Rajoy recicla incumplimientos en el debate

El debate sobre el Estado de la Nación ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad política que nos asola, la incompetencia de los dos grandes partidos para dar soluciones a la tremenda crisis social, política y económica.

La parte expositiva del presidente ha sido un continuo canto a la herencia recibida, por más que haya intentado aislarse de la misma, y especialmente ha incurrido en flagrantes contradicciones, cuando no falsedades, respecto al efecto de la acción de gobierno sobre las variables analizadas. El triunfalismo sobre la situación del ciclo roza el esperpento, habiendo escondido sistemáticamente el aumento de la pobreza, la desigualdad social creciente y la destrucción de las clases medias, lo que ha empujado a los percentiles más bajos al abismo. España es hoy un país sin futuro económico, sin valores comunes y lo que es más grave, sin sociedad civil articulada que permita luchar para construir un país más solidario y más fuerte para suplir la ausencia de alternativas políticas solventes y no plegadas a los grandes lobbys financieros y económicos.

Las grandes decisiones ideológicas tomadas, que no reformas, han empobrecido a una gran parte de la sociedad, reduciendo la capacidad de gasto sin que se haya reducido la deuda global, transformando deuda privada en pública sin pudor, marcando ya registros históricos en un solo año, superando la deuda pública ya el 100% del PIB. Esto nos lleva a un escenario de endeudamiento y recesión, con costes financieros crecientes que podrían llegar a ser explosivos, si no hay un cambio de tendencia en la senda del crecimiento, algo que ningún agente nacional o extranjero contempla en 2013.

El empobrecimiento social se ha plasmado en una sensible reducción del poder adquisitivo, con fortísimos aumentos de pagos no esperados por parte de pensionistas, dependientes o activos que han visto como les aumentaba la factura farmacéutica, servicios básicos como luz, o carburantes, reducción de prestaciones sanitarias, educativas en forma de becas, o en vivienda como la renta básica de emancipación. Junto a una política de rentas equivocada basada en la deflación salarial, cuyo liderazgo público ha sido la excusa perfecta para que el sector privado haya seguido al pie de la letra el guión establecido. Esta política, cuyos efectos no ha nombrado el presidente en ningún momento, ha dejado sin capacidad de consumo al segmento más proclive al mismo, y por ello ha provocado la quiebra de una gran parte de empresas y ha generado un grado de incertidumbre a los hogares, cuya recuperación tardará mucho tiempo.

Todas estas decisiones tenían la coartada del déficit público, cuyas cifras parecían insostenibles, lo que nos llevó al borde del colapso durante una gran parte del 2011. Lo curioso es que después de aquellas semanas dramáticas,  los incumplimientos han sido notables, y si no fuera por el maquillaje en los ingresos de este año, anticipando pagos en el impuesto de sociedades, el déficit apenas bajaría un 1-1,5%, siendo muy grave la situación de la Seguridad Social. El recurso a la hucha de la Seguridad Social ha sido crucial para poder evitar el rescate financiero y cumplir con obligaciones ineludibles, como pagas extras, etc.

Con estas premisas y un país hiperendeudado y un mercado de trabajo al límite del colapso, con 6 millones de parados, el presidente del Gobierno no ha sido capaz de esbozar ningún plan de incremento de la demanda, ni recuperar las rentas de los hogares, o las prestaciones públicas y farmacéuticas que han sido expropiadas a las rentas medias y bajas, para traspasarlas a los entes empresariales que, en muchos casos, han contribuido a la victoria electoral del Partido Popular. La ausencia de autocrítica ante lo que ha supuesto el mayor desplome de la renta media de los hogares de los últimos treinta años, muy superior a la caída del PIB, explica la altanería y la alegría con la que desgranaba su visión de la situación actual, directamente proporcional a la dureza y desprecio con la que ha despachado a los partidos de la oposición.

La argumentación económica ha sido tan pobre que hasta se ha arrogado el supuesto alejamiento de la posibilidad de un rescate, algo formal puesto que de facto las normas aprobadas, todas en forma de decretos leyes, se han gestado en Bruselas, incluyendo la venta de los afectados por las preferentes a los que se les podría aplicar las quitas que no se aplica al resto de la economía. La reducción de la prima de riesgo es únicamente responsabilidad del presidente del BCE, que en septiembre alertó a los especuladores que compraría toda la deuda pública de los países afectados por bruscos movimientos en su prima de riesgo. Aún así, la situación de la deuda y del coste de financiación imposibilitan la reactivación del crédito, cuya recuperación no llegará hasta que mejoren las expectativas de la demanda interna, se recupere la confianza y los efectos devastadores de la reforma laboral dejen de ser una amenaza creíble.

El siguiente punto que también ha intentado atribuirse es la mejoría del sector exterior. Lo que debe saber quien le escribe los discursos es que la cuota de exportaciones apenas ha variado, incluso en los peores años de la crisis. Igualmente hay que desterrar el mito de que España saldrá de la crisis vía exportaciones, cuando apenas tiene una participación en el PIB del 30%, frente al 50% en Alemania. Lo que ha mejorado es la balanza comercial, fruto del desplome de las importaciones y la inversión privada y pública, lo que no parece que sea una buena señal. En una economía de servicios, sin apenas industria, las exportaciones, salvando el turismo, apenas podrán aportar décimas a la brusca caída de la actividad que nos espera, dada la inercia del consumo y el desempleo.

Para paliar la situación interna, verdadero termómetro de lo que vale la acción de gobierno, apenas ha balbuceado los mismos lugares comunes que apuntó en el debate de investidura. Reciclaje de líneas ICO, supuestas inyecciones fantasmas de crédito a PYMES, tibia mejora de la financiación de CERSA y un retraso de la reforma del IVA para que se paguen impuestos una vez cobradas las facturas. Bonificaciones de contratos, tarifa plana de Seguridad Social para jóvenes durante seis meses y un nuevo contrato temporal donde quepan absolutamente todos los trabajadores menores de treinta años, para así contentar a la CEOE, que pide trabajar por el SMI hasta los 30 años, sin ningún tipo de control administrativo. Por supuesto, no han faltado anuncios propagandísticos sobre reducción de burocracia, licencias de actividad, etc. Se nota que nunca ha montado una empresa.

En resumen, Rajoy ha demostrado que desprecia a buena parte de los afectados por la caída del nivel de vida, por el incremento de la pobreza, por la caída en el abismo a los mayores de  45 años, por los dependientes que tienen que elegir entre medicarse o poder comer. Ni una palabra de política de vivienda, de ciencia, de I+D o de cómo incrementar la demanda interna, que es lo que las empresas necesitan en estos momentos. La deflación salarial y de rentas en medio de la recesión de balances. Es el cóctel perfecto para un estallido social, pero tanto Rajoy como Rubalcaba saben que no hay una sociedad civil organizada como en Francia. Así nos va.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.