Presupuestos para la deflación

El análisis más pormenorizado de los Presupuestos Generales del Estado permite concluir que estos facilitan y, tal vez, buscan la caída en la deflación cómo única solución.

Las bajadas de salarios, los aumentos de impuestos, el recorte en las pensiones, los copagos, y las subidas de los precios de los servicios públicos han acabado hundiendo hasta niveles alarmantes las rentas de las familias. Como consecuencia, España se aproxima a una deflación por deuda, lo que sin duda aumentará aún más el valor nominal del enorme stock. Por ello, el peligro real para la economía española es un descenso de los precios inducido por un montante total de deuda pública y privada que no se va a poder pagar. Se le conoce como deflación por endeudamiento. El IPC de agosto, -0,6% en el nuevo indicador de precios a impuestos constantes, ya podría indicar que estamos en un claro proceso de deflación inducido por una política de contracción de la demanda interna sin precedentes, con el único objetivo de alcanzar cotas de supuesta competitividad que podría llevar a muchos agentes económicos a la quiebra. Este proceso, ya definido por un monetarista como Ficher, se explica por el intento de desapalancamiento financiero bajo un episodio de recesión de balances, restringiendo rentas y salarios de los hogares.

La liquidación de la deuda obliga a vender los activos en una situación de dificultad o apuros, a una contracción de los depósitos, y a una desaceleración en la velocidad de circulación del dinero. Como consecuencia se produce un descenso en los niveles de precios, de manera que si no se implementan políticas económicas expansivas, se produciría una mayor caída en la riqueza neta de empresas y familias, precipitando bancarrotas, una reducción en la producción, comercio y empleo, generando más pesimismo y pérdida de confianza, lo cual llevaría a una mayor desaceleración en la velocidad de circulación, y a una mayor caída de precios.

Esta dinámica se ha instalado en la economía española y buena prueba de ello son los presupuestos presentados. Las principales magnitudes de inversión y gasto público se han desplomado, algunas como las infraestructuras llevando el nivel de gasto a los años 80 en términos nominales, con un gasto directo de apenas 4.732 millones de euros. Las partidas de transferencias para Sanidad y Educación también sufren recortes en su gasto directo, aunque los activos financieros puedan crecer, lo que indica, al igual que la investigación, que el gasto se proyecta vía préstamos que muy poca gente puede acometer.  Esto implica globalmente que el ajuste para alcanzar los objetivos inalcanzables de déficit público (5,8%), y crecimiento de un 0,7%, se han centrado en la inversión y no en el gasto corriente que crece un 6%. Si supiera algo de macroeconomía, el ministro Montoro sabría que el efecto multiplicador de la inversión es lo que ahora podría sacar a la economía española del hoyo en el que se ha sumergido.

Las rentas derivadas de estos presupuestos, tanto salarios de funcionarios, como pensiones, se congelan en términos nominales, y aunque el IPC ajustado por impuestos constantes sea negativo, los agentes tendrán que hacer frente a nuevas subidas de luz, copago hospitalario, etc., lo que afectará especialmente a jubilados, dependientes y enfermos crónicos. A esto hay que añadir la nueva congelación, tras bruscos recortes, de la ley de dependencia, lo que deja a más de 200.000 potenciales dependientes sin evaluar, y nos lleva a una caída de más del 15% respecto al 2012. En Sanidad, descontando Ceuta y Melilla, el gasto del Ministerio se queda en 144 millones para cubrir trasplantes,  agencia del medicamento, consumo, etc. En educación, a pesar del maquillaje del incremento en becas, la caída del gasto supera un 30% desde el ejercicio 2012, lo cual denota las prioridades del Ejecutivo.

Para cuadrar toda esta situación, el monto de la deuda alcanzó el billón de euros, un 100% del PIB, en un entorno en el que crece la morosidad bancaria y la banca mediana está en una situación muy peligrosa, alcanzando las necesidades de capital incluso a los dos colosos del Ibex.

Si todos estos esfuerzos se dirigían a mejorar nuestra competitividad, los últimos datos del Ministerio de Economía muestran lo contrario. Todos los indicadores de competitividad, con precios industriales, precios de consumo, valores unitarios de la exportación, no han dejado de subir, lo que representa una pérdida de competitividad. Entonces, ¿de qué mejora de la competitividad hablan Montoro, Guindos y compañía? Sencillamente se ha producido una desviación de comercio de las empresas que no pudiendo vender en el mercado interno, se han lanzado a vender en el mercado exterior, lo que ha permitido mejorar la balanza comercial, de forma transitoria, y así equilibrar la balanza corriente.  Nada de estos efectos tiene que ver con la mejoría de competitividad, que se refiere más a avances tecnológicos, mejoras en procesos o innovación y patentes.

En suma, un país con casi 6 millones de parados, una tasa de empleo del 50%, con un ritmo de destrucción de empleo del 3,5% anual, no puede pretender crecer en el corto plazo. Con más de 28 millones de inactivos, el crecimiento potencial tiende a cero o incluso a tasas negativas si incluimos el crecimiento escaso de la natalidad y el nivel formativo de los agentes. Pero ante este panorama, el Gobierno insiste en un cuadro macroeconómico irreal, una reducción de la inversión real que supera el 20%, un descenso acumulado en educación, sanidad y dependencia del 30% en los dos últimos ejercicios y un volumen de deuda impagable, dada su explosividad. Pero como siempre, solo se contará otra historia para manipular y confundir.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.