SMI: más que un acuerdo

  • "Este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio"
  • "No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo y de vida"
  • "El diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad"

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Carlos Gutiérrez Calderón, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros por 14 pagas (1.108 por 12 mensualidades), fruto del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno, tiene unas implicaciones que desbordan su contenido. Es algo más que un acuerdo.

La subida es muy positiva. Un incremento del 5,5% respecto a los 900 euros de 2019 no es menor. Mejora las condiciones de vida de aquellos trabajadores que se encuentran en una situación salarial más complicada, que son quienes han sufrido más profundamente los estragos de la crisis económica y su gestión política. En efecto, según cálculos del gabinete económico de CCOO, dos millones de trabajadores se verán beneficiados por este incremento. Mayoritariamente mujeres del sector servicios, teniendo también un amplio impacto entre la juventud trabajadora.

Asimismo, el contenido de este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, como así establece la Carta Social Europea. Este es ya un debate que desborda las fronteras de nuestro país. La nueva Comisión Europea, con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, aspira a establecer un salario mínimo europeo en el marco de su agenda social. De esta forma se favorecería la convergencia entre los países de la Unión, se limitaría la competencia basada en el dumping salarial y permitiría luchar contra la creciente desigualdad en el viejo continente, mejorando la realidad de las millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o los conocidos como working poors -trabajadores que aun con trabajo se encuentran en una situación de privación-. No será fácil. La batalla está servida.

Pero igualmente importante es la vuelta al pacto y la concertación en el diálogo social tripartito después de un largo tiempo sin acuerdos sustanciales. El diálogo social como institución a través de la cual los agentes sociales representativos y legitimados socialmente intervienen, desde la defensa de los intereses que les son propios, en el devenir de nuestro país, es un pilar fundamental e imprescindible en una democracia avanzada. No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren claramente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora y sus familias. Sin esa capacidad de acuerdo y concertación, el diálogo social muta en una tertulia sin utilidad que deslegitima a las organizaciones de intermediación social y erosiona el sistema democrático.

Este acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno ha sido un paso importante e imprescindible. Y sin embargo queda mucho por hacer. Aumentar el salario mínimo interprofesional no es suficiente para mejorar la realidad de muchos trabajadores que sufren insuficiencia económica. Una parte de estas situaciones de penuria derivan de un modelo de contratación que promueve la rotación permanente de empleo intercalándolos con períodos más o menos prolongados en el desempleo. Un trabajador en esta circunstancia tiene muy complicado completar una jornada laboral mensual o anual para alcanzar el salario mínimo interprofesional o el salario establecido en su convenio de aplicación. De la misma manera sucede cuando un trabajador tiene un contrato a jornada parcial.

Asimismo, otros aspectos que se encuentran incrustados en nuestro marco de relaciones laborales, con el objetivo de devaluar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, deberán ser modificados: la prevalencia y la ultraactividad de los convenios; la regulación de los procesos de subcontratación; el despido de los trabajadores estando de baja; las posibilidades de descuelgue para las empresas de los acuerdos firmados; o la regulación laboral de las denominadas plataformas digitales. Y no podemos olvidarnos del IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, referencia para multitud de ayudas y subsidios que lleva años sin actualizarse. Estos son, entre otros, algunos de los elementos que tienen que ser abordados en el diálogo social con la aspiración de alcanzar un acuerdo para ser reformados.

Nadie puede, ni debe, arrogarse la capacidad de bloqueo en la negociación. Desde CCOO somos conscientes de que las reformas y los avances de nuestro andamiaje laboral que son fruto del acuerdo entre los agentes sociales, patronal y sindicatos, son preferibles porque luego tenemos la responsabilidad de aplicarlos y desarrollarlos empresa a empresa, sector a sector. Pero si no hay acuerdo, CCOO exigirá al nuevo Gobierno, por todas las vías que como organización social tenemos a nuestra disposición, que promueva las reformas necesarias para reequilibrar el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios, profundamente alterado a favor de estos últimos tras las últimas reformas laborales, y para poder corregir la creciente desigualdad y precariedad que carcomen la sociedad y la democracia.

En tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que cunde el miedo al futuro, el diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad. Demostrando capacidad de diálogo, negociación y acuerdo para luchar contra los que son los principales desafíos de nuestro país: la desigualdad y la precariedad. En caso contrario, en caso de bloqueo, CCOO exigirá que el Gobierno actúe en beneficio de la mayoría

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