Felipe puede seguir esperando
Hugo Martinez Abarca *
Sería, pues, perfectamente constitucional exigir que entre el cese de Juan Carlos y la coronación de Felipe haya un plazo suficiente que permita a la ciudadanía en su conjunto decidir si mantiene la monarquía o prefiere una república. (Febrero de 2012, Felipe puede esperar: una propuesta para cuando el rey Juan Carlos se vaya)
Lo que sea España es una decisión que no le corresponde a ningún Gobierno, ni partido, ni ningún Parlamento. Corresponde a todos los españoles. (14 de diciembre de 2013, Mariano Rajoy).
Probablemente las élites políticas y financieras sean más conscientes de la profundidad de la crisis de régimen que vive la Transición. El 25M permitió asomar el calado de su quiebra. Una semana después el rey se tiene que ir. Hace una semana se refirió Esperanza Aguirre a los partidos que habían rebajado la suma del bipartidismo a menos de la mitad de los votantes: frente a los partidos “constitucionales” identificó la emergencia de partidos republicanos (así se refirió a Izquierda Unida y Podemos). Esos son los dos cimientos que usa el decadente régimen del 78 para ejercer de correa de transmisión de los poderes financieros. Ha quedado clara la función de la monarquía en estos meses en que Juan Carlos intentaba recuperar vitalidad haciendo viajes a dictaduras petroleras rodeado de grandes empresarios que hacían negocios allí. Si la crisis del bipartidismo supone el rechazo de la corrupción, los privilegios y la entrega de las instituciones a las élites económicas, la Corona es la quintaesencia de lo rechazado.
Felipe de Borbón no tiene un 23F real ni imaginario sobre el que legitimarse. Ni una Transición real o imaginaria. Tiene un texto legal, la agonizante y maltratada (por sus aduladores) Constitución de 1978. Desde el 15M de 2011 y el 25M de 2014 ni siquiera cuenta con el tiempo que cedía la pasividad popular, ya no entregada a la inercia. Incluso las reiteradas declaraciones contra el independentismo catalán según la cual lo que sea España es una decisión que no le corresponde a ningún Gobierno, ni partido, ni ningún Parlamento, corresponde a todos los españoles viene a deslegitimar un cambio tan importante sin que el pueblo español opine. No cabe hacer como que el país está en una situación de normalidad.
Ha anunciado Rajoy que es necesaria la elaboración de una Ley Orgánica. Incluso con un Congreso con la composición de 2011 (mucho más cortesano que lo que sería un Congreso elegido hoy) esta Ley Orgánica contará con la oposición de fuerzas que participaron en la restauración monárquica de 1978. Entonces hubo ruido de sables. Hoy sólo hay ruido de calle, ruido de pueblo.
La Constitución no prevé plazos en la sucesión: puede hacerse en dos días o en dos años, en ambos casos cumpliendo lo previsto por la Constitución de 1978. Sólo prevé en su artículo 92.1 que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Evidentemente la sucesión es un asunto de especial trascendencia. Por tanto se ajustaría perfectamente a la legalidad y sería el único camino democráticamente legítimo detener el proceso sucesorio, convocar un referéndum popular sobre esa Ley Orgánica anunciada por Rajoy (que sería de facto un referéndum entre continuidad o proceso constituyente republicano) y actuar en función de tal referéndum. Si la opción cortesana pierde tal referéndum, en vez de dar paso a la sucesión habría que convocar inexorablemente elecciones a asamblea constituyente.
Obviamente los partidos cortesanos se opondrán a que el pueblo tome la palabra. Pero del mismo modo que la abdicación es el camino más seguro para afianzar la monarquía, la falta de legitimación democrática de la sucesión pesará como una losa y la pagarán, sin duda, en un varapalo aún mayor en las elecciones de 2015: municipales, autonómicas y generales, que serán un verdadero plebiscito constituyente.
Toca activar rápidamente la calle, exigir que la puerta que se abre sea una puerta a la democracia, a la toma de la palabra del pueblo. Lo que sea España corresponde a los españoles. O nos dan la palabra o nos la tomaremos.
Eres un iluminao, tío. Gracias a Dios o a quien sea, jamás vais a acceder al gobierno de España. Suerte que tenemos los españoles normales.
Patronio – Tiene usted un llamativo sentido de la «normalidad» Para mi no es normal que Rafael Blasco se libre de la carcel pagando 200.000 euros mientras se encarcela a un hombre por robar 10 euros en hortalizas.