ALEJANDRO INURRIETA | Publicado: - Actualizado: 17/5/2017 13:47

Alejandro InurrietaEl rescate bancario español tiene una característica especial respecto al resto de procesos en la UE y también en EEUU y es que todo el esfuerzo recae sobre los contribuyentes. La causa hay que buscarla en la estrecha relación de vasallaje con la gran banca y las Cajas que han mostrado los últimos gobiernos, tanto el de Zapatero, como el actual de Rajoy.

Todos los gestores que nos han llevado a esta situación han salido, los que lo han hecho, sin coste personal, judicial y con remuneraciones impropias de un país donde el concepto de justicia y equidad fuese otro. Las grandes cúpulas de Bankia o Caixa Galicia,  Cataluña Caixa, Banco de Valencia  o Caja Castilla-La Mancha hoy se están riendo de toda la ciudadanía, sabiendo que tienen todo el respaldo del gobierno y parte de la judicatura, como se ha visto en el caso del señor Blesa.

Con todo esto, el FROB acaba de corroborar algo que muchos anticipamos hace meses y es que los más de 26.000 mil millones se dan por perdidos, es decir la banca será incapaz de devolver el capital que todos los españoles hemos invertido en su nacionalización, saneamiento y posterior regalo a otras entidades. Este dictamen llega tras múltiples declaraciones de este Gobierno que ha intentado convencer a los contribuyentes sobre la sana intención del sistema financiero de reponer a las arcas públicas el dinero prestado para, entre otras cosas, poder financiar las contrapartidas económicas de todo el equipo gestor que, en cualquier país, habría sido depuesto e imputado.

La clave para entender este proceso es analizar la dinámica de la deuda privada y pública desde el comienzo de la crisis. Con los nuevos datos se confirman dos tendencias en la dinámica de la deuda. El volumen total alcanzó los 4,4 billones de € en el primer trimestre de 2013, un 423% del PIB. En primer lugar, las sociedades financieras apenas han reducido marginalmente su volumen de deuda respecto al cierre de 2012. En realidad en todo el período que llevamos de crisis incrementaron su deuda, a pesar de encontrarnos, por un lado, en pleno proceso de reestructuración bancaria, y, por otro, en una fase de desendeudamiento del resto de sectores privados. En segundo lugar, lo que empezó siendo una brutal crisis de deuda privada se está transformando en una crisis de deuda soberana en un contexto en el que familias y empresas no financieras han reducido su apalancamiento, más de 90.000 millones en el caso de los hogares y 170.000 en el caso de las empresas. Por el contrario, y a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde quebraron entidades financieras pequeñas y medianas, la deuda de las sociedades financieras residentes en nuestro país continuó aumentando, concretamente en 100.000 millones de euros desde 2008.

El resultado de esta dinámica se ha reflejado en la evolución de la deuda pública, que se ha incrementado en más de 600.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Ello se debe básicamente a dos razones: por un lado, el rescate bancario, que se ha hecho a costa de los contribuyentes; y, por otro, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Según mis expectativas, las nuevas necesidades de financiación de las administraciones públicas para el período 2013-2015 oscilan entre 470.000 y 621.000 millones de euros. Si se confirmaran, el montante final de nuestra deuda soberana en 2015 alcanzaría entre el 140% y el 160% del PIB.

Las consecuencias de socializar las pérdidas de la banca española también se han visto reflejadas en la evolución de la deuda externa. En 2008, la parte de deuda pública con el extranjero representaba únicamente el 19% del total de la deuda externa (212.637 millones de euros), mientras que todo el sector privado debía al exterior el 81% restante (915.722 millones de euros). En todo caso, las entidades financieras eran las principales deudoras, con un 53% de la deuda externa (602.866 millones de euros), mientras que las sociedades no financieras adeudan el 28% restante (312.5836 millones), y las familias apenas un 0,3%. A finales del primer trimestre de 2013 la parte de deuda pública con el extranjero representa ya el 33% del total de la deuda externa (346.792 millones de euros), mientras que la deuda externa del sector privado se ha reducido el 67% restante (712.937 millones de euros). Los acreedores extranjeros han reducido notoriamente la deuda de sociedades financieras españolas que ahora representa un 36% de la deuda externa española (386.320 millones de euros), casi 17 puntos porcentuales menos. Las sociedades no financieras adeudan el 31% restante (326.617 millones), y las familias siguen debiendo prácticamente lo mismo.

Ahora se entiende porqué cuando el riesgo de impago radicaba principalmente en el sector privado y no en el público, los acreedores españoles e internacionales presionaban al Gobierno de turno para hacer reformas, recortes y privatizaciones. El hecho que el Gobierno central se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte (por no decir la totalidad) de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado (es decir, los acreedores de la deuda española) haya enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tuviera que salir al rescate de impagos de la banca privada española.

En conclusión, la dinámica de la deuda privada y pública, y por ende la externa, explica cómo el Estado a través de los contribuyentes está financiando toda la deuda bancaria, tomando prestados fondos en el exterior, sacrificando servicios y rentas en el exterior, con el único objetivo de salvaguardar los derechos de la cúpula y el funcionamiento de un sistema financiero que en un porcentaje no desdeñable está quebrado. Mientras la deuda bancaria siga creciendo, a costa de la deuda pública, y no limpie de verdad todos los balances, el crédito no fluirá y la economía se mantendrá en recesión. Pero las cúpulas mantendrán sus privilegios y los ministros su discurso falso y cómplice.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.

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