El Papa Francisco insiste: “Ningún trabajador sin derechos”

Ignacio Izaguirre Fernández

El 24 de mayo de 2015, en la primera encíclica que escribía íntegramente, “Laudato sí”, el Papa Francisco manifestaba la importancia de que la política en ningún caso estuviera subordinada a la Economía. Es más, declaraba en su capítulo quinto: “necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana”.

Siguiendo la misma línea, a principios de 2020 y a través de la denominada “Carta a los movimientos populares”, el Papa insistía en poner en valor la vida de todas las personas y, en concreto, de los más débiles y vulnerables, subrayando el papel que asumen aquellos trabajadores con menos derechos: “Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento... y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Con estas dos citas, con un lustro de diferencia, el Sumo Pontífice sigue insistiendo en la importancia de dar valor a la vida humana con derechos, con libertades y, concretamente, con un salario universal, tan cuestionado en España en estas últimas semanas. Una renta que otorgaría a las personas más débiles y con falta de oportunidades los recursos necesarios para poder vivir dignamente. De este modo el Papa hace hincapié en la necesidad de la disminución de las desigualdades sociales, así como ocurría en Italia: “los invisibles serían menos invisibles”, y, de igual modo, en la necesidad de que toda la ciudadanía pueda acceder a bienes y servicios básicos, para cubrir como mínimo, el primer nivel de la olvidada pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas.

Muchos expertos han analizado a fondo lo que supondrá este Ingreso Mínimo Vital en España; unos argumentan que se producirá una cohesión social y mejora de las condiciones laborales debido al aumento en el poder de negociación, y otros discrepan con el Real Decreto-ley 20/2020 que se publicó en el BOE el pasado 1 de junio, razonando que esta renta producirá un desequilibrio presupuestario y, además, podría provocar un desincentivo para los desempleados que estarían buscando trabajo, ya que ello supondría su “acomodamiento”.

En todo caso, desde el Gobierno se manifestaba que con esta ley lo que se pretende es configurar las prestaciones como un derecho subjetivo y así proteger a las personas con menos recursos, evitando con ello la estigmatización actual de las prestaciones no contributivas y haciendo necesaria esa separación entre pobreza e inserción laboral, tal y como ha destacado Isabel Franco, portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), y sin haber tenido en cuenta las graves consecuencias de la crisis sanitaria actual, los dos posibles modelos a implantar gradualmente de ingreso mínimo en los próximos tres años tendrían un coste final de aproximadamente 3.500 millones, aumentando el déficit en un 0,1 % del PIB al año, con la posibilidad de contrarrestar este exceso de gasto con otras partidas y reduciendo así la tasa de pobreza severa de un 6,9 % a un 2,7 %, mejorando con ello la media europea que se coloca en un 3,5 %.

Retomando las palabras iniciales del Papa Francisco en su encíclica sobre el cuidado de la casa común, de nuevo en el capítulo quinto expresaba y advertía que “la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia”.

Ante esta conclusión realizada en 2015 y la más que posible crisis económica mundial que se avecina al mundo debido a la pandemia de la covid-19, ¿está el ser humano ante una nueva oportunidad de poner en el centro de la economía las necesidades de los seres humanos?, ¿o de nuevo los gobiernos y los poderes privados antepondrán sus intereses económicos particulares, como ocurrió por ejemplo en España con el rescate a los bancos en 2012? Estas preguntas, de difícil respuesta a día de hoy, nos invitan a reflexionar sobre el modelo económico mundial actual, un sistema en el que la producción pocas veces tiene que ver con las necesidades reales de las personas, generando abundancia de algunos bienes y escasez de otros, debiendo tenerse en cuenta también el coste medioambiental que ello conlleva. Por tanto, ¿será el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, una oportunidad para que el régimen económico actual basado en el predominio del capital cambie su visión para repensar los criterios obsoletos que rigen al mundo?, ¿o de nuevo la solución pasará por el capitalismo alentado por la visión consumista del ser humano?

Lo que parece evidente es que, una vez más, los primeros que han sufrido las graves consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19 han sido los más débiles, vulnerables y menos protegidos por la sociedad. Por tanto, sin tener claro a día de hoy si existirá una renta básica de manera permanente o solo en circunstancias o momentos temporales concretos, desde muchos ámbitos de la sociedad reclaman a las instituciones públicas que actúen en favor de las personas descartadas por el sistema.

Esperemos así que economistas, políticos y demás poderes fácticos, reconozcan sus propios errores y encuentren un camino de interacción orientado al bien general. En palabras del Papa Francisco, en su encíclica por la casa común, “mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que la unidad es superior al conflicto”.

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