Cambiar la reforma laboral para recuperar el diálogo social

Toni Ferrer *

El respaldo social y la masiva participación en la Huelga General del 29 de septiembre ha puesto en evidencia la exigencia ciudadana de que el Gobierno cambie su política económica y recupere el objetivo de un crecimiento sostenido, equilibrado y duradero, que tenga como eje la recuperación económica y el empleo y no la obsesión por reducir el déficit público.

Pone también en evidencia la demanda de los ciudadanos para que se respeten las políticas sociales,  se mantenga y mejore el Estado de Bienestar y se retire una reforma laboral, que lastrará la recuperación económica y el empleo. Una reforma que lejos de solucionar los problemas de nuestro mercado de trabajo los va a agravar: se facilita y abarata el despido (al establecerse como causa objetiva una predicción que no es posible acreditar, las pérdidas futuras); se potencia la temporalidad en el empleo (como ya están reflejando las estadísticas del paro) y se merma las posibilidades de flexibilidad interna, a través de la negociación colectiva, rompiendo el equilibrio en las relaciones laborales, pues ahora se podrán imponer directamente desde la fuerza empresarial.

Esta política de ajuste que impera en Europa, por la influencia de los mercados financieros, y que España ha asumido, sin cortapisas, tendrá dos consecuencias: menor crecimiento económico (si no recaída en la recesión) y mayores tasas de desempleo. Porque el déficit no genera actividad económica y es necesario buscar industrias, sectores y nichos de mercado que permitan crecer en el futuro, de manera sostenida, equilibrada y duradera, lo que propiciará de empleo y favorecerá la reducción de las tasas de paro.

Por eso, el movimiento sindical europeo, a través de la Confederación Europea de Sindicatos, de la que UGT forma parte, defiende otras alternativas a los planes de austeridad: reforzar los ingresos, a través de una reforma fiscal y la flexibilización del objetivo de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En España, los sindicatos defendemos una reforma fiscal global más justa y solidaria, en la que pague más quien más tiene y en la que se recuperen figuras tributarias suprimidas  en la etapa previa a la crisis (el impuesto sobre el Patrimonio o el impuesto sobre Sucesiones, por ejemplo).

En este marco en el que se aprueban los planes de austeridad y ajuste, el Gobierno ha optado por quebrar el diálogo social, al establecer una reforma laboral que responde a las posturas más exigentes de la patronal. Es una reforma para calmar a los mercados financieros, que desoye las propuestas sindicales y lesiona los derechos de los trabajadores.

De entre todas estas propuestas sindicales realizadas, en el marco del diálogo social y que el Gobierno no ha tenido en cuenta, destaca la necesidad de intensificar las políticas de empleo y de formación para las personas desempleadas; la mejora de la protección por desempleo; el incremento de la formación para los trabajadores en activo; la necesaria reforma del sistema financiero, rectificando la Ley de Cajas de Ahorro, para dotar de mayor liquidez a empresas, familias y autónomos; y, en definitiva, el fomento del diálogo social con las Administraciones Públicas para revisar los recortes salariales y la tasa de reposición del empleo (Oferta Pública de Empleo).

En cuanto al Sistema Público de Pensiones, los sindicatos hemos propuesto incrementar las pensiones en 2011 (no la congelación que se ha efectuado); completar el acuerdo de pensiones de 2008; acuerdos sobre jubilación parcial, anticipada, trabajos tóxicos, penosos y peligrosos, jubilación flexible, servicio doméstico, REAS (cuenta ajena) en Régimen General de la Seguridad Social; recuperar el pacto de Toledo, diciendo no al alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67; y, sobre todo, afrontar la sostenibilidad del sistema y la evolución demográfica por la vía de ingresos y no del recorte del gasto (incremento del periodo de cálculo, carencia y años de cotización).

También hemos hecho propuestas referentes a políticas específicas, planteando el desarrollo e impulso de la Ley de Dependencia; actuaciones en política de inmigración; definir la política industrial, la inversión en I+D+i, y la política energética; incrementar las inversiones en infraestructuras, transportes y viviendas; y, especialmente, reforzar e incrementar la inversión en servicios públicos (Sanidad y Educación) (teniendo siempre en cuenta la necesidad de recuperar el Diálogo Social con las Administraciones Públicas).

Además del diálogo social, urge mantener también una fuerte cooperación institucional entre los diferentes niveles de gobierno (Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) en torno a los aspectos claves de la financiación, previendo y anticipando los posibles problemas de morosidad, incluso las previsibles quiebras de algunas entidades locales.

Todo ello requiere que el principal objetivo de la política económica sea la de fomentar un crecimiento económico sostenido, duradero y equilibrado, construido sobre la base de un Estado de Bienestar, que persiga a su vez la cohesión social.

Para conseguir este objetivo se ha de potenciar la creación de empleo en los sectores que tienen más posibilidades, actualmente y en el futuro, es decir una reconversión sectorial. Esta reconversión, exige a su vez, la puesta en marcha de políticas de orientación, desde el punto de vista formativo (reconversión en la cualificación de los trabajadores), de infraestructuras y dotaciones suficientes, sobre todo desde el punto de vista tecnológico (inversión en I+D+i), energético (potenciando el ahorro, la eficiencia y la suficiencia energética) y medioambiental (controlando la gestión de los residuos y la de los recursos naturales).

El primer paso debe ser recuperar la autonomía del marco de las relaciones laborales: la reforma de la negociación colectiva debe pactarse entre los interlocutores implicados, patronal y sindicatos, para lo cual, ambos debemos participar y declarar las propuestas a discutir, y no esperar a la imposición unilateral del Gobierno.

Por todo ello el sindicalismo Confederal va a mantener un proceso de movilizaciones sostenidas en el tiempo para que el rechazo expresado, por la mayoría de los trabajadores en la huelga general, a las políticas del Gobierno se torne en cambios económicos y sociales y vamos a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, para que el parlamento restituya los derechos laborales.

En definitiva, debemos exigir la rectificación de las políticas del Gobierno para recuperar el diálogo social. El fin es salir de la crisis con una economía reforzada, que nos permita no sólo crecer económicamente y por tanto recuperar los niveles de empleo, sino hacerlo de una forma sostenida, duradera y equilibrada, apostando por la calidad del trabajo, y un Estado de Bienestar fuerte y consolidado.

(*) Toni Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.