La ciudadanía cumplió. Sus representantes no

  • "La repetición de elecciones sí sería demoledora en el estado de ánimo de la ciudadanía, que se mueve entre la indignación y el hartazgo"
  • "La duda es si el hartazgo será sólo con PSOE y Podemos o el hundimiento de la participación afectaría también a las derechas"
  • "Del bloqueo siempre se sale (no necesariamente para bien), pero lo que sí es más que improbable es que se encargue la salida a quien lo provoca"

Hace unos días publicaba un artículo José Antonio Zarzalejos titulado “O Pedro Sánchez o colapso” en el que pronosticaba un colapso del “sistema constitucional si se produce una de estas dos situaciones: 1) repetición de elecciones; 2) un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos”.  Dejo a un lado la segunda condición, que no creo en absoluto que pusiera en crisis el sistema institucional español, especialmente tras haber asegurado la dirección del partido de Pablo Iglesias su renuncia en los aspectos políticos de Estado. Sin embargo la repetición de elecciones sí sería demoledora en el estado de ánimo de la ciudadanía (que se mueve entre la indignación y el hartazgo). Además la crisis que se abriría no acercaría en absoluto un horizonte emancipador sino más bien al contrario.

Como recordaba Zarzalejos, si no hay investidura, habremos tenido cuatro elecciones generales en 48 meses de los que casi la mitad (19) habríamos tenido un gobierno en funciones. En 2016, de todas formas, la situación era muy distinta. Efectivamente era muy difícil armar una mayoría de gobierno, toda vez que el PP tenía más votos y escaños pero no tenía alianzas disponibles, Ciudadanos todavía jugaba a ser de centro y el proceso independentista estaba aún en trayectoria ascendente. La repetición de elecciones fue tenida más bien por el resultado de una situación absolutamente novedosa y complejísima, en general, que por un fracaso de los dirigentes políticos.

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En 2019 la situación es muy distinta. El resultado de las elecciones del 28 de abril es el más fácil de gestionar que ha habido desde 2011. Y además es el fruto de una enorme movilización del electorado para garantizar la democracia y sus derechos, amenazados por la extrema derecha y sus aliados. Con un resultado mucho más difícil en la Comunidad de Madrid, hemos hecho lo posible (incluso a costa de recibir caricaturas pintorescas) por articular mayorías de gobierno que expriman las mínimas posibilidades de evitar un gobierno de ultras y corruptos. La duda es si el hartazgo será sólo con PSOE y Podemos o el hundimiento de la participación afectaría también a las derechas en una realización del Ensayo sobre la lucidez de Saramago. Pero desde luego supondría una desafección con las instituciones y sus representantes incluso mayor (y esta vez en exclusiva) que la vivida durante el meollo de la crisis económica.

Escribía el otro día Javier Pérez Royo que el problema no es (sólo) el proceso de investidura que diseña el artículo 99 de la Constitución sino todo el sistema electoral construido en los años 70. Es obvio que el sistema institucional pensado para pasar del franquismo a una democracia homologable vertebrada por UCD tiene poco que ver con el pentapartidismo actual. Precisamente los instrumentos constituyentes que entonces pretendían garantizar la máxima estabilidad son hoy factores que imposibilitan un gobierno estable y un legislativo eficaz.

Las reformas institucionales que podrían responder a los enormes cambios políticos habidos en los últimos 40 años y que permitirían poner el país a andar exigirían una cultura política radicalmente opuesta a la que estamos constatando en los líderes de todos los actuales grandes partidos nacionales. Para que haya cambios en sentido progresista primero tiene que haber acuerdos muy amplios entre muy distintos para tener instituciones funcionales. Acuerdos bastante más complejos que una investidura que se antojaba sencillísima. ¿Estamos condenados a elegir entre parálisis o involución?

No se trata sólo de la necesaria puesta al día de las instituciones: la gran mayoría de las urgencias político-institucionales que tenemos por delante exige acuerdos entre distintos. Lo debemos de tener claro quienes apelamos al diálogo como camino imprescindible para solucionar el conflicto territorial. Lo deben de tener claro quienes invocan constantemente a Suárez y a la Transición pero pretenden pasear del brazo de Blas Piñar mientras se niegan a hablar con Felipe González y con Santiago Carrillo. En vez de caminar con esfuerzo hacia las difíciles soluciones a esos problemas urgentes estamos conduciéndonos hacia un colapso en el que nuestras instituciones son cada vez más disfuncionales.

¿Es una obviedad que no hace falta ni recordar que es imposible que haya gobiernos capaces de poner en marcha políticas progresistas si no somos siquiera capaces de conseguir que haya gobiernos?

Si es cierto que el ciclo electoral abre un “momento cívico-republicano” en el que la clave es aportar soluciones y no problemas y reconstruir un andamiaje institucional desde el que todo sea posible, los partidos nacionales están haciendo exactamente lo contrario de lo que la ciudadanía pareció ordenarles el 28A y el 26M.

Las diferencias políticas se dirimen en términos gigantescos: el mejor ejemplo es Ciudadanos cavando fosos y levantando murallas frente a todos mientras avivan incendios contra los fascistas que somos quienes cometamos la herejía insólita de no ser ellos mismos. No está solo Ciudadanos: quien discrepe, propio o ajeno, sólo merece la hoguera, el adjetivo grueso y el muro infranquable. No existen acuerdos sino lanzamiento cruzado de argumentarios infantiles que sólo pueden terminar con la derrota y humillación de alguna de las partes supuestamente llamadas al acuerdo. Parecemos gobernados por hijos de Trento en vez de por ciudadanos demócratas con la cabeza y la serenidad exigibles.

La amenaza de la extrema derecha, de la involución en derechos y libertades, fue detenida el 28 de abril por la ciudadanía española con una movilización histórica y ejemplar. Pero no existe mejor abono para las fuerzas reaccionarias que la melancolía, el hartazgo y especialmente la indignación concentrada en los políticos. El fracaso que parece asomar sería una irresponsabilidad histórica que generaría la orfandad política de millones de españoles que fueron a votar alarmados y ven con justísima irritación cómo sus votos se despilfarran con una frivolidad insólita y en algún caso un sectarismo contumaz que se puso de largo en la inolvidable jornada de reflexión de las municipales madrileñas.

¿Qué mensaje le van a dar los partidos progresistas al electorado si se repiten las elecciones? ¿Que los otros son unos miserables con los que no se puede llegar a acuerdos? ¿O que ahora sí podrán entenderse por alguna sorprendente? ¿No hay un solo dirigente que piense asumir responsabilidad alguna si son incapaces de estar a la altura de una ciudadanía que cumplió ejemplarmente lo que se le pidió? Están jugando a la ruleta rusa con demasiadas balas metidas en el cargador. Si fracasan en el cometido encargado por la ciudadanía, la disputa será entre los reaccionarios y quien se haya mostrado suficientemente valiente como para intentar reconstruir el diálogo entre distintos arrinconando los intereses propios y el sectarismo para aportar soluciones. Del bloqueo siempre se sale (no necesariamente para bien), pero lo que sí es más que improbable es que se encargue la salida a quien lo provoca.