Rajoy resucita la lucha de clases

La economía, si quiere ser respetada como ciencia, debe ser capaz de analizar el impacto de las medidas que implementa sobre el devenir humano. Es decir, no se puede tratar a los seres humanos como meras mercancías que son inertes a los impactos en su capacidad económica y por ende en su bienestar material y humano.

Esta búsqueda del bienestar de los administrados debe ir acompañada por una lucha contra la desigualdad de oportunidades, lo que garantiza una cohesión social imprescindible para poder crecer de forma sostenible y equilibrada. Esto es lo que a la postre facilita el imprescindible ascensor social que hace engordar las clase medias de un país, y limita la distancia entre percentiles de renta de la distribución de un país.

Cuando se rompe el dique que sustenta a las clases medias, se produce un boquete que genera un abismo entre las clases dominantes y económicamente acomodadas, y la nueva clase pobre, que ahora se convierte en la clase mayoritaria. Esta ruptura reabre una guerra entre clases que donde se produce solo genera más pobreza, exclusión social e incluso violencia, como se ha podido ver recientemente en Grecia, Portugal o Irlanda. Este fenómeno es el que ya se está empezando a producir en España, fruto de los diversos paquetes de medidas implementadas por el Gobierno de Rajoy, aunque una parte se iniciaron con los espasmos de Zapatero, en su triste epitafio del 10 de Mayo de 2012.

Este resurgir de la lucha de clases se asienta en la madre de todas las batallas  que se libra actualmente, como es la de los acreedores contra los deudores. Esta confrontación, dirigida y pilotada por el poder fáctico financiero, está sustentada en que este sector no quiere pagar su parte de factura en la crisis, y está obligando a los Gobiernos a extraer rentas privadas y públicas para trasvasarlas hacia la banca y aledaños y así sufragar las deudas bancarias íntegramente y paliar la pérdida de rentabilidad.

La constatación de este poder es cómo el sector financiero ha tomado el poder político en la mayor parte de países europeos, siendo en España el Ministro de Economía el delegado del sector financiero. Pero esta toma de poder no solo se deja notar en los equipos de gobierno, sino también en medios de comunicación, grandes empresas y lobbys supuestamente académicos, como el que representa, por ejemplo, FEDEA en España. Con estos apriorismos, el equipo de Rajoy ha sido obligado, como antes fue Zapatero, a leer el pregón de los recortes que consagran esta lucha de clases y suponen, de facto el desmantelamiento de la igualdad de oportunidades ante el acceso a los servicios básicos, y la carga de todo el ajuste fiscal y salarial sobre los percentiles medios y bajos de la distribución.

Desde una óptica fiscal, y tras la subida de tramos en el IRPF y la amnistía fiscal, tan inútil como inequitativa, la subida lineal del IVA puede ser la puntilla del consumo en los colectivos de mayor propensión al consumo. Si el equipo económico de Rajoy supiera, y fuese competente, sabría que en la fase del ciclo en la que estamos el incremento de la presión fiscal va a lastrar el consumo y condena a buena parte del sector productivo. Unos sencillos cálculos revelan que la subida del IVA reducirá el crecimiento en un 0,2% y por tanto una merma de la recaudación del 6%. Los sectores más afectados serán, sin duda, los de bienes duraderos, turismo, y comercio minorista. Junto a esto, surgen nuevas figuras impositivas sobre el medio ambiente y se incrementan los impuestos especiales. La única parte positiva tiene que ver con la derogación de la desgravación por compra de vivienda, un capricho del ministro Montoro.

La reducción de renta disponible, vía aumento de impuestos, se complementa con el enésimo ajuste sobre el sueldo de funcionarios, casi un 7%, amén de los proyectos de despidos masivos entre laborales y empleados de empresas públicas y la demagógica reducción de concejales, precisamente el segmento de representantes públicos que menor coste económico supone. De nuevo, se han equivocado, puesto que este segmento es de los pocos que pueden generar gasto en consumo, debido a su mayor propensión marginal al consumo.

Más dura, sin duda, es la reducción de la prestación por desempleo. Se reduce la cuantía a los seis meses en 10 puntos, del 60% al 50% y también en tiempo, de 24 meses a 18 meses. Esta medida, claramente de corte ideológico, muy influida por FEDEA, el lobby de cabecera, sataniza al parado como vago y presupone que la búsqueda de empleo se acelera por tener menor prestación, que no deja ser un derecho que sufraga en parte el trabajador. Esta medida supone, de facto, condenar a una buena parte de los parados a reducir su capacidad de compra en un 25%, y consagra la falsa percepción social de que los parados permanecen en esa condición por interés propio. Esto será particularmente duro para mayores de 45 años, cuyo tiempo medio para encontrar empleo, en los sectores menos formados, está por encima de los dos años y medio.

En conjunto, todos los recortes implementados se asientan en la máxima de la reducción de estudiantes universitarios en las Universidades Públicas, vía aumento de tasas, menores prestaciones farmacéuticas a rentas medias y bajas, mediante el copago a pensionistas, menor número de prestaciones por dependencia, y desempleo. Junto a esto, una apuesta por la deflación fiscal y salarial y repudio público e indiscriminado de todos los trabajadores y servicios públicos. El impacto macroeconómico de todo el paquete de recortes implementado se acerca al 2% del PIB, cifra muy parecida a las necesidades de capitalización real del sistema financiero, parece una casualidad, pero no lo es. Tristemente, esta pesadilla continuará. El agujero generado en la distribución de renta roza el 0,3 en el Índice de Gini, algo que no había ocurrido en la reciente historia económica.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.