Llamadas a la responsabilidad (¡qué idea!)

Mientras la pandemia gana la partida a nuestra sociedad, en un escenario de enfrentamientos partidistas degradados, será inevitable que la ciudadanía, perpleja e indignada, fuerce cambios significativos en varios ámbitos, pese al visible descabezamiento político en que se encuentra. Que de la incompetencia general ante el virus se quiera desplazar la culpa a los que lo sufren con la petición de que se comporten con responsabilidad, no hace más que agravar el alejamiento entre responsables y sufrientes, ficción y realidad. El caso de los dirigentes de la Comunidad de Madrid, en abierto desafío a la sensatez y al Gobierno de España, que pone de relieve la situación peculiar, delicada y estratégica de la capital (único extremo en el que parece haber consenso), lleva a considerar la autonomía madrileña como estorbo (más que desafío), absurda (más que inevitable), escandalosa (más que mal menor) y perniciosa (más que inútil); y a pensar seriamente en reconvertirla en distrito especial, no autónomo, dependiente en lo esencial del Gobierno central.

La petición insistente a una opinión pública tradicional y generalmente indisciplinada (el “genio español”, oiga) y a una juventud a la que no se le suministran desde hace décadas motivos ni medios para ser solidarios socialmente, interesados políticamente y confiados en un futuro digno, más bien refleja una actitud de fuga y disimulo de responsabilidades propias. En esta segunda fase de la pandemia por el coronavirus, de desconcierto generalizado y asumida la imposibilidad de volver al confinamiento general, sean cuales sean los costes (incluyendo los humanos) que nos imponga la expansión y el castigo de este virus, se apela desde el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y otros sectores, a la responsabilidad de los ciudadanos, es decir, a que el individuo español acentúe su reconocimiento de que la pandemia depende esencialmente de su actitud y sobre todo de su comportamiento. Un comportamiento que se supone que es el social, es decir, el que tiene en cuenta a los demás, no sólo a quienes nos acompañan en nuestro entorno inmediato, sino a aquellos con los que interactuamos o coincidimos, es decir, a toda la sociedad, ya que el riesgo y el peligro son los mismos para todos, y dado que nuestra actitud influye y afecta a la colectividad nada menos que en su salud.

Todo eso –la descripción del mal, las obligaciones cívicas– es verdad, pero adolece de profunda ilegitimidad expresiva y también política. Lo que nos sucede viene a continuación de años y años de feroz desarme de los gastos sociales, un proceso simultáneo con el cínico cacareo de los objetivos del Estado de bienestar, y muy concretamente en sanidad y educación. Después de ese sostenido impulso a la esfera privada en ámbitos esenciales, de la liberalización de la gestión y, lo peor de todo, de la reducción de personal sanitario en sectores de gran influencia en la calidad de vida, resulta que se nos quiere atribuir una responsabilidad (personal) decisiva en la evolución de la pandemia, en conexión directa con esa creencia liberal profunda de que la culpa siempre la tienen los afectados (tanto si es en la enfermedad como si es en la pobreza): así que a las víctimas de los efectos de esas políticas antisociales, acometidas o consentidas por quienes reclaman un comportamiento social decisivo, se les pide responsabilidad (sin reconocer los efectos de esos recortes y agresiones, es decir, sin querer ver la viga en el ojo propio).

De la misma forma que este capitalismo maduro, liberal y neoliberal, invasivo y represivo, antepone la seguridad frente a la libertad cuando se ve en peligro, ya que la libertad para él no es más que un lema utilitario y provisional, ahora, incompetente ante la pandemia, incapaz de organizar la sociedad controlando la vida económica, opta por la libertad frente a la salud… ¡Y se nos pide responsabilidad cívica! Como si pudiera ocultarse toda una “cultura” de fomento directo e indirecto, expreso o tácito del egoísmo, la insolidaridad y el sálvese quien pueda, esencia confesada del liberalismo histórico: que los vicios privados hacen las “virtudes públicas”…

En este sentido, no pueden rechazarse, sin más, la oleada de protestas contra las limitaciones impuestas desde el poder, que tratan de impedir el lavado de manos de los verdaderos culpables de la situación. “Primero se nos abandona y ahora se nos encierra”, se oye en ciertos barrios del sur de Madrid.

Esta incongruencia, digna del más claro rechazo, se evidencia sobre todo cuando las llamadas a esa responsabilidad van dirigidas a las generaciones jóvenes cuando se ha comprobado que su indiferencia ante la pandemia les convertía inmediatamente en vulnerables y en grupo de riesgo: de riesgo sanitario, además de serlo socioeconómico, pero no se les señala como grupo de riesgo político, ni siquiera cultural, dada la probada indiferencia, cuando no derechización, ante los asuntos políticos y sociales de una sustancial fracción de ellas. Esta indisciplina es ya muy difícil de revertir, ya que el consumismo y la despolitización las hace víctimas de la intoxicación por mitos de futuro sin asidero real, y ya no es nada fértil el campo en el que caen esas llamadas a la responsabilidad. El estímulo a la despreocupación y el egoísmo, “animado” por una prosperidad tan engañosa, ha hecho a estas generaciones confiadas y crédulas de las promesas de bienestar y de progreso en un mundo que las publicita impunemente; y así es como se vienen estrellando contra situaciones carentes de atractivo.

Anotemos, en el balance que hay que extraer de este drama sanitario, que no sobra materia crítica para construir algo nuevo y distinto, como exige cualquier proyecto de supervivencia digna que, vista la profundidad y trascendencia de nuestras últimas crisis, resulta una tarea esencialmente reservada a los jóvenes

Si de irresponsabilidad hay que hablar, en estos momentos hay que alarmarse por el indescriptible papel representado por la Comunidad de Madrid, singularizado en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso que, revelándose con constancia como una mujer ignorante y provocadora (que declara la preeminencia de los negocios sobre la salud), ya está haciendo buenas a sus inolvidables antecesoras, heroínas de la cepa femenina del PP madrileño. Es de esperar que, como ellas, se marche con tacha.

El pulso que esta mujer ha decidido sostener con el Gobierno de Madrid tiene estupefactos a la opinión pública, no sólo la madrileña, y sería bueno que esta actitud catastrófica puede marcar algunos de los cambios políticos que la pandemia ha de entrañar en nuestro ordenamiento político; y uno de aparente urgencia es el de la insufrible Comunidad de Madrid, sobre cuya justificación no hay más remedio que reflexionar bien, rápido y con efectos. Los problemas que plantea la señora Díaz Ayuso en una Comunidad autónoma que –insistimos– todo el mundo considera trascendente para España entera, van mucho más allá de su color político y deben enmarcarse en las propias circunstancias de la creación y la historia de esta entidad autonómica, tratando de olvidarnos de la caótica presencia de su presidenta y de su partido, y deben anotarse en la lista de revisiones legales y hasta constitucionales a introducir para adaptarnos a las duras realidades que se nos vienen encima. De ahí que debamos preguntarnos ahora –ya que en torno a 1978 no lo hicimos con seriedad ni serenidad– por la motivación objetiva de la existencia de esta Autonomía madrileña, que no es nada fácil encontrar.

Es injustificable, en primer lugar, porque no puede ser universal, ni en el tiempo ni en el espacio, aquel “fundamento” en el que se basó el actual Estado autonómico: aquello del “Café para todos”, que la historia de la Transición atribuye al presidente Suárez pero que, tras iniciales reticencias, fue coreado por todos los grupos políticos menos los nacionalistas y los ultraderechistas. Aquella decisión, profundamente irresponsable, tenía una validez determinada y también conflictiva, y nadie seriamente podía pensar que pudiera, con sentido global, superar el medio plazo, como ahora comprobamos. La autonomía para todas las regiones de España (con creaciones caprichosas, oportunistas y hasta chuscas, que no voy a citar) fue la decisión adoptada por los partidos mayoritarios para frenar las legítimas aspiraciones de regiones que sí tenían derecho a la autonomía: Cataluña, País Vasco y (menos convincentemente) Galicia, diluyéndolas y quitándoles fuerza, y malversaba una realidad muy sustantiva de la historia y la política españolas, aplazando el problema sin resolverlo.

Carece de respaldo objetivo la autonomía madrileña, en segundo lugar, porque no hay nada en la historia de Madrid o provincia que lo justifique, y quisiera separar esta consideración de los atropellos de los actuales dirigentes de la Puerta del Sol, aunque sea inaceptable el riesgo de choque y enfrentamiento políticos como el actual.

Y, finalmente, y dadas las pruebas que en estos momentos estamos viviendo, Madrid no debe quedar en manos de políticas particulares que puedan perjudicar a España entera, lo que es muy lógico y ahora todo el mundo empieza a resaltarlo. Este es un problema común en Estados complejos, y su solución adopta la forma de un distrito federal, o de nombre y estatus equivalentes, en cuyo devenir hay que descartar que pueda alterar u obstaculizar las políticas o intereses estatales. Y puesto que se achaca la desastrosa gestión de la pandemia en Madrid a sus “especiales características”, entre las que se viene citando (por resumir), el que “todo el mundo entra y sale por Madrid”, hagamos las cosas bien y dejemos que España entera vote por la continuidad o no de esta autonomía desesperante.

Añadamos que el futuro no es autonómico sino centralista y fuertemente coordinado, ya que es de emergencias, traumas y tragedias. Las tareas futuras han de incidir en reducir diferencias, es decir, igualar y homogeneizar en derechos y servicios, descartando situaciones de pésima gestión o de injusticia por burocracias irresponsables o enloquecidas. Así que, autonomías, las justas y verdaderas.