AMÉRICA LATINA

¿Qué esta pasando en Colombia? Paro nacional y movilizaciones en la calle

  • "El pueblo colombiano viene reclamando cambios en los últimos años en la calle (organizando marchas, paros y mingas) y en las instituciones"
  • "La respuesta al paro ha sido caldear el ambiente y  generar miedo a la población con falsas noticias y la estigmatización de la protesta y sus líderes"
  • "El gobierno Duque, con la policía y el Esmad desató una campaña represiva contra los  manifestantes con centenares de detenidos y heridos"

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Luis Mangrané, miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

El Paro Nacional celebrado el pasado 21 de noviembre y que equivale a lo que en España se conoce como una huelga general fue la respuesta inicial a lo que popularmente se conoce como el “Paquetazo” del Gobierno del Presidente Duque, delfín del nefasto ex-presidente Uribe, y que incluye reforma tributaria (rebaja de impuestos a grandes empresas y a multinacionales), pensional y laboral, reducción del salario mínimo para jóvenes, privatizaciones, subida precio electricidad,.... Unas medidas neoliberales a las que se suma el malestar crónico contra un gobierno que acumula, desde agosto de 2018, mas de 240 líderes sociales, indígenas, ex combatientes de las FARC,etc, asesinados y que cuyo número no deja de crecer semanalmente en lo que constituye una estadística macabra, junto a casos de corrupción, extractivismo depredador del medio ambiente, incumplimiento de acuerdos.… Este paro, que ha continuado con movilizaciones sociales y protestas en los días posteriores, no surge de la nada: el pueblo colombiano viene reclamando cambios en los últimos años en la calle (organizando marchas, paros y mingas) y en las instituciones (preparando consultas populares contra el extractivismo frente a proyectos hidroeléctricos, fracking,...).

En definitiva, estas protestas son una muestra mas del “inconformismo frente a la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia estatal, la destrucción de la naturaleza, el abandono del campo y la comunidad campesina, el exterminio de los pueblos indígenas y negros, los daños a sus territorios, la crudas realidades urbanas, los feminicidios, la falta de derechos, las privatizaciones y el incumplimiento de los mínimos constitucionales en materia de derechos y de los acuerdos hechos por los gobiernos con las organizaciones y movimientos sociales”, tal y como señalan movimientos como el Congreso de los Pueblos.

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La convocatoria de la protesta generó en el establecimiento el miedo al contagio de la ola de genuinas movilizaciones populares que se extienden por Haití, Chile, Bolivia, Brasil,…., y comenzó una campaña para intentar desactivar el paro incluyendo una alocución del Presidente el día previo al paro para intentar desmentir las razones del paro. La respuesta al paro ha sido caldear el ambiente y  generar miedo a la población con falsas noticias y la estigmatización de la protesta y sus líderes, incluyendo las consabidas referencias a la injerencia extranjera del castrochavismo, el Foro de Sao y a grupos ilegales. Como parte de la campaña de persecución, el 19 de noviembre se realizaron 27 allanamientos en Bogotá y 10 en Valle del Cauca y Antioquia en contra de convocantes del paro, revistas culturales y colectivos gráficos; al día siguiente un juez declaró ilegales la mayoría de los allanamientos en Bogotá; nuevamente un falso positivo judicial con el fin de asustar a la población y negar el derecho a la libre protesta y movilización.

Resulta inquietante que estos allanamientos fueran específicamente dirigidos a revistas culturales, talleres de reproducción de litografía y una escuela de danza, como si se prefiriese que la gente, en lugar de manifestarse bailando, eligiera actitudes violentas. Nada puede resultar extraño en un país en el que en las semanas previas el Ejército borró el mural sobre los falsos positivos realizado en Bogotá y en el que aparecían las caras y nombres de los principales responsables militares de estas prácticas que fueron las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército de civiles para hacerlos pasar por combatientes de la insurgencia (unos crímenes de estado en que inocentes eran sacrificados para obtener ascensos y otro tipo de recompensas). El cenit llegó con el anuncio previo a la movilización de una serie de medidas draconianas impropias de un estado democrático ante la protesta social: el decreto 2087 por el cual se dictan medidas de seguridad para el paro nacional donde se faculta a gobernadores y alcaldes a decretar toques de queda según su criterio, militarización de las ciudades y cierre de fronteras.

Lo inusual y grave de estas actuaciones llevó a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a recordar que la protesta pacífica es un derecho humano, y expresar su preocupación respecto a la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda, y el apoyo militar para el control de orden público en el marco de la jornada de protestas y recordando que se debe limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos. A pesar de estas advertencias en diferentes ciudades se decretó el toque de queda y no se garantizó el ejercicio de la protesta pacífica.

El paro del 21 fue un éxito, desarrollado mayoritariamente de manera pacífica a lo largo y ancho del país, con una movilización de millones de personas. Sin embargo, el gobierno Duque, con la policía y el Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios) desató una campaña represiva contra los  manifestantes con centenares de detenidos y heridos. Uno de los episodios que mas temor ha generado ha sido el del vandalismo de ataques a comercios y a complejos residenciales por la noche. Sin embargo, por las redes sociales corrieron los videos en los que se puede observar como desde un camión de la Policía se descargaban a esos “vándalos” que intentan acceder a un complejo residencial. El día posterior al paro compareció para hacer balance del paro el Ministro de Defensa Holmes Trujillo, acompañado de la cúpula militar, y a su izquierda aparecía situado Nicacio Martínez Espinel, Jefe del Ejército, uno de los protagonistas de ese mural censurado, y cuyo nombramiento fue duramente criticado por la ONG Human Rights Watch (HRW) por colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a generales relacionados con los falsos positivos.

Las movilizaciones han continuado en las calles con diferentes actividades, incluyendo cacerolazos y las marchas feministas del lunes 25 (en el día la no violencia contra las mujeres).  La madrugada del 25 al 26 de noviembre se conoció la muerte del joven estudiante de 18 años Dilan Cruz que llevaba varios días en el hospital después de que el ESMAD le disparara a bocajarro en la cabeza en Bogotá. En una rueda de prensa, el Director de la Policía anunciaba una investigación y se apenaba no por el muerto sino por la truncada carrera profesional del agente policial que ha reconocido ser el autor material del hecho y, en otra vergonzosa declaración, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó el hecho como un “accidente”. El ESMAD tienen una ominosa historia de ataques a la ciudadanía que permanecen impunes, su desmonte o eliminación como cuerpo policial represivo se ha sumado a las reivindicaciones de las protestas y la muerte de Dilan lo ha convertido en un símbolo de estas movilizaciones que van a continuar ante la falta de voluntad efectiva al diálogo por parte de las autoridades, la indignación y descontento social acumulado entre la población ante la represión de las protestas y la vulneración de los derechos humanos.

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