Podemos acierta en el diagnóstico, no tanto en las soluciones

La expectación que ha generado la presentación del programa económico de Podemos, cuya puesta en escena fue manifiestamente mejorable, denota que el país está ávido de soluciones diferentes a las fracasadas políticas de PP y PSOE. Los grandes partidos constituyen un cuerpo doctrinal único que se manifiesta en el pensamiento único de los Técnicos Comerciales del Estado, junto a una parte de la Inspección de Hacienda que reniega de la imposición, cuerpos que han dominado la política económica en los últimos 30 años.

Estas políticas, antes y después del euro, se han basado en diseñar un mix de política económica tendente a sobreendeudar a los agentes, búsqueda permanente de crecimiento fácil sobre la base de burbujas especulativas, fastos que inyectasen fondos a la economía, como los del 92, y reformas laborales y fiscales de corte liberal, salvo la última de Montoro, que favoreciesen claramente a las rentas de capital, frente a las del trabajo.

Los dos grupos políticos han mermado la capacidad productiva de la industria, han favorecido a los grandes grupos de presión, particularmente los energéticos e inmobiliarios en la época de Solbes, Salgado y Sebastián, han forzado una disminución de la participación de la renta salarial en la Renta Nacional, ya antes de la crisis, y han abandonado a grandes colectivos sociales. La consecuencia inmediata de la acción pública de los social-liberales y conservadores es una pérdida de capital humano sin parangón, una salida masiva de ciudadanos nacionales y extranjeros que no está permitiendo reducir el paro, simplemente por la reducción de la población activa. Con ello, tenemos más de 3,7 millones de parados estructurales, una gran parte de ellos mayores de 45 años, cuya probabilidad de empleo es nula, lo que sin duda va a condenar a muchos hogares a la exclusión y la miseria social si no hay una actuación pública decidida.

Ambas formaciones políticas han permitido la precariedad laboral en distintos grados y han vendido como éxito, junto a la pléyade de economistas agradecidos de haberse conocido, un porcentaje cada vez mayor de subempleo obligado, con una extensión de la jornada laboral creciente por decreto y sin negociación, sin subidas salariales. Estas medidas de oferta, que han flexibilizado el mercado laboral hasta límites insospechados, aunque insuficientes para la CEOE y los economistas de la escuela de Minnesota o de la Escuela de Alcalá de Henares, han generado una desprotección laboral que es prácticamente irreversible, salvo que un Gobierno responsable y valiente lo desmonte. Esto solo puede venir de una conjunción de fuerzas sociales, políticas y sindicales, en lo que debería ser un nuevo marco de Contrato Social a la Rousseu.

El volumen de trabajadores pobres, aquellos que incluso trabajando no alcanzan un salario digno, está diseñando un experimento social muy peligroso, pues el castigo económico, social y laboral a los segmentos más vulnerables de la sociedad es de tal calibre que algunas fuerzas vivas y empresa de cierto tamaño están empezando a tener miedo a las consecuencias económicas, pero también sociales de esta guerra sin cuartel contra los percentiles de renta más bajos. Estos han comenzado a sufrir un copago sanitario, desahucios sin discriminar -el ejemplo de la anciana de Vallecas es paradigmático-, desempleo crónico, agotamiento de prestaciones, acortamiento de las prestaciones, endeudamiento perpetuo, aunque pierdan la casa, y todo ello disfrazado de un lenguaje metafísico de culpabilidad que busca purgar los excesos del pasado.

La inequidad se ha instalado como un mal necesario, “es lo que hay”, declara el presidente Rosell, y ha aumentado durante los Gobiernos de Zapatero, lo que demuestra que las políticas implementadas son del mismo corte, tanto las del PSOE, como las del PP, aunque la propensión al gasto, especialmente el ineficiente, sea algo diferente. Esta inequidad, además, está sustentado al endeudamiento, que se inicia con la aprobación de la Ley del Suelo del 98 y que luego fue abrazada por los sucesivos Gobiernos de Zapatero, quien fue incapaz de escuchar a los que le advertimos del peligro de la deuda privada.

Ante el problema del pago de la deuda, tanto pública, como privada, pero también en materia impositiva, los dos grandes partidos han actuado casi de forma simétrica. Bajadas de impuestos muy selectivas para grandes empresas, por parte de Solbes, y la mejora de la fiscalidad de las rentas del capital, tanto PP, como PSOE. El culmen de convergencia fue el brindis al sol de la reforma del Artículo 135 de la Constitución que consagra la prioridad del orden de prelación de la deuda, junto al Castor, frente a los gastos sociales o el pago a proveedores y especialmente el suministro de los fármacos a los enfermos de hepatitis C.

Frente a este panorama, Podemos ha seleccionado a dos economistas molestos para el dogma y el mantra social liberal. Especialmente Vinceç Navarro, prestigioso experto en economía pública y persona que puede asesorar y demostrar que hay alternativas económicas a la situación actual, aunque es verdad que no puede ejercerse desde la unilateralidad. El documento, o principios programáticos, supera en muchos aspectos los clichés que se han instalado en el imaginario común. Lo más llamativo es que demuestran argumentativamente que esta crisis es de demanda efectiva, y no de oferta. Todo ello tiene una serie de connotaciones básicas que poca gente se ha atrevido a formular. Es imprescindible una subida salarial, mejora en la formación ocupacional, reindustrialización y fomento de la economía productiva, así como el respeto a la sostenibilidad del medio ambiente.

El segundo bloque es que estamos ante una crisis de deuda, y que ésta es impagable, salvo que condenemos a una gran parte de la población al paro estructural, con el consiguiente deterioro del crecimiento potencial. Esta deuda, tanto pública, como privada, tiene su origen en un pésimo funcionamiento de los mercados financieros, de intereses perversos y de un abuso de una legislación hipotecaria que creaba indefensión a los particulares más vulnerables, y que ni PP, ni PSOE se atrevieron a tocar, por miedo a la banca.

Aquí Podemos es valiente y acierta solicitando una quita ordenada de deuda privada, pero también pública, ante lo que sin duda es el gran problema que impide crecer a la economía española. No son los únicos que lo analizan en esta dirección. Rogoff o Richard Koo, economistas muy peligrosos, ahora son descubiertos por los economistas de las pizarras en Telecinco o la Sexta, pero sus argumentos en contra de las quitas ordenadas sólo responden a intereses espurios que muchas veces tienen que ver con sus relaciones con la banca.

Es precisamente el sistema financiero uno de los sectores que viciaron la economía en su origen, y que ahora están provocando un cuello de botella en la financiación, aunque la ausencia de ésta demuestra más la carencia de demanda solvente, pero que también indica un grave problema de solvencia en una gran parte de la banca. Este sector, además, apenas contribuye en materia fiscal, algo que Podemos acierta en señalar. Hay que gravar las transacciones financieras, como la compraventa de acciones, derivados u otros activos, lo que redundaría en un significativo aumento de la recaudación fiscal. Este es otro de los capítulos al que Podemos dedica un amplio apartado. La colaboración con Gestha permite elaborar un diagnóstico claro de las posibilidades fiscales que tiene la economía española. Especialmente en materia de fraude fiscal y recaudación por tributación de grandes sociedades, tributación del capital, el desmantelamiento de las SICAV, y el gravamen de compra ventas de activos financieros.

En materia de empleo y demografía es urgente, y Podemos hace hincapié en ello, la regulación del tiempo de trabajo, puesto que es muy complicado que haya empleo asalariado a tiempo completo para todos, dada nuestra estructura productiva. Lo que es más cuestionable es que la ley de las 35 horas sea una solución, como no lo ha sido en Francia. Sí que es urgente un modelo de conciliación de vida personal y laboral, que incluya la incorporación plena de la mujer y especialmente mayores de 45 años al mercado laboral. La puesta en marcha de empresas autogestionadas por este colectivo, y la idea del relevo generacional como fórmula para crear empleo, también es una línea interesante y plausible que merece la pena explorar.

Dejo para el final lo que aparentemente más miedo ha dado a los mercados y los pensadores liberales, la idea de banca pública. En un ejercicio de reduccionismo simplista, la caterva se ha lanzado a cuestionar la banca pública, con la experiencia nefasta de algunas Cajas de Ahorros. Se olvidan que esas instituciones no tenían ninguna diferencia con la banca privada, salvo el accionariado. Existen suficientes modelos alternativos de banca pública de verdad, como la de Dakota en EEUU, o la francés, o incluso la sueca (Nordea) que merecen ser exploradas y analizadas. La idea de banca pública tiene que ver con especialización en sectores donde no llega la banca privada (innovación social, cultura, emprendimiento, investigación, entre otros). Esto requiere un tratamiento diferenciado, con tipos diferenciados, personal cualificado, siempre desde la órbita de maximizar el dividendo social de la inversión.

Con todo ello, Podemos diseña un marco económico que rompe con la tibieza y colaboracionismo de la socialdemocracia de salón que ha gobernado España, dominada por los TECOS, Inspectores de Hacienda negacionistas y vigilados por los Abogados del Estado que hoy han tomado por asalto el poder en Moncloa. Apuesta por la equidad radical, busca nichos de mercados, privados y públicos, que rellenen el déficit productivo de la economía española. Busca conciliar vida personal y laboral, reparto generacional de la fuerza laboral, y una imposición que obligue a tributar a los grandes beneficiarios de la orgía financiera: la banca y los instrumentos financieros, la mayoría opacos, que han desencadenado el cataclismo actual, y se van a ir sin pisar la cárcel, y sin pagar impuestos. Algunas de las propuestas están mal planteadas, pero en general es una brocha de aire fresco que suena diferente. Tal vez el problema es si hay suficiente gente preparada que pueda implementar este programa.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.