetada.

La Ley de Memoria Histórica, promulgada finalmente el 26 de diciembre de 2007, contiene importantes aunque insuficientes disposiciones: La ley planteaba la retirada de los símbolos franquistas. Concretamente, su artículo 15 establece que los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos”. Las resistencias por parte de las instituciones han retrasado su total cumplimiento.

Aunque no logramos que los juicios sumarios del franquismo fueran anulados, son declarados “ilegítimos” y la Justicia no podrá rechazar su revisión invocando las leyes de la dictadura, como había ocurrido hasta entonces y desgraciadamente poco ha cambiado.

Se ampliaron las ayudas a los represaliados y sus familias. Por ejemplo, los familiares de los demócratas asesinados durante la Transición, entre enero de 1968 y octubre de 1977.

El Estado debería también facilitar la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Se dispuso la despolitización del Valle de los Caídos, prohibiéndose los “actos de naturaleza política [...] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”, aunque luego se haya incumplido totalmente.

A los Brigadistas Internacionales se les concedió la nacionalidad española sin que tuvieran que renunciar a la propia. Se concedió también la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados, dándoles un plazo para tramitarla hasta diciembre de 2011. Y se creó el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca, con los fondos del Archivo General de la Guerra Civil.

Finalmente, el llamado “caso Garzón” fue la expresión más elocuente de las resistencias institucionales a la Memoria Histórica. Por eso, la Comisión de la Verdad sería la mejor reparación a todas las víctimas y el reconocimiento a los que, como el juez Garzón, mantienen su defensa.

Gaspar Llamazares es promotor de Actúa.