Reformas en pandemia: hablan de reformas y piensan en recortes

Por fin la Unión Europea se ha dado cuenta de lo que se juega en esta pandemia y ha puesto en marcha un potente impulso público para la recuperación. Se trata de la solidaridad, la que empieza por uno mismo y que se parece bastante al instinto de conservación, precisamente después del Brexit y en plena crisis provocada por virus el sars_cov2. Sin embargo, todavía quedan reflejos de los resabios austericidas del pasado, fuera y dentro de nuestra propia casa.

También en la crisis económica de 2008, y aunque su origen estuvo en el sector privado financiero y en España en el urbanismo especulativo, como quiera que lo público hubo de acudir al final a su rescate socializando perdidas (otra vez), enseguida empezó la derecha con la estrategia de señalamiento de las Administraciones y del conjunto del sector público como falsos causantes de la crisis, para luego legitimar su recorte y sus externalizaciones y privatizaciones.

Finalmente, los grandes recortes y retrocesos afectaron mucho más a quien sufrió la crisis o la contuvo, que a aquellos que la provocaron, como el sector financiero o el inmobiliario. La contrarreforma laboral y los recortes de las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el sector público dan buena cuenta de ello. El resultado, una sociedad aún más desigual, más precaria y pobre, y en definitiva menos sociable. Una sociedad más insegura y desconfiada en la capacidad de la política y de lo público en mejorar la vida.

En la actual pandemia, cuando todavía no acabamos de llegar a la nueva normalidad, pero intuíamos sus riesgos, ya van dejando de oírse los aplausos a los sanitarios y a los trabajadores de los servicios esenciales, y hay quien aprovecha el silencio para empezar, una vez más, con las llamadas a rebato para el asalto a lo público.

Aunque, por ahora, tanto el sistema sanitario como las residencias de mayores parecen protegidos por la opinión pública y la persistencia de la pandemia. De hecho hasta la comisión de reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados baraja un acuerdo, que si bien será de mínimos, incluiría materias hasta hoy olvidadas como la investigación, la salud pública o la industria sanitaria, junto con el reforzamiento de los flancos débiles que los recortes y las privatizaciones han provocado en las infraestructuras, los equipos y las precarias condiciones laborales del sector sanitario y de atención a la dependencia.

Sin embargo, al calor del debate que se ha abierto en relación a la condicionalidad del importante paquete de las subvenciones de reconstrucción europeas, los llamados países frugales (que luego no lo son tanto) así como las derechas españolas, pero no solo, han aprovechado para introducir de nuevo de rondón el debate de los recortes y privatizaciones junto al eufemismo de las reformas.

Pero todavía hay quien se extraña de las reticencias y sospechas que la palabra reforma provoca en buena parte de la sociedad española. Y no solo por lo que aseguraba Maquiavelo, en relación a las resistencias de los afectados y los inseguros ante los posibles efectos de las mismas, sino porque, hasta ahora, al igual que términos como consolidación fiscal o modernización, ya desde las reformas estructurales de los setenta en América Latina, han tenido más que ver con los recortes de prestaciones sociales, la pérdida de derechos y la involución política, que con el progreso. Una impresión que ha venido a confirmarse con la carta del gobierno holandés en la que, con la ayuda inestimable del grupo popular europeo, apunta entre otros al mercado laboral y las pensiones públicas como oscuro objeto de su deseo.

Ahora resultaría que aunque muchos hemos sido conscientes de la crisis de salud pública y de coordinación sociossanitaria, así como de la fragilidad provocada por los recortes y las privatizaciones, en esta crisis se han visto también otras carencias en materias tan dispares como los sistemas de información, nuestra política de compras y contrataciones, el modelo de trabajo excesivamente presencial, así como nuestra escasa investigación y la aún deficiente digitalización...atribuibles para los sectores neoliberales a los viejos hábitos burocráticos de la Administración, centrando el foco en el manido recurso de la aplazada reforma de las administraciones públicas.

Una iniciativa que cuenta ya con el apoyo entusiasta del empresariado, ante lo que denominan los obstáculos al emprendimiento y la urgente necesidad de mayores facilidades para el ahorro, la inversión y el empleo. Algo que también ocurrió tras la última recesión económica.

Hay que recordar, sin embargo, que desde entonces las convocatorias y los contratos públicos se rigen por una ley actual que traspone recientes directivas europeas y cuyo principal objetivo es conciliar la iniciativa, la competencia, la transparencia, con la sostenibilidad social y ambiental y la lucha contra la corrupción.

De nuevo la transparencia y la eficacia, se vuelve también a contraponer a los principios de la igualdad, el mérito y la capacidad de las administraciones públicas al igual que a la flexibilidad, la innovación y la modernidad del sector privado. Y asimismo se destaca el retraso en la digitalización de las Administraciones, como consustancial a la rigidez de las mismas, más que a la escasez de sus presupuestos.

Porque, al parecer, el problema no ha sido que estas materias no han formado parte de nuestras prioridades políticas ni presupuestarias, ahora resulta que el problema seria la Administración y su burocratización esencial, y que por tanto la solución estaría por contra en lo privado, asimilado a la flexibilidad, la agilidad y la tecnología. Solo así, según ellos podremos afrontar los retos sanitarios, sociales y de reconstrucción en un contexto de crisis.

Se deduce, por tanto, que no quieren ni oír hablar de incrementar los ingresos mediante la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la reducción de las abultadas bonificaciones y exenciones, y mucho menos de hacer más justo y eficiente el sistema impositivo, convertido en un queso de gruyere, como consecuencia de sucesivos retoques por los que se cuelan las muy grandes, grandes y medianas fortunas. Tampoco sería cosa armonizar los de las grandes compañías tecnológicas, por si acaso los mercados se asustan porque ya no podamos competir en precariedad laboral o en una baja fiscalidad para grandes empresas y plusvalías.

Lo que todavía no se dice, pero se deduce, es que el espejo en que hay que mirarse es la eficacia y eficiencia inherentes al sector privado, que resulta un axioma intemporal que no necesita demostración y que al parecer, al contrario que el sector público, no se ha visto afectado ni mucho menos confrontado por la pandemia. Es poco menos que autosuficiente. Sin embargo, no deja de sorprender que vuelva a repetirse la misma historia de la última crisis económica: ya que sin los ERTEs, las suspensiones de actividad en el caso de los autónomos, las medidas sociales como el ingreso mínimo vital y ahora los planes sectoriales para el automóvil o el turismo...el confinamiento y ahora la vuelta a la normalidad se hubieran convertido en una enorme destrucción de tejido productivo y en una tragedia social insostenible. Todo ello, con la gran diferencia de que la prioridad esta vez ha cambiado de bando, del rescate financiero al rescate social.

De nuevo ha tenido que aparecer el malvado papá Estado a salvar la economía libre de mercado, que no está para las crisis, aunque les sean consustanciales, sino solo para crecer y repartir beneficios a sus accionistas, mientras se deteriora el empleo, el medio ambiente y con ello la calidad de vida de los trabajadores.

Por eso, lo que esta crisis debería suscitar es también un análisis y los cambios consiguientes, al menos en paralelo a lo público, sobre el sector privado. Uno se pregunta cómo es que siendo tan grande su eficiencia, es sin embargo tanta su debilidad, como para no poder resistir una interrupción de tres meses de actividad y necesita recurrir siempre al apoyo público para volver a salir adelante. Una eficacia y eficiencia en entredicho. Y cómo es posible que a pesar de estos abundantes apoyos, éstos sean considerados siempre insuficientes para la recuperación pero excesivos cuando se trata de sufragar la deuda generada mediante la aportación solidaria de los impuestos

Por lo tanto, no es que no consideremos necesaria y oportuna la modernización del sector público, sobre todo si pretende ampliar la cobertura y la calidad de los servicios a los ciudadanos, mejorar las condiciones de los trabajadores públicos, su promoción y su participación, así como la transparencia y el buen gobierno. Todo lo contrario. Pero en paralelo consideramos urgente la modernización empresarial y también del sector privado y por tanto que las reformas sociales y laborales se acompasen con las reformas empresariales. Ambas deben ser complementarias.

Pero desde luego no para hacer pasar, una vez más, los recortes sociales y laborales y las privatizaciones (con alguna mordida de por medio) por reformas y modernización.

Se trata de relanzar el país con un esfuerzo compartido, pero lo más cerca posible del clásico aforismo 'de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades'.