Legislatura para olvidar en materia de empleo y condiciones laborales

El presidente Rajoy se examina en diciembre de toda una legislatura que, en materia laboral, puede darse por perdida y ha abocado a España a una situación insostenible a medio plazo. A pesar de las dudas sobre las estadísticas que elabora el INE, la última EPA del mandato de Rajoy es todo menos complaciente con las políticas laborales puestas en marcha por el ejecutivo del PP.

Siendo rigurosos, el describir dos fechas fijas temporales para medir la evolución del empleo o el desempleo no es muy correcto, pero sí aproxima  razonablemente bien qué ha ocurrido en España durante los últimos cuatro años.

La legislatura comenzó bajo el síndrome de la intervención por parte de la Troika, en un contexto de sobreendeudamiento exacerbado, especialmente del sector privado, y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria; amén de una crisis de liquidez internacional que secó el sistema financiero, preso de unos balances trucados y llenos de créditos basura. Con este panorama, y la aprobación de la reforma laboral, continuación de la llevada a cabo por Zapatero, las empresas españolas comenzaron la batalla contra la negociación colectiva y contra el empleo estable. Los grandes beneficiados, como siempre, han sido las grandes y medianas empresas que han logrado limpiar las plantillas, fundamentalmente del empleo joven y temporal primero, y estable y más maduro después, hasta dejar un mercado laboral completamente dividido, segmentado y envejecido.

Sin cambios en el patrón de crecimiento, y destruido el sector inmobiliario y auxiliares, como la madera, electrodomésticos, entre otros, sólo el turismo, y últimamente el empleo público, han mantenido la dinámica de creación de empleo, siempre precario, mal pagado y con condiciones laborales cada vez peores. La pérdida de peso de la negociación colectiva es un hecho incuestionable, apenas llega al 60% del total de trabajadores, y ello ha supuesto uno de los mayores logros que los empresarios españoles llevaban tanto tiempo buscando. Vaciar el poder de negociación de los trabajadores es la herramienta perfecta para inclinar la balanza hacia la parte contratante y eso se nota en la distribución de la renta nacional. Esta distribución solía ser un buen termómetro de la situación del ciclo económico. Es decir, en épocas de bonanza, los trabajadores extraen mayor parte del pastel que se produce, ya que el empleo crece y la masa salarial suele incrementarse. Por el contrario, en épocas de depresión económica son los empresarios los que se llevan la mayor parte de la tarta, al disminuir la masa salarial y el número de ocupados.

Si uno analiza la renta nacional, el resultado, desde hace mucho tiempo, es lo contrario. Por un lado, la pérdida de participación de los salarios en la renta nacional es ya endémica y no se relaciona con los ciclos. Esto ocurre no solo en España, sino que es un fenómeno a nivel mundial.

Las razones son varias. Por un lado, el peso sindical languidece, también por fallos en la estructura organizativa de los sindicatos, y ello conlleva un menor poder de negociación, lo que produce una devaluación salarial a nivel mundial. Pero también es consecuencia de la influencia de China y otros países asiáticos en el comercio internacional. La globalización genera estas externalidades negativas que implica que los salarios se igualen por abajo, fruto de la competencia brutal que provoca el gigante asiático. Si a esto añadimos que el factor trabajo está en declive, como consecuencia de la reducción drástica de la inversión productiva que conlleva las políticas de maximización del valor del accionista en millones de empresas, tenemos un panorama realmente desolador en materia de empleo a nivel internacional.

El síndrome y el complejo que acarreamos en España nos han llevado a imitar las peores prácticas y hemos abrazado, gracias a la gran marea de votantes que eligieron a Rajoy como salvador de España en 2011, las recetas neoclásicas que atribuyen todos los males del desempleo a los costes relativos (salarios), los factores institucionales (negociación colectiva) y la regulación (contratación). Pero el día que se explicaba el principio de demanda efectiva y el peso de las expectativas en las decisiones de inversión y contratación faltaron a clase y por ello han elegido a dos reputados investigadores en esta materia para dirigir empleo y economía: De Guindos y Fátima Báñez.

Los resultados son altamente satisfactorios para los intereses que han apoyado sin miramientos a este gobierno. Las empresas pueden fijar el salario libremente, con el único límite del Salario Mínimo Interprofesional (congelado hasta el último año de la legislatura), pueden despedir con un coste reducido de 20 días por año, pueden modificar la jornada laboral a su libre albedrio, no hay ninguna facilidad para la conciliación personal y laboral, y obtienen bonificaciones a la contratación aunque hayan despedido en el pasado. Las próximas reivindicaciones serán las vacaciones pagadas y las bajas laborales, especialmente las maternales, que son maldecidas por infinidad de empresarios que consideran un coste muy elevado que las mujeres puedan disfrutar de ese periodo remunerado.

Las cifras de la legislatura son concluyentes: el cuatrienio negro para los trabajadores finaliza con 100.000 empleos menos, una reducción salarial de más del 15%, menos contratos indefinidos, y una población activa que ha perdido 500.000 potenciales trabajadores. Con ello, el paro ha podido reducirse, simplemente por abandono. Por un lado, los que han emigrado, cuyas estadísticas el INE no se atreve a publicar y generar, y por otro, la cantidad de parados que cansados, han decidido tirar la toalla.

Pero lo más gordo es que se han perdido 33 millones de horas de trabajo, el equivalente a 884.000 empleos a tiempo completo. Es decir, el empleo que se ha ido creando ha sido en realidad subempleo, es decir, personas que obligatoriamente tienen que trabajar menos horas de las que desearían.

Estas pérdidas de horas de trabajo se han centrado en los menores de 45 años, lo que indica un gran envejecimiento de la fuerza laboral. Entre 30 y 33 años, se ha perdido más de 21 millones de horas de trabajo, mientras que entre 16 y 29 años han sido más de 27 millones. Por el contrario, de 55 a 65 años, ha habido un aumento de 8 millones de horas, y entre 45 y 54 se han añadido 6 millones de horas. En global, desde el cuarto trimestre de 2011, se han perdido el 4,9% de horas de trabajo y el 3,3% en términos de ocupados. La razón última es la cantidad de personas que trabajan menos de 20 horas semanales. Hay 241.784 personas que trabajan menos de media jornada, pero computan igual que una persona que trabaja 5 horas o cuarenta horas semanales. Este truco estadístico, que tampoco se analiza por parte del INE como se hace en EEUU, elevaría la tasa de paro real, incluyendo el subempleo, hasta una tasa cercana al 28% de la fuerza laboral. Pero eso no interesa a los próceres de la patria, que prefieren sacar pecho de un mercado laboral destrozado y sin futuro.

Desde una óptica estructural, hay cifras alarmantes. Por un lado, la tasa de actividad está por debajo del 60%, lo que indica que hay un 40% de la población activa que no participa, y con tendencia decreciente. Pero peor aún es que la tasa de empleo es ridícula. Un 46,9%, lo que revela que la empleabilidad de la fuerza laboral es tremendamente baja, dejando un gran boquete para que se emigre o se produzca la despoblación en grandes partes del país. Por poner dos ejemplos, Andalucía y Asturias son las CCAA con menor tasa de empleo. Un 40% y un 42% respectivamente.  Estas cifras deberían hacer reflexionar a políticos y fuerzas sociales, porque, a pesar de la economía sumergida, no es posible mantener estas cifras si queremos converger con la Europa rica. Nuestro crecimiento potencial se habría reducido a los umbrales del 1%. El resto está inflado artificialmente por deuda que tardaremos en digerir, si es que no explota antes.

Dejo para el final la situación de la Seguridad Social. Con el envejecimiento de la población, con la emigración de los más jóvenes, y sin recambio para los que se van jubilando, el sistema de pensiones acabará por quebrar con el sistema de financiación actual. Si seguimos bajando las cotizaciones sociales, y hay propuestas para ello, el déficit crónico de más del 1% del PIB se convertirá en explosivo y habrá que diseñar nuevas fuentes de financiación, que únicamente pueden ser más impuestos. Pero nadie habla de ello, y todos son golpes de pecho y autocomplacencia frente a una situación estructural que puede llegar a ser dramática.

En resumen, Rajoy termina peor que empezó. Menos ocupados, menos activos, más parados de larga duración, más déficit de la Seguridad Social, menores salarios, y menos horas de trabajo. Y por supuesto, con menos derechos laborales y menos negociación colectiva.  Lo peor que es que quien puede sustituirle tiene unas ideas muy parecidas en materia laboral. Sólo quiere eliminar algunos puntos de la Reforma Laboral. En fin, qué panorama.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.