Ley de impunidad global: Francia frente al proyecto liberticida de Macron

  • "La ley, aprobada mayoritariamente por la Asamblea Nacional, no es más que la versión francesa de nuestra Ley Mordaza"
  • "La gravedad de esta Ley de Seguridad Global radica en que otorga a las fuerzas de seguridad una impunidad inédita en un país que defiende sus derechos y expresa sus reivindicaciones tradicionalmente en sus calles"
  • "Esta ley pone en cuestión valores y derechos fundamentales tradicionalmente inamovibles en lo que un día fue la cuna de los derechos humanos"

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Malena Reali y Lilith Verstrynge

No hay nada más efectivo para crispar y agitar al pueblo francés que atacar a la esencia de sus valores, a lo que algún día fue lo más elemental de su personalidad: los derechos fundamentales. Y eso hace la nueva Ley de Seguridad Global de Emmanuel Macron en su enésimo despropósito. La ley, aprobada mayoritariamente por la Asamblea Nacional en su primera lectura (308 votos a favor, 66 abstenciones y 104 votos en contra) no es más que la versión francesa de nuestra Ley Mordaza. Un ejercicio liberticida y autoritario que, en su afán por proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha olvidado los derechos fundamentales de una ciudadanía ya cansada de la deriva enajenada de su presidente. Este ataque frontal a los cimientos de la República francesa, este violento e indisimulado atentado contra el derecho a la información, el respeto a la vida privada y la libertad de reunión es, en resumen, una agresión a aquello que ha vertebrado durante siglos el espíritu del pueblo francés: la libertad de expresión.

Desregular el uso de las cámaras portátiles por parte de las fuerzas del orden (artículo 21), legalizar la vigilancia global con drones (artículo 22) y permitir que las fuerzas de seguridad porten sus armas de servicio aún cuando no están ejerciendo sus funciones (artículo 25) son solo algunas muestras del estilo despótico de esta nueva ley. Pero si algo saben bien los franceses y francesas es que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y al calor de la justicia, que dijo Montesquieu. Por ello, ante la masiva asistencia a las movilizaciones del pasado sábado 18 de Noviembre - 500.000 personas según los organizadores, 133.000 según las fuerzas de seguridad - la mayoría parlamentaria, desbordada por los acontecimientos y alegando un ‘malentendido’ se ha visto obligada a anunciar la "reescritura completa" de su artículo más polémico: el número 24, que prohíbe difundir imágenes de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. Esta reacción no responde a las demandas de los manifestantes, solo trata de apaciguar los ánimos tanto de la gente de a pie como de observadores internacionales, entre los cuales figura el consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que también han expresado su preocupación ante este ejercicio liberticida del presidente francés.

El artículo 24

¿A qué responde la dureza y ambigüedad de este artículo? ¿Por qué, existiendo ya una norma que considera punible - con 7500€ de multa y seis meses de prisión - el acoso, las represalias, injurias o amenazas a un agente del orden, el gobierno francés decide dar un paso más en esta dirección represiva? El artículo 24 sube a 45000€ la multa y a un año de prisión por difundir imágenes que permitan identificar a cualquier policía o gendarme en el ejercicio de sus funciones si esta difusión se lleva a cabo con el objetivo manifiesto de perjudicarlo. En términos legales resulta imposible en la gran mayoría de los casos demostrar las intenciones de la persona que difunda esas imágenes, por tanto ¿qué es sancionable y qué no? ¿Qué hubiera sucedido si este artículo hubiera estado en vigor durante los altercados del pasado lunes en la Plaza de la República?

Durante el desalojo del campamento de migrantes de la emblemática plaza parisina de République, fueron multitud las imágenes que probaron una brutalidad policial inusitada contra manifestantes y periodistas. Este artículo, tal y como está redactado, defendería a los responsables de toda esa violencia, de esa desproporcionalidad y dejaría desamparado al ciudadano, sin capacidad para defenderse. Por no hablar de casos aún más indignantes como el que desveló una cámara de seguridad esta misma semana, en el que Michel Zecler, un productor de música, era golpeado e insultado por tres agentes de policía por el simple hecho de no llevar mascarilla. O el de la muerte a manos de tres agentes de Cédric Chouviat, repartidor arrestado en París el pasado mes de Junio, cuya muerte fue grabada y viralizada por ciudadanos que presenciaron el hecho.

Desgraciadamente hace demasiado tiempo que las imágenes de abusos policiales en Francia no son noticia por su frecuencia. Pero la aprobación de esta ley no solo consolida estas prácticas violentas sino que además deja a la ciudadanía en una situación de indefensión absoluta ante la extralimitación de los agentes del orden, cuyo valor probatorio se vería aún más reforzado por la imposibilidad de presentar pruebas en contra.

Pero el artículo 24 no es el único artículo que ataca directamente a la libertad de expresión. El artículo 21 pretende desregular el uso de las cámaras portátiles que portan los agentes en sus acciones. Una ley de 2016 autoriza a la policía y a los gendarmes franceses a filmar sus intervenciones con "cámaras móviles". Sin embargo, se estableció una condición: que el oficial que llevase la cámara no pudiera acceder a las imágenes, que sólo podrían utilizarse después de los hechos si algún acontecimiento lo justificaba. La Ley de Seguridad Global pretende abolir esta garantía. El agente no sólo podrá acceder él mismo a las imágenes que ha grabado, sino que estas podrán ser "transmitidas en tiempo real” al puesto de mando. Una inmediatez que permitirá que los policías utilicen programas informáticos de reconocimiento facial durante las manifestaciones.

El artículo 22, a su vez, autoriza una práctica (ya empleada por la policía en los últimos meses) que viola la ley actual: el despliegue de drones para tareas de vigilancia de manifestaciones. La estrategia de vigilancia de la multitud necesita de una visión global, para la cual los drones son la herramienta perfecta, pero la vigilancia aérea es inútil si se privilegia un enfoque no conflictivo de mantenimiento del orden. A través de esta medida, las cámaras de la Policía permitirían observar y analizar las manifestaciones para operar en retenciones con granadas o gases lacrimógenos o en desviaciones de flujos humanos en barricadas. Además, al igual que con las cámaras móviles, las imágenes captadas por los drones podrían analizarse mediante el reconocimiento facial en tiempo real, lo que facilita la persecución de ciertos manifestantes previamente identificados.

La doctrina de confrontación

La gravedad de esta Ley de Seguridad Global, aparte de lo ya expresado, radica en que otorga a las fuerzas de seguridad una impunidad inédita en un país que defiende sus derechos y expresa sus reivindicaciones tradicionalmente en sus calles. Si, como vimos en la durísima represión que sufrió el movimiento de los Chalecos Amarillos aun en sus últimos coletazos, la policía francesa hizo gala de una violencia exagerada, provocando graves daños a centenares de personas, ahora, amparados por esta ley que roba a la ciudadanía sus escasos instrumentos de defensa ¿a qué se está enfrentando el pueblo francés?

En este tipo de contextos son dos las doctrinas que se aplican. Alemania, Suecia y Suiza trabajan con la doctrina de acompañamiento, que se centra en la protección de los manifestantes y en un diálogo entre estos y las fuerzas del orden para lograr la desescalada de la violencia. En Francia sin embargo se aplica la doctrina de la confrontación, que tiene como objetivo disuadir a la población de participar en manifestaciones, ya sea mediante el agotamiento psicológico de los participantes o mediante la violencia física. ¿Los manifestantes son individuos a los que hay que proteger o "flujos" deshumanizados que sólo deben ser canalizados, desviados, retenidos o evacuados? Para Macron y su Ley de Impunidad es obvia la respuesta. Haussmann estaría orgulloso...

El futuro de la Ley Mordaza

Christophe Castaner, jefe del grupo parlamentario de La République En Marche, anunció el lunes 30 de noviembre que el artículo 24 del proyecto de ley será reescrito en su totalidad. Le Figaro publica ese mismo día un artículo sobre los entresijos de este retroceso gubernamental exponiendo a Bruno Bonnell, diputado de la mayoría presidencial, que no pudo contener su frustración en una reunión interna: "Estoy furioso porque es la primera vez que (...) la calle está ganando”. No estaría mal recordar a Bonnell que en Francia la calle, cuando quiere ganar, suele hacerlo.

No parece, sin embargo, que los franceses vayan a poder bajar la guardia todavía: la oposición ha denunciado que la futura ley de “defensa de los principios republicanos” contiene un artículo que podría tener el mismo efecto que el que se va a reescribir. En su redacción actual, prohíbe "el acto de revelar, difundir o transmitir” cualquier tipo de información que permita identificar o localizar a una persona, “con el fin de exponerla (...) a un riesgo inmediato de daño a la integridad física o psicológica”. Cuando estos actos se cometen en perjuicio de un "responsable de la autoridad pública", como un policía, las penas son ampliadas, llegando a 5 años de prisión y a una multa de 75.000 euros.

Como era de esperar, todo el espectro de la derecha francesa -el partido de Los Republicanos y los ultraderechistas de Reagrupación Nacional- se unieron a los macronistas para defender esta propuesta de ley. Una alianza que destapa las vergüenzas de toda ese espectro político que en 2017 llamó a votar a Macron para luchar contra la “amenaza del autoritarismo y el retroceso de las libertades” que supondría una Marine Le Pen presidenta. No deberían sorprenderse. El neoliberalismo y las libertades civiles van de la mano únicamente cuando las segundas no amenazan el orden establecido ni ponen en peligro los intereses de las élites. De lo contrario, comparten sólo la etimología. Cuando el “progresismo” autoproclamado de Emmanuel Macron choca con la realidad de los intereses de la oligarquía a la que se debe, su “nueva política” se parece demasiado a la antigua.

Esta ley pone en cuestión valores y derechos fundamentales tradicionalmente inamovibles en lo que un día fue la cuna de los derechos humanos. Paradójicamente, esas grabaciones que mostraron los abusos policiales del pasado verano o de la acampada de la Plaza de la República del sábado 28 son las que, de momento han conseguido lapidaron el artículo 24. Si la voluntad popular se impone la verdad, no la autoridad, hará la ley.

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