La alcaldía de San Sebastián para Bildu

Carlos García Valdés

¿De qué nos extrañamos? La ocupación de muchos ayuntamientos del País Vasco por Bildu se ha consumado, entre ellas la muy importante alcaldía-presidencia de San Sebastián. Las lluvias de la presión descarada del PNV, de la posición tibia del gobierno y del propio Tribunal Constitucional han traído estos lodos, no por menos anunciados más evidentes y peligrosos. En la capital de Guipúzcoa la operación ha sido sangrante. Tan sólo ocho autovotos han proclamado a Izagirre como regidor, elección propiciada al no alcanzar PSOE y PP la mayoría absoluta y por la abstención, muy en su línea, de los nacionalistas que, como con razón se ha dicho, no hubieran actuado de igual manera en el supuesto de darse la misma situación en el consistorio bilbaíno.

Las consecuencias van a ser claras tal y como anunciamos cuando criticamos la legalización de Bildu; de hecho, ya han comenzado los desafueros, esta vez patrocinados desde el nuevo poder municipal. Los gritos a favor de la independencia territorial o la guerra de banderas son las primeras manifestaciones de los mismos. El siguiente, la intención de pedir la legalización de Sortu. Pero falta lo mejor: aprobar desde los organismos oficiales el acercamiento de los presos de ETA y, desde luego, iniciar los pasos conducentes a la aplicación a los mismos de los beneficios penitenciarios y, en definitiva, a su definitiva liberación. Como se identifican con sus reivindicaciones y sus siglas, no es de extrañar que todas las políticas locales regidas por Bildu, al unísono, se ocupen con prioridad de este aspecto, haciendo dejación de otros asuntos que, en verdad, poco les interesan. Porque es claro que el objetivo fundamental por el que se constituyó la agrupación electoral, se diga lo que se diga, es el referido a todo lo concerniente a los condenados etarras y al mundo abertzale. Volverán a resurgir con fuerza los comunicados en su favor, las denominadas marchas pro amnistía o la entrega de fondos a familiares y gestoras favorables a los terroristas, así como se iniciará una atenta vigilancia, cuando no resoluciones de depuración ¿por qué no?, de la policía local; del mismo modo, se crecerán los delincuentes que amenazarán a los que no compartan sus iniciativas e ideas, sean o no concejales o quienes exigirán, bajo grave coacción, fondos para sus crímenes o colaboración para sus propuestas, pues se sentirán respaldados por el triunfo de las siglas mencionadas y que apoyaron en sedes y plazas.

Lealmente no alcanzo a entender el retroceso producido. ETA y sus corifeos estaban acorralados. La labor de décadas de nuestras fuerzas de seguridad y de los jueces de la Audiencia Nacional, persiguiendo a los autores de los atentados, a su aparato de apoyo financiero e ideológico puede fácilmente deshacerse. Y si no comprendo lo anterior, menos a qué auténtico demócrata beneficia la presencia de Bildu en las instituciones, salvo a ellos mismos. Por eso es reprobable la ambigüedad de algunos al respecto. Imagino que el PNV estará satisfecho. Cuando se debatía el asunto en sede constitucional, su presidente no hizo más que expresarse a favor de la legalización ante el gobierno central y en sus reiteradas manifestaciones públicas; otros políticos de peso en el PSOE -que les ha salido el tiro por la culata- argumentaban que, el no excluir la agrupación de las elecciones, era facilitar la manera de controlar y reconducir los objetivos incluso de la banda armada y, en todo caso, de los radicales. Las dos teorías fueron y son inexactas. La presencia institucional de Bildu no sirve para nada positivo excepto para reforzar las aspiraciones de los violentos, que se encontraban más derrotados que activos. Por desgracia, el tiempo lo va a decir muy pronto.

Si han existido actuaciones relevantes en este campo en el País Vasco, auténticas excelentes noticias, pienso que han sido fundamentalmente dos: el gobierno de Patxi López, con el apoyo del PP y la dispersión penitenciaria de los terroristas. Por la primera, se expulsa a los nacionalistas de la presidencia y de las consejerías del ejecutivo, afirmándose así la actuación autonómica dentro de los límites permitidos por la legislación estatal y por la segunda, se clasifica y divide a los más de setecientos reclusos, miembros de la banda armada, alejándoles de sus líderes naturales y de sus correos, además de permitirse así una mayor proliferación de arrepentidos, algo que especialmente duele a los dirigentes. El paso atrás producido puede dar al traste con lo actuado, es decir fomentar la debilidad gubernamental, al dividir a sus socios materiales y reunir a los internos en unas pocas prisiones de su entorno, deshaciendo el largo y fructífero camino andado por todos los gobiernos anteriores tanto de los populares cuento de los socialistas. Si tal acontece, pues ambas situaciones van unidas, habrán sido inútiles muchos actos de valor y momentos de sufrimiento de las víctimas, demasiadas pérdidas económicas por el impuesto revolucionario, suficientes años de angustia y terror propiciados por la vesania de unos y la lenidad de otros.

Cuatro años van a ser duros y, en todo caso, objetivamente muchos. La tensión que van a infundir las propuestas de Bildu, desde las casas consistoriales, a la administración estatal será difícil de digerir con serenidad y eficacia. Si esto es lo que se buscaba, el camino se encuentra allanado; si en ello no se pensó, o la buena fe hacia quien demostraba exactamente lo contrario, cuestiona para su cargo a quien hizo gala de ella o la inocencia es tal que descalifica a cualquier político u organismo que creyó en la bondad del nuevo grupo, claro remedo de los anteriores ilegalizados. En cualquier caso, en el primer supuesto, serían cómplices formales de las consecuencias políticas y en los segundos, los responsables del entuerto por su ignorancia, desconocimiento del pasado o previsión del futuro, deberían dejar de inmediato la función pública, cualquiera que ostenten, en manos más competentes.