Brasil como experiencia

Julián Sauquillo

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Dos policías lanzan gas lacrimógeno contra los manifestantes, el pasado jueves, día 11, en Río de Janeiro, durante una jornada de protesta nacional para reclamar mejoras laborales. / Antonio Lacerda (Efe)

Parece que algo importante se agita en Brasil. Tras las esperanzadoras noticias de una elevación del desarrollo económico y un reparto más igualitario de la riqueza en aquel país, el motor de la economía iberoamericana deja resquicios a la protesta. Pese al avance social de subir a cincuenta millones de brasileños de clase social en el mandato de Luiz Inacio Lula da Silva, los brasileños protestan por la insuficiente inversión en educación, el alto coste de los medios de transporte público y la extensión de la corrupción impune entre la clase política. La compra de votos en el parlamento era reconocida y criticada en medios intelectuales y universitarios brasileños. Ni la desestructuración familiar que avocaba a muchos niños a pulular por la calle, ni la tutela comunitaria de las favelas, ni las pasadas protestas policiales por los bajos salarios son el horizonte actual de las noticias sobre Brasil. La agenda política brasileña se ve impulsada por cambios más generales. No se trata de negar las desigualdades sociales todavía patentes. Ahora un país en auténtica eclosión económica y ascenso industrial y tecnológico, posee una Universidad pública valiosa y una clase media que no se conforma. Brasil dispone del capital social necesario para no conformarse con el “pan y circo” que representa el futbol de competición. La ciudadanía brasileña no tiene un techo bajo para sus expectativas y la clase trabajadora no se calla ante unos medios de trasportes más inaccesibles económicamente. A diferencia de los madrileños que acatamos su subida con leves protestas en una de las ciudades mejor dotadas de trasportes públicos de todo el mundo.

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Pero Brasil no pretende pasar por proceso revolucionario alguno. No supone estas supuestas expectativas. Los resultados provisionales de las primaveras árabes no corroboran estos anhelos de cambio drástico, desgraciadamente. De modo distinto a Egipto donde se da el mismo ejército y ninguna revolución, Brasil plantea la regeneración del país a partir de unas estructuras políticas democráticas. A diferencia del integrismo islámico, lo hace mediante una práctica de las religiones bastante normalizada, con fuerte auge del evangelismo y relativo retroceso del catolicismo. Las protestas, revueltas, manifestaciones de Brasil contra la corrupción se producen sin el papel guardián del ejército. A pesar de la apertura política experimentada en Egipto, tras el derrocamiento de Hosni Mubarak, podemos observar que el ejército se reservaba allí un papel vigilante del Estado frente al islamismo mayoritario y de administrador de los cambios demandados por gran parte de una sociedad democrática, laica y moderna.  Más que una revolución, Egipto encarna un proceso de transición frustrado. Mientras que Brasil abre un debate acerca de qué cambios constitucionales cabe emprender y cuando pueden darse. La urgencia de las modificaciones políticas se atempera con el kairos (el tiempo) de la política.

¿Por qué Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, señala el final de la legislatura como el momento apropiado para acometer la reforma política demandada en la calle? El ritmo de la política, en una democracia constitucional, se ve marcado por la Constitución. El artículo sesenta de la Constitución brasileña fija una mayoría cualificada para la reforma de la Constitución, quienes son los sujetos que proponen la enmienda constitucional y algunos contenidos intangibles para cualquier iniciativa de reforma. Los contenidos exentos de cambio son el modelo federal de Estado; el voto secreto, universal y periódico; la división de poderes; y los derechos y garantías individuales. La propuesta de reforma corresponde a un tercio, al menos, de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado Federal, al Presidente de la República, y a más de la mitad de las Asambleas legislativas de los Estados de la Federación, con mayoría relativa de sus miembros. La propuesta será discutida y votada dos veces en ambas cámaras del Congreso Nacional –Cámara de Diputados y Senado Federal- y se requieren tres quintas partes de los votos afirmativos para ser aprobada.

El mecanismo de reforma es menos rígido que el español, que prevé (artículos 167-169) dos procedimientos según de qué materia  trate la reforma. El menos gravoso guarda semejanzas con el brasileño. Mientras que el procedimiento más reforzado prevé unas Cortes constituyentes elegidas para la reforma total o parcial de materias reguladas en el Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. Se procederá, en este caso, a la aprobación del nuevo texto por dos tercios de cada Cámara y será sometido a referéndum.

Parece lógico que la Presidenta elegida ultime su periodo legislativo y pueda asumir el compromiso de reforma para modificar las reglas de juego constitucional en que debe desenvolverse la acción de gobierno. Al final de su mandato, puede reunir o no esa mayoría que se requiere para la enmienda constitucional sin provocarse a sí misma una crisis de gobierno y legislativa. Va a requerir de unos consensos amplios para sacar adelante la reforma. Y los está buscando. El grupo de trabajo, formado por ocho diputados, que analiza ahora la propuesta admitida por Rousseff tiene un plazo de noventa días para dictaminar sobre la reforma. Y sólo aprobándose tal reforma un año antes de las elecciones, tendría vigencia para las elecciones de octubre de 2014. Luego, el calendario político de la reforma está ceñido a unos plazos que demoran la posible enmienda y su vigencia en las próximas elecciones. Pero la elaboración posible de los consensos requiere ese trabajo previo y su ritmo lento.

Nosotros perdimos la oportunidad de iniciar los acuerdos previos a cuatro iniciativas de reforma constitucional –el mapa territorial de las comunidades y ciudades autonómicas, la cláusula europea, la sucesión de la mujer en la Corona, la conversión del Senado en cámara territorial- y se afrontó con éxito, en 2011, urgentemente, la polémica reforma a favor de un techo de gasto público para la Administración y las Comunidades autonómicas en el nuevo artículo 135. El balance de la reforma constitucional en España es muy pobre. Nada apunta a que se vaya a enriquecer con la buena voluntad de una organización territorial federal auspiciada por el PSOE.

El proceso constituyente brasileño sigue las reglas constitucionales. La Presidenta brasileña ha solicitado al parlamento la convocatoria de un plebiscito popular que sigue un proceso reglado. Pero la voluntad política que manifiesta la calle posee su espontaneidad innegable. El poder constituyente  no es un sujeto absolutamente político, ni tampoco una iniciativa absolutamente sometida al derecho público. Su posibilidad trasformadora de la Constitución se sitúa entre el derecho público y el poder social, tal como señala Maurizio Fioravanti. La más importante experiencia que podemos sacar es que no hay poder constituyente ajeno a los procedimientos constitucionales. Aunque en España el descrédito de los partidos haya llevado a algunos a la defensa de un poder constituyente sin restricciones, no sobra recapacitar en los procedimientos y observar la experiencia que pueda traer Brasil. O los intereses nacionalistas nos conducirán a echar por la borda lo que de bueno tenga nuestra experiencia constitucional de treinta y cinco largos años.