La vida sigue igual

  • El Tribunal de Cuentas exonera a Ana Botella por la venta de viviendas públicas a Fidere-Blackstone que dejó en la calle o indefensas a 1.861 familias
  • "Las consecuencias de no observar esto con firmeza al llegar a las instituciones nos asimila a redes de funcionarios al servicio del poder de los caciques de toda la vida"
  • "Se trata en definitiva de plantar cara a la oligarquía y al poder o seguir bailando cada verano al son que marcan sus melodías"

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Ayer nos encontramos con una de esas noticias de mediados de julio, de las que salen justo antes de agosto, que como las canciones del verano parece haber sido producida por el mismo compositor de siempre. El Tribunal de Cuentas exoneraba a Ana Botella de las responsabilidades de la venta de inmuebles y viviendas públicas de la Empresa municipal de la vivienda a Fidere-Blackstone que dejó en la calle o indefensas a 1.861 familias en Madrid. A Fidere cada piso le salió por 70.000€ y hoy (el año pasado por estas fechas) se estimaba su precio de mercado en más de 199.000. Vamos a dejarlo ahí, ya sacan ustedes sus propias conclusiones. Un proceso irregular y vergonzante que a pesar de haber sido investigado, denunciado y rechazado por la mayoría social madrileña, termina a los pies de dos consejeros del Tribunal de Cuentas  de apellidos compuestos y de filiación política por todos conocida.

El hecho de que incluso el hijo de la exalcaldesa Botella sea consejero en varias firmas que componen el entramado societario de Blackstone, le da a este asunto un aire decimonónico de caciquismo español y  redes clientelares, de remozadas formas de las oligarquías de siempre a la cabeza de las cuales estaban, en el entorno urbano, los grandes propietarios inmobiliarios y su séquito de cooperadores necesarios. Redes capaces de retorcer la legalidad y controlar las instituciones. Imagen perfecta del sustrato rancio del orden de cosas del anterior régimen perfectamente adaptado al actual. Ese orden con el que no se puede mirar para otro lado ni ser laxo pensando que es mejor negociar o llegar a acuerdos, porque quien tiene un sentido patrimonialista del estado y de todo lo que en él se encuentra desde hace siglos, ni negocia, ni cede, ni intercambia nada.

Las consecuencias de no observar con firmeza lo anterior al llegar a las instituciones nos asimila a aquellas redes de funcionarios al servicio del poder de los caciques de toda la vida. Y cuando por un momento la correlación de fuerzas parecía haberse decantado -no sin esfuerzo- del lado de la mayoría, los efectos pueden ser demoledores. La aprobación, sin mover una coma, de la Operación Chamartín por parte del actual e histriónico consistorio del “popular” Martínez Almeida es triste prueba de ello. Convertirse en lacayos o gestores de los intereses del cacique te hacen parte de su red y crea un vacío que con suerte como mínimo se notará en las urnas.

No es transversalidad, no es sectarismo, no es pureza ideológica ni demás temas a mayor gloria de discusiones bizantinas. Son vidas truncadas, políticas públicas sustantivas, dinero público, techos que nos resguardan del frío y suelos por los que gatean nuestros hijos e hijas.

Se trata en definitiva de plantar cara a la oligarquía y al poder o seguir bailando cada verano al son que marcan sus melodías. Se trata de decidir si se permite o no que otra vez la vida siga igual.

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