Presupuestos 2021: solamente un primer paso, pero un buen primer paso

No.

No hemos acabado con la bestia neoliberal que utilizó las políticas austericidas para socializar las pérdidas a costa de arrebatar derechos económicos y sociales a la clase trabajadora. Pero seamos conscientes que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado ofrece una forma diferente a la hora de abordar una crisis económica desde las administraciones públicas. Y más todavía si comparamos con lo que hemos vivido hace una década.

No resuelve todos los problemas pero es un primer paso y muy importante para construir un nuevo sentido común que subordine el interés de unos pocos frente al de todas y todos. Ya era hora que se pusiera el foco más en los de abajo que en los de arriba.

Los datos están ahí. El presupuesto de gastos consolidado crece un 19,4%. Se trata de un incremento de 89.444 millones de euros con respecto a 2020 y de esa cifra la cuarta parte ira a aumentar el gasto social que ha subido 22.394 millones (el 10,3%). Hace falta mucho más pero esto no tiene nada que ver con la forma de abordar la recesión con la que nos obsequiaron, primero el PSOE hasta 2011 y luego el PP hasta la moción de censura de 2018.

Frente a una derecha en la inopia que, a regañadientes señala que las mejoras solo vienen por las transferencias de la Unión Europea, hay que resaltar que esa vía supone un 30% del incremento, 26.634 millones pero el 70% restante, es decir 62.810 millones de euros, proviene de la voluntad política expresa del gobierno de coalición para abordar la complicadísima situación económica.

También los augures adelantan la insostenibilidad de un presupuesto que crece muchísimo asentado en la deuda pública. Pues bien, más allá del volumen de la misma que no será nunca un problema mientras el Banco Central Europeo defienda a sus accionistas, lo que nos debe importar es la evolución del servicio de la misma, de su coste anual. Y este únicamente se incrementará un 0,4%, 128 millones de euros. Solamente el 0,14% del incremento consolidado del gasto. Por decirlo de otro modo, por cada euro adicional destinado a afrontar pagos de la deuda, se destinarán 175 euros más de crecimiento del gasto social. Si yo pregunto a la gente de mi barrio, me dirá que merece la pena.

Por esto no dudo que la herramienta presupuestaria tendrá un impacto muy significativo en la consolidación de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social y contribuirá a proteger a los colectivos más vulnerables ante el embate de la crisis detonada por el Covid-19.

Porque aspectos escondidos dentro de las miles de páginas de las que está compuesto el Presupuesto, mejoran la vida de los más débiles. En ese sentido es extraordinariamente positivo el incremento del 5% del IPREM, el indicador que se utiliza para calcular rentas y subvenciones para las personas más vulnerables. Se trata de una subida cinco veces superior a la última realizada muestra muy a las claras la apuesta del Gobierno de coalición para poner en el centro de las preocupaciones económicas y políticas a quienes corren mayores riesgos o están ya en un situación de especial dificultad.

Girar en redondo para ampliar la protección del Sistema de Dependencia, con un incremento del 46% en la aportación del Estado (más de 600 millones) es otro aspecto muy positivo. Como también impulsar con más de 700 millones inversiones que mejoren la atención a las personas mayores. Por su parte el Ingreso Mínimo vital aumentará en un 19,9% hasta alcanzar una dotación presupuestaria en 2021 de 2.988 millones de euros y del que se beneficiarán unas 850.000 familias. En relación a esta prestación hay que decir con voz alta y clara que no hace falta solo más dinero. Es imprescindible que se agilice la gestión y se actúe para evitar que algunas comunidades autónomas aprovechen la ocasión para retirarse de su obligada lucha para atender a la gente más vulnerable. En ese mismo sentido va el crecimiento de un 20% del presupuesto del Ministerio de Trabajo, casi 4.800 millones más para afrontar todos los subsidios y prestaciones implementadas a raíz de la pandemia y que en total dispondrá de 25.012 millones.

Durante esta emergencia sanitaria PP y Ciudadanos, con el auxilio imprescindible de Vox han incrementado el presupuesto de sanidad en Madrid un 1,3%. En contraposición a este rácano crecimiento, el Presupuesto del gobierno de coalición incrementa estos fondos un 75,3%. 110 millones que, por cierto, le ha pasado el gobierno central, frente a 3.149 millones, un tercio de los cuales se destinarán a la compra de vacunas contra el Covid19.

Las partidas destinadas a Educación crecerán en 2021 más de 2.000 millones de euros hasta alcanzar 4.893 millones de euros, un 70,2% más que en 2020. De ese total, 2.090 millones se destinarán a becas. La dotación para el sistema general de becas y ayudas al estudio asciende a 1.984 millones de euros, un 35 por ciento más que en el año anterior, que supone el incremento más importante de los últimos años. También se impulsa un Plan de Modernización de la FP para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes que contará con 1.500 millones.

No menos importante es la inyección de 1.772 millones de fondos adicionales para políticas de vivienda, un incremento del 367,9%, hasta alcanzar 2.253 millones.

Casi 10 millones de pensionistas verán cómo su pensión se revaloriza con el IPC (un 0,9%), y las 450.000 personas que cobran pensiones no contributivas tendrán un incremento superior (el doble, 1,8%). El gasto en política de pensiones aumenta en 5.085 millones de euros, el 3,2% más que en 2020. También el sueldo de los empleados públicos se revalorizará el 0,9%.

Las transferencias a otras administraciones públicas se incrementarán en 17.893 millones de euros, un 34,1% hasta alcanzar los 70.288 millones de euros.

Actuar para mejorar las posiciones de los productores y, no menos importante, mejorar las condiciones de vida de la población que vive de la agricultura y la pesca es inaplazable. El presupuesto aumentará en 781 millones, un 10%, alcanzando los 8.405 millones de asignación.

Cultura dispondrá de 1.124 millones de euros, un 24% más que en los últimos ejercicios. La promoción y la cooperación cultural y el libro y las publicaciones culturales son las dos partidas del sector cultural que más crecen en las previsiones del Gobierno.

El Plan de impulso al sector turístico, ese monocultivo en el que basamos gran parte de nuestra actividad económica, estará dotado con 4.262 millones de euros, elevando a casi 20.000 millones de euros el monto total que ha puesto el apoyo del Gobierno al sector, ya que desde el inicio de la pandemia se han venido implementando diferentes medidas de choque para apoyar el turismo de nuestro país, y que han beneficiado tanto a trabajadores como a empresas.

También se invertirán más de 5.500 millones de euros en el impulso de las energías renovables, la rehabilitación inmobiliaria, el coche eléctrico y la instalación de puntos de recarga. La transición ecológica no puede esperar a que pase la pandemia. Las inversiones en materia de I+D, inteligencia artificial y capacitación digital superarán los 12.300 millones, impulsando la innovación y la productividad de nuestro tejido empresarial.

En definitiva, estos Presupuestos para 2021 permitirán actuar de forma decidida contra la pandemia e impulsar la reconstrucción y transformación económica, protegiendo a la mayoría social.

Pero no es suficiente. No son nuestros presupuestos porque lógicamente reflejan la actual correlación de fuerzas en el Gobierno de coalición. Cierto es que las cuentas públicas presentadas son ambiciosas y atenderán muchas de las prioridades esenciales para las que la gente pide respuestas.

Pero aunque son un primer paso, se quedan lejos de nuestras aspiraciones en materia de justicia tributaria. Bienvenidos los avances para que las grandes empresas, los grandes patrimonios y las grandes rentas contribuyan más de una vez al conjunto de las políticas públicas que benefician a la mayoría social, pero las medidas que incluye este proyecto de presupuestos muestran claramente el temblequeo de piernas que le entra al PSOE cuando se trata de hablar de tú a tú con las élites de este país.

Porque aunque se avanza para mejorar la justicia fiscal en Impuesto de Patrimonio: incremento del 2,5% al 3,5% para fortunas de más de 10 millones o en el IRPF: subida de 3 puntos para rentas del capital superiores a 200.000€ y de 2 puntos en rentas del trabajo por encima de 300.000, eso no revertirá los enormes privilegios que disfrutan quienes más tienen. Sin ir más lejos, en este país las personas más ricas obligadas a tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio pagan una media del 0’16% sobre lo que poseen. Ni más ni menos que 96 veces menos que la tributación que tiene el consumo a través del IVA, que es de media el 15’3%. Y los 206 mil contribuyentes que más tienen, van a seguir siendo tratados como reyes. Ese 0’5% seguirá teniendo privilegios inadmisibles porque manda mucho sin necesidad de presentarse a elecciones. Las 100 personas más ricas de España acumulan 148.200 millones €. Y a la inmensa mayoría de ellas no les afectará la subida tributaria adoptada porque se acogen a la guarida fiscal implantada por el PP y Ciudadanos en Madrid para no contribuir. Casi todas las bonificaciones al Impuesto sobre Patrimonio se concentran allí. Desde 2011, el PP ha regalado a los más ricos (10 millones de patrimonio medio), 8.052 millones de euros. No es raro que luego hagan donaciones, algunas veces a la sanidad pública y otras muchas a la caja B del PP.

Cuando hablamos de hacer una reforma fiscal que haga que paguen los ricos, escucharéis a la prensa más influyente decir que “ahí no se obtiene recaudación”. Mienten. Simplemente con eliminar las bonificaciones implementadas por Madrid se obtendrían 1.000 millones. Si además de acabar con los regalos fiscales de Madrid a sus 18.587 ricos, hiciéramos que los de todo el país tributasen de media un 1’5% de su patrimonio total, conseguiríamos 9.195 millones más de recaudación anual, casi un 7% más de los actuales ingresos corrientes de las CCAA. Por tanto, hacer que las grandes fortunas tributen de media el 1’5% de su patrimonio, es decir, 10 veces menos en porcentaje de lo que paga una familia por IVA, no es confiscatorio. Es de justicia. Supondría recaudar el triple de lo presupuestado en Ingreso Mínimo Vital euros.

No basta con subir los tipos como se ha hecho. Hay que cambiar las leyes que regulan los tributos cedidos para que en ningún caso puedan servir para obsequiar a los millonarios y hacer dumping fiscal al resto de Comunidades Autónomas. O recargo estatal para evitarlo o rescate del impuesto.

Y en el IRPF, tres cuartos de lo mismo. Que el PSOE se haya resistido a muerte a incrementárselo a quienes ganan 10.000 euros al mes y solo haya aceptado subírselo a las personas que perciben 25.000 euros al mes, no es precisamente una buena noticia. Preguntad en vuestro entorno cuántas personas están en esa “preocupante” situación. Tendríais que rebuscar mucho porque solamente son el 0,5% de los contribuyentes.

En esa misma línea hay que lamentar que vayamos a tener una insuficiente “Tasa Tobin” en 2021. Porque no gravar los derivados, es decir, las operaciones financieras más especulativas, es una mala decisión. Dejar fuera del tributo a instrumentos como futuros, opciones, warrants, certificados, contrato compra-venta de opciones o CFD supone privilegiar precisamente a las operaciones más dañinas para la economía real. Al final estarán gravadas solo un 3% de las operaciones que deberían estar sujetas. Incluso haciendo una previsión de reducción del 60% de las operaciones más especulativas, se podría ingresar con el ITF 18 veces más de lo que Hacienda prevé ahora. Incluso este impuesto sobre transacciones financieras “de mínimos”, ha contado con la oposición de PP, Ciudadanos y Vox que siempre al lado de los ricos, se han opuesto a que las operaciones financieras tributen a un tipo 20 veces inferior al que lo hace una barra de pan.

Como hemos dicho hasta ahora, el Proyecto de Presupuestos de 2021 trae buenas noticias pero hay aspectos que urge modificar en la tramitación.

Además de la tímida reforma fiscal, la Oferta de Empleo Público se queda lejísimos de lo que sería necesario. El PSOE se ha empeñado en que siga rigiendo la tasa de reposición por los criterios de 2018, los del PP (100% en sectores prioritarios y el 75% en los restantes). El resultado es una creación neta de empleo público de 1.273 efectivos, sin tener en cuenta fuerzas de seguridad. Al ritmo fijado para 2021, harían falta 36 años para recuperar el empleo público de 2008. Y es que entre ese año y 2020, la administración pública estatal ha perdido 51.963 efectivos, el 9,13%. El panorama es desolador porque el 17,9% de los empleados públicos tiene más de 60 años, el 72,57% se encuentra entre los 40 y los 59 años, y sólo el 9,51% tiene menos de 40 años. En 10 años se jubilará el 51,2% de los funcionarios de la Administración General del Estado. No podemos pedir eficiencia en la concesión de ayudas sociales, rapidez en gestión de ERTEs, respuesta veloz en políticas preventivas de salud pública y mejoras en la lucha contra el fraude fiscal, si no reponemos a mayor ritmo las plantillas estatales desmanteladas por el letal efecto de las políticas de la derecha.

Y tampoco podemos sentirnos satisfechos con el mensaje lanzado a una sociedad mayoritariamente escandalizada con el comportamiento del Rey emérito y de su hijo, beneficiario del fraude tributario y blanqueo de su padre. Porque aumentar un 8% el presupuesto de la Casa del Rey para el próximo año es cuantitativamente poco importante. ¿Qué importancia tienen 740 mil euros frente al incremento general del gasto?

Pero cualitativamente ese 0,0008% de la subida del gasto público, le duele a todo aquel que se ha indignado con que el Jefe del Estado se haya dedicado, mientras la mayoría social sufría una brutal crisis, a amasar una fortuna por la que no ha tributado.

Tampoco nos podemos sentir satisfechos porque el presupuesto del Ministerio de Defensa propuesto para 2021 sea de 10.863,17 millones de euros y tenga un aumento del 6'5% respecto a 2020, sin contar partidas repartidas en otros ministerios. Ruboriza pensar que se dediquen ingentes cantidades a programas especiales de armamento y haya carencias en medios para abordar la pandemia. Con los 2.800 millones de euros que ha costado adquirir los blindados Leopard, se podrían haber comprado más de 100.000 respiradores. Preguntemos a la gente qué es más útil para salvar vidas…

Por último y no menos importante los recursos presupuestarios destinados a Cooperación para el Desarrollo solamente se han incrementado para 2021 un 20%, 112 millones de euros adicionales. Pero es que era imprescindible aumentar el actual en 900 millones de euros para alcanzar el 0,5% de la Renta Nacional Bruta. No nos hemos quedado ni a mitad de camino. Y es imprescindible actuar porque la realidad de nuestro planeta nos lo impone. En 2019 España tuvo la mitad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que en 2008 y el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) se ha visto reducido en dos de cada tres euros de los que tenía en 2011 y la ayuda humanitaria es seis veces menor actualmente que en 2008.

Por lo tanto, veamos este Proyecto de Presupuestos como un paso adelante pero ahora queda lo más importante. En primer lugar, hay que conseguir que sean las cuentas de todo el bloque de investidura y de la mayoría social de este país. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes del verdadero horizonte. Y ese no es gestionar el capitalismo destructor que subordina la salud y el bienestar a los beneficios de los más poderosos. Nuestro objetivo es el socialismo imbuido de ecologismo y feminismo.

De nada serviría creerse que los Presupuestos son la meta.

Toca seguir avanzando en poner en marcha propuestas transformadoras viables y justas, que vayan más allá de medidas asistenciales que dejen intacto el sistema.

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