‘Cañetazo’ a las costas

Brutal, a fuer de sincero; osado, como corresponde a un ignaro ambiental de solemnidad; provocador como sin duda su autor pretendía; y anunciador de conflictos sin fin ni tregua. Así ha sido el pronunciamiento del ministro Miguel Arias Cañete al referirse a sus planes sobre la costa y la ley que la protege desde 1988. El nuevo ministro, que vuelve a Agricultura y que ha recibido ese molesto “paquete” del Medio Ambiente (que, experiencia al canto, suele acabar recalando en manos de los menos idóneos o idóneas), no ha tardado en declarar la guerra a quienes están convencidos de que la defensa del litoral es un anhelo básico e innegociable, tanto por su naturaleza material –espacio escaso y frágil– como por ser un objetivo principalísimo de especuladores, corruptos e indeseables de toda laya.

Todo, como se anuncia, habrá de empezar por la reforma de la Ley de Costas de 1988 (LC88), que fue un magnífico logro político, administrativo, jurídico, ambiental y ético; pero que, bien es verdad, desde que se conociera su borrador hasta el momento presente no ha dejado de sufrir asechanzas, odios y amenazas desde un variadísimo espectro de enemigos. También es verdad que su incompleta y miedosa aplicación, añadida desde luego a la brutal presión urbanística (fenómeno producido desde un entorno jurídico-administrativo distinto, el del Suelo) apenas ha frenado la implacable degradación del litoral desde su asprobación.

No debe parecer inadecuado que se recuerde aquí y ahora que una de las primeras protestas hacia el borrador de la LC88, y más o menos coincidente en el tiempo con la que expresó la CEOE, fuera la del ministro socialista Joaquín Almunia, al que desde entonces no se le puede considerar un entusiasta, precisamente, de la protección de nuestras costas. Pero la historia nos remite sobre todo a la violenta reacción política tras su laboriosa aprobación, lo que dio lugar a la formación de una fronda anti LC88 que capitaneó el PP parlamentario con Trillo como ariete, pero que contó con el socialista Consell de la Comunidad Valenciana y media docena de gobiernos autonómicos (incluyendo en Cataluña también el Parlament y, por supuesto, CiU, que después aprovecharía la necesidad que el PSOE tenía de sus votos para plantear en 1994 la primera reforma de la Ley).

Del recurso de inconstitucionalidad que, unificado, presentó aquella coalición de presuntos perjudicados institucionales, se derivó una interesantísima, profunda y muy social sentencia del Tribunal Constitucional (1991) que, desaprobando algunos artículos por colisión con las prerrogativas locales en materia urbanística, dejaba prácticamente intacto su espíritu y la mayor parte del articulado. La llegada del PP al poder en 1996 produjo, como se esperaba, varias iniciativas erosionadoras de la LC88 que, pese a todo, no la afectaron en profundidad: una nutrida lista de modificaciones puntuales que se incluyeron alevosamente en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, una ampliación de la presencia de intereses privados en  la gestión económica de las playas, como preveía la Ley de Concesiones de Obras Públicas (2003), y la exclusión de los puertos del dominio jurisdiccional de la LC88, decisión incluida en la Ley sobre Puertos de Interés General (también de 2003). El cronista debe señalar, en contra de lo que pudiera parecer, la competente y leal labor del director general de Costas del momento, el jurista Fernando Marín Castán (1996-2000), que no tuvo nada que ver con los manejos legislativos de su partido contra la Ley. Los ataques, intermitentes y graneados, continuaron, hasta llegar en 2011 a la aprobación por el Senado de modificaciones para conferir legalidad a los casos de marinas como la de “Ampuriabrava”, en la costa de Girona, la mayor en España de este tipo de urbanizaciones caracterizadas por la –en la calificación ecologista usual– “aberrante conjunción del chalé, amarre y garaje”, todo ello en el dominio público, claro; iniciativa que, aun sin aprobación definitiva, el Gobierno tradujo en rectificación, en una larga serie de capitulaciones que han ido degradando la capacidad de la LC88.

Las dificultades de aplicación de la Ley eran bien conocidas ya en 1988 y a ellas se enfrentó su principal redactor, el riguroso jurista Ángel Menéndez Rexach. Tratándose de un intento histórico-jurídico de alcance, que pretendía recuperar un dominio público sustancial, constitucionalmente reconocido y atávicamente impreso en la memoria y la psicología de la población (sea costera o no, nuestra gente tiene clara la idea de que el litoral es de todos, y de que su apropiación particular constituye un abuso, tanto si hay título legal como si no) las medidas y las previsiones habían de ser ambiciosas y arriesgadas, proporcionadas a la importancia del intento; y por eso una de las previsiones que más escoció fue la conversión en concesión por 30 años, ampliables a 60, de las construcciones legales que, tras el deslinde correspondiente, quedaran dentro del dominio público. Nada tuvo contra esto el Tribunal Constitucional en su día, pero la posición privatizadora (basada “más en el derecho germánico que en el romano”, como argüían algunos juristas representantes de los sectores afectados) no lo ha perdonado, y ahora con el regreso con fuerza del PP se propone recomponer “la seguridad jurídica”. Uno de los pretextos para acometer la reforma se funda en la presión que miles de ciudadanos comunitarios (británicos y alemanes en particular) vienen ejerciendo, a través de sus representantes en el Parlamento europeo, con la ferocidad egoísta que caracteriza al propietario en primera línea de mar (pero sin reconocer que en sus países respectivos la protección del litoral es infinitamente más dura que aquí: considérese el caso del National Trust británico, que protege estrictamente la mayor parte del litoral desde…1910).

El ministro Arias Cañete anuncia que la reforma a la que parece decidido el Gobierno busca, por supuesto, garantizar esa seguridad jurídica (que la propiedad privada salga indemne de las restricciones del dominio público, en definitiva), pero sin duda la preocupación debe centrarse en la versión más ambiental de los futuros cambios; como la “simplificación de trámites”, que en el asunto de las concesiones y ocupaciones en el dominio público va contra la sensatez, ya que ésas no debieran sino endurecerse; y sobre todo ese principio, tan pavoroso en boca de neoliberales militantes (agravados en el caso de Arias Cañerte por su naturaleza y actitud probadamente incompatibles con el medio ambiente), de “armonizar el desarrollo económico con la debida protección de los recursos naturales”.

Porque, a estas alturas y en materia litoral, no hay misterios que desentrañar ni iniciativas que puedan resultar ingenuas o ambiguas. Con la anunciada reforma de la LC88 el nuevo Gobierno nos traerá, entre otra realidades, el relanzamiento de cuanto de indeseable hemos ido contemplando sobre el espacio litoral: la actividad inmobiliaria con acrecida agresividad ante el previsible desarme del dominio público; la arremetida contra los últimos espacios libres que han salido indemnes de esa etapa infame y, lo peor de todo, la reafirmación de la alianza de los indeseables con el poder municipal (y no sólo con el del PP), consolidando de paso la corrupción estable de la esfera local: alcaldes, promotores y mafiosos varios.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista. Fue Premio Nacional de Medio Ambiente  en 1998.