Alarma por una Constitución moribunda

La Constitución de 1978 llega a sus cuarenta años demacrada. El síntoma más patente de su deterioro lo proporciona la función que hoy desempeña en la vida pública. De ser, en sus comienzos, un depósito de principios, límites y promesas en el que se reconoció la abrumadora mayoría de los ciudadanos, exceptuando las poblaciones de Euskadi y Galicia, ha pasado a simbolizar hoy, para algunos, una suma fraudulenta de compromisos incumplidos, para otros, una jaula que aprisiona sus aspiraciones cívicas, y, en fin, para otros muchos, un arma arrojadiza con la que intentar excluir a minorías sociales del juego político.

Son estos últimos, aglutinados en los partidos llamados “constitucionalistas”, los que mejor evidencian la afección que padece nuestra norma fundamental. Es cosa conocida. Ferdinand Lassalle, autor del célebre ensayo ¿Qué es una Constitución?, preguntó una vez a sus correligionarios qué deducían del “espectáculo” de contemplar a “un partido” levantarse con el “grito de guerra”: “¡agruparse en torno a la Constitución!”. Y les respondía: “Estoy seguro, señores, de que, sin necesidad de ser profetas, dirán, cuando tal observen: esa Constitución está dando las últimas boqueadas; ya podemos darla por muerta”.

En efecto, no hay indicio tan ostensible de la crisis que atraviesa la Constitución que el intento de apropiación de su marco normativo por parte de ciertos partidos. De simbolizar un espacio ecuménico de convivencia, donde cabían todas las expectativas que se adecuasen a sus principios y reglas democráticos, la Constitución vuelve a ser, otra vez en nuestra historia, un artilugio banderizo instrumentalizado por facciones.

El discurso público de esos partidos daña la capacidad integradora de nuestra Constitución. Además, en sus reiteradas invocaciones, la norma fundamental apenas se asemeja a la respaldada en referéndum el 6 de diciembre de hace cuatro décadas.

Diríase, por ejemplo, que tan solo afirma “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2), olvidando su reconocimiento ulterior de las “regiones y nacionalidades” que conforman el Estado. De las palabras “constitucionalistas” se desprende la imposición de una España uniforme, compuesta de entes competencialmente homogéneos, en aplicación de una dadivosa lógica descentralizadora, siempre atenta a la nivelación “solidaria” de los diferentes territorios. Del debate constituyente y del articulado constitucional se infieren, sin embargo, la plena consciencia del estatuto asimétrico de los cuerpos territoriales del Estado –“regiones y nacionalidades”–, su consiguiente carácter plurinacional y los mecanismos necesarios para garantizar esta singularidad en un entorno presidido por el principio de la autonomía política.

En otro orden de cuestiones, la Constitución de los partidos “constitucionalistas” parece ceñirse, en materia económica, a la consagración del “derecho a la propiedad privada y a la herencia” (art. 32) y de “la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado” (art. 38). Desde su perspectiva, las mermas sufridas en el modelo de relaciones laborales constitucionalizado en 1978 parecen no importar, porque estarían en el fondo justificadas en la legítima capacidad del empresario de disponer de sus recursos para competir mejor.

En un ámbito paralelo, la experiencia colectiva vivida tras la detonación de la burbuja inmobiliaria ha contribuido también a pervertir la Constitución original. De todos era conocida la reducida normatividad de los derechos sociales, recogidos deliberadamente como “principios rectores de la política social y económica”, siempre a disposición de los ejecutivos de turno. Ahora bien, una cosa era asumir su condición subalterna y otra muy diferente actuar como si ni siquiera figurasen en el articulado constitucional. Y tal ha acontecido con el famoso derecho a la vivienda y el mandato expreso de “impedir la especulación” a la hora de regular el suelo. No solo se acometió su reforma con la finalidad de espolearla; además, ante el conflicto entre dos necesidades colectivas vitales, la de contar con un sistema de financiación privada saneado y la de garantizar un techo digno a los ciudadanos, esta última no compareció en las medidas “anti-crisis” ni por un instante.

Idéntica inocuidad política presenta a día de hoy el decisivo art. 9.2, al que se agarraron en origen casi todos los juristas e intelectuales socialdemócratas para demostrar cómo quedaba justamente compensado el carácter secundario de los derechos sociales. La obligación constitucional de “promover las condiciones” para conquistar mayores cotas de igualdad material, y la de “remover los obstáculos” que lo impidiesen, han dejado de vincular a los gobiernos. El crecimiento exponencial de la desigualdad económica, y la ausencia de una agenda efectiva elaborada para combatirla, son buenas pruebas de su inanidad.

Y es que el tipo socioeconómico de Estado previsto en 1978 poco o nada tiene que ver con el Estado operativo en la actualidad. El que llamaron originalmente “social y democrático” implicaba un sistema de “economía dirigida” que entrañaba políticas de intervención y planificación en el ámbito industrial, laboral y económico. Esas políticas se encaminaban no solo a distribuir a posteriori los recursos provistos por el mercado; procuraban asimismo anticiparse a los dictados del capital al menos en tres sentidos: en el de desmercantilizar áreas de la convivencia, en el entendido de que la sola lógica de la competencia provoca los efectos disolventes de la desigualdad; en el de desconcentrar el poder económico, con la conciencia clara de que su concentración en pocas manos compromete la viabilidad misma de la democracia; y en el de asegurar la presencia pública en el ámbito de la producción con el fin de garantizar las condiciones materiales básicas para el ejercicio de la libertad, y con la posibilidad además de aspirar a propiciar otro tipo de estratificación social diferente a la generada por el capitalismo puro y duro.

Ese tipo de Estado, querido y votado en 1978, no está presente a día de hoy. En este capítulo no se ha dado simplemente una adaptación de los significantes constitucionales a una nueva realidad, marcada ya íntegramente por el signo neoliberal. Antes al contrario, se han desactivado algunas de sus potencialidades más transformadoras. Con el ingreso en la Comunidad Económica Europea y con las primeras reformas “estructurales” de signo liberalizador impulsadas por los gobiernos de Felipe González, la Constitución mutó por entero a este respecto. A día de hoy, la intervención pública casi siempre se produce a posteriori, en la fase de distribución de los recursos. Y si se recurre a ella a priori, es al modo ordoliberal, para regular la competencia entre privados. Igual que hace una década, los ciudadanos y ciudadanas vuelven hoy a presenciar cómo es la sola lógica de la acumulación y reproducción del capital la que diseña la distribución demográfica del país, la que fija el precio de los alquileres y la que pone todas las ciudades históricas a disposición del turismo masivo. El Estado social con sus dispositivos propios no hace el conato siquiera de alterar este proceso.

La Constitución que hoy se celebra, y que tanto invocan algunas formaciones, se parece así bien poco a la que abrió las puertas a la democracia hace cuarenta años. Sin embargo, su mutación acaso no comporte el problema peor. La abrazada con entusiasmo por nuestros padres y abuelos aparecía como un marco esperanzador, apto para cultivar un futuro de prosperidad. Ponía remedio a una parte central de las angustias que oprimían por la dictadura. La ensalzada por su efeméride en las instancias oficiales apenas proporciona vías de solución ante los desafíos colectivos más acuciantes. No parece recoger procedimientos de resolución aplicables al contencioso catalán, no ofrece remedios creíbles ante la precariedad, la incertidumbre y la subyugación económica y los programas sostenidos por algunas fuerzas emergentes chocan ya de frente contra su entramado institucional.

La vida pública se va colocando en proporción cada vez mayor fuera de sus compuertas. Corre el riesgo de anquilosarse por irrelevancia y de romperse por inflexible. Por eso el mejor homenaje que puede tributársele es el de reconocer abiertamente la necesidad de su profunda revisión. Negarse a ella solo sirve para condenarnos a vivir desagradables escenarios de rompimiento o de sumisión. A ellos nos encaminamos. Aceptarla implica, sin embargo, devolver a la ciudadanía la responsabilidad directa de entenderse, transigir y hallar un ámbito de principios compartidos que sirva para sembrar nuevas confianzas para otras cuatro décadas. Y para esta urgente renovación del pacto social, imprescindible después de su irresponsable ruptura, puede que los intermediarios organizados en partidos no hagan más que estorbar.