La ¿incomprensible? aprobación de Bildu

Carlos García Valdés

No por menos esperada la sentencia del Tribunal Constitucional, permitiendo el acceso a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo a la coalición Bildu, deja de ser nefasta. En contra del anterior criterio de la Sala 61 del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Abogacía General del Estado, la policía y la Guardia Civil, la mayoría del pleno del alto organismo se ha descolgado con la aprobación de las listas de la coalición que es, prácticamente, abrir el paso a los proetarras y a Batasuna. Quienes veían negro su futuro político y económico, su libertad de movimientos, han recibido un inmerecido balón de oxígeno de quien no debía proporcionárselo. El momento de oro para seguir acabando con los secuaces de la banda se ha esfumado.

En efecto, Bildu es lo mismo que Sortu que no fue permitida. El burdo maquillaje presentado por la unión electoral a nadie convencía, excepto a los magistrados del Tribunal Constitucional, en una decisión incomprensible para un inmenso número de ciudadanos que no pueden aceptar fácilmente la tolerante visión del órgano que vio cruelmente asesinado, precisamente por ETA, a su ilustre presidente.

Pero el tema de fondo no ha sido una dudosísima y escasamente fundada decisión judicial que, se supone, ha sido dictada en conciencia. Lo que me preocupa de todo el proceso ha sido la evidente interferencia y presión de los nacionalistas vascos en el mismo y la posición del gobierno. Si no podía esperarse otra cosa de los primeros, sí era menester confiar en la posición irreductible de los segundos. Que el PNV amenazara con desfachatez, públicamente, con retirar su puntual apoyo parlamentario, especialmente en los próximos presupuestos, entra dentro de la dinámica de esa fuerza política. Regañarnos a todos, mirar para otro lado cuando el terrorismo arreciaba en su comunidad o echar la culpa a los demás de cuanto malo acontecía en Euskadi, ha sido siempre su táctica y su estrategia, lo mismo que la tibieza en la condena a los terroristas, necesarios en su planteamiento para demostrar que, frente a la violencia criminal y el conflicto generado por Estado, ellos eran el permanente punto de equilibrio. Su expulsión democrática del gobierno del País Vasco fue una de las mejores noticias que en décadas se ha producido en nuestro país y la esperanza de que todo lo anterior acabase. La continuidad del acuerdo del Partido Socialista con el Popular, obrantes del esencial camino hacia la normalización en aquel territorio, no puede alterarse en modo alguno por lo sucedido, aunque es cierto que temas como el presente pueden dificultarlo.

Y si lógica era suponer la actitud del nacionalismo, no se concibe la impresión cierta que se trasmite de que el gobierno ha cedido interesadamente a la contrapartida. Unos cuantos votos no pueden trastocar toda la lucha que contra la organización terrorista y sus corifeos se venía desde hace años llevando a cabo con intensidad, sacrificio y éxito. Creo que la dignidad se ha visto seriamente afectada, pues parto de la base que los mensajes subliminales que se han expresando o que se han sobrentendido, han bastado para llegar a la última resolución judicial con otra óptica no necesariamente prohibicionista. Si el ejecutivo no ha sabido o no ha querido interpretar el sentir colectivo tampoco puede pedirse que a ello sean sensibles los juzgadores que han aplicado su versión de la ley.

Las consecuencias del craso error son previsibles. De nuevo concejales batasunos ocuparan sus puestos en los Ayuntamientos, comenzarán la denominada guerra de banderas, votarán a favor del reagrupamiento de los presos y actuarán controlando a los discrepantes cuando no coaccionándoles, sin suponer males mayores que en el cercano pasado se han producido. Y todo ello bien remunerado con el dinero de nuestros impuestos. El escándalo es mayúsculo y lo incomprensible de la sentencia parece claro. No me basta con alegarse técnicamente la imprescindible libertad política de la participación de los partidos en la vida ciudadana pues ello se relaciona, claro está, con el sometimiento previo a la ley y esto se trastoca tajantemente si quienes pretender ejercer su derecho son individuos vinculados o simpatizantes de organizaciones terroristas que, además, van a encargarse de impedir la libertad de los otros ediles y servir como portavoces de criminales.

Por ello, no creo exista decisión más desafortunada que la que comento. Esta pretendida limpieza y objetividad de juicio exhibida casa mal con el sentido común y la realidad, entregándose así a todo tipo de especulaciones ajenas al sentir estrictamente jurídico, innecesarias en este importante debate. La única esperanza que la sentencia nos deja es que, igual que ella apreció la buena voluntad de las candidaturas, acierte -lo que se me antoja muy difícil por no decir imposible- en el comportamiento posterior de los personajes, pues la idea de permanecer vigilantes nuestros tribunales y, en caso de simpatías con los terroristas, proceder a su disolución, no deja de ser una bienintencionada utopía a la vista de la experiencia plagada de desobediencias y descaros.

La larga batalla legal del Estado contra el terrorismo y sus simpatizantes, reflejada en la legislación de partidos, las actuaciones de los jueces centrales de la Audiencia Nacional, las reformas del Código penal y de la ley procesal endureciéndolos, en la dispersión penitenciaria o en cortarles las fuentes de financiación y propaganda, trataba enérgicamente de cerrarles la puerta a las instituciones democráticas. Ahora se han colado, con suma facilidad, por la ventana.