Los preferentistas se quedan solos ante el mercado

Los más de 400.000 afectados por una de las mayores estafas financieras piramidales, las mal llamadas participaciones preferentes, se están quedando solos ante la dureza del mercado.

Las soluciones que se les han ofrecido van desde el canje por acciones que no valen nada, un arbitraje con la entidad financiera que podría llevar a recuperar la inversión, muy remoto, o la vía judicial, también de forma individual.

La historia de este producto es la historia de un fraude consentido por toda la cadena de instituciones que deberían velar por  las buenas prácticas en este sector. Es decir, el Ejecutivo, la CNMV y el Banco de España. Estos activos, llamados de capital híbrido, suponen una forma de capitalización para las entidades financieras en forma de deuda perpetua que lanzaron en varias emisiones para captar capital entre sus clientes minoristas e institucionales, ante la incapacidad de ir a los mercados a captarlo. Ante el gran fracaso de la cotización de las participaciones de la CAM, muchas Cajas y empresas se lanzaron a la emisión de este tipo de activos.

Durante la época de bonanza, y dado su carácter piramidal, las Cajas fueron solventando los reembolsos con nuevas entradas, y ante la inexistencia de mercado secundario, fueron las propias entidades las que crearon un pseudomercado,  sin que ninguna entidad advirtiese del riesgo inherente para los clientes, fundamentalmente el de iliquidez. Estos productos, que fueron diseñados por las grandes consultoras que han estado manejando el negocio de las Cajas durante todos estos años, han provocado la quiebra de muchos hogares y han capturado el ahorro de muchas familias, especialmente jubilados de rentas medias y bajas.

El producto fue diseñado para captar clientes conservadores y sin necesidades imperiosas de liquidez, siendo Bankia la principal emisora y donde más clientes están atrapados, fundamentalmente a partir de la emisión de 2009. La base jurídica en la que se asienta la defensa de estas entidades es que aplicaron de forma fidedigna la llamada Ley MIFID, que incluía un test de idoneidad para los propios depositantes. Este test, que se hace sin mirar y a veces se rellena por parte de los propios empleados de la entidad financiera, trataba de medir en cuestión de segundos la formación financiera de los clientes y su conocimiento del producto financiero. El primer incumplimiento es que este producto se diseñó para inversores institucionales, pero las entidades que asesoraban a muchas Cajas les recomendaron que lo introdujesen en el canal minorista y fuesen sustituyendo depósitos por deuda perpetua. El señuelo era que se trataba de un producto seguro, con plazo fijo y liquidez inmediata, todo un engaño. La red comercial de las Cajas, especialmente la de Bankia, actuó sin escrúpulos y fueron captando inversores y depositantes de forma masiva, ante la oferta de mayores tipos de interés en el mercado.

Estos activos eran vendidos, como muchos otros, por un personal bancario escasamente cualificado, y a los que nadie exige una certificación profesional para operar en mercados financieros cada vez más complejos. Son meros repetidores de un disco que se han aprendido en las oficinas, cuyos responsables les obligan a vender productos que desconocen y que pueden causar la quiebra a millones de usuarios. Aquí tendríamos que fijarnos en el Reino Unido, donde la FSA, la CNMV británica, obliga a pasar un examen muy riguroso para alcanzar la certificación CISI, algo que en España solo ofrece La Escuela de Finanzas, con sede en Coruña y ahora en Madrid y Granada. Así, los trabajadores del Banco de Santander que han ido a trabajar a Londres han tenido que pasar este examen previo para poder operar. Esto hubiese evitado muchos de los riesgos innecesarios que han traspasado a los miles de afectados.

Una vez que los afectados por Bankia –entidad cuyas prácticas han dejado mucho que desear, pues también es responsable de muchos casos de avales cruzados para inmigrantes a la hora de suscribir créditos hipotecarios–, han ido a la entidad a recuperar su dinero, se han encontrado que ya no lo pueden recuperar. El Banco de España prohibió las compra ventas de preferentes, ante el enorme fraude que escondían, y ahora ha comenzado el calvario para la mayor parte de afectados.

El último episodio ha ocurrido cuando los afectados que acudieron al canje por acciones, vieron, el jueves pasado, cómo se produjo otro presunto fraude monumental. Una serie de inversores institucionales se conjuraron, presuntamente, para alterar el precio de las acciones de Bankia para dejarlo por debajo de 0,65 céntimos, frente al precio del canje que se había establecido en 1,35€. Estas entidades negociaron un volumen de acciones de más de 49 millones de acciones –solo Credit Suisse negoció 15 millones–, cuando el número total de acciones de Bankia en Bolsa apenas sobrepasaba los 19 millones de acciones. Estas entidades dieron su orden de venta en dicho momento, pero los minoritarios se quedaron atrapados  hasta el pasado martes. Esta operación, junto a otras, ha supuesto una quita para los ahorradores de casi el 75% del valor de su inversión. Esta quita fue avalada y consentida por el Gobierno español al firmar el MOU este verano para que el rescate bancario fuese aprobado. Con estas prácticas, el FROB, accionista mayoritario de las Cajas intervenidas, se ha ahorrado mucho dinero al permitir una quita de casi el 80%, mediante prácticas presuntamente fuera de las buenas prácticas de mercado.

A partir de ahora, solo queda que los que han declinado ir al canje, comiencen su batalla judicial para recuperar su inversión, algo que poco a poco ya está ocurriendo. Mientras, asistiremos al intento de lavar la imagen del sistema bancario que ha cometido este presunto fraude, por parte del Gobierno y la CNMV, pero la realidad es tozuda y es el momento que hablen los jueces.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.