Tres años contigo, Luis
Hugo Martínez Abarca *
El 31 de enero de 2013, El País publicó los 'papeles de Bárcenas'. Era una bomba que tenía que caer tarde o temprano desde que El Mundo intentara reducirla a una explosión controlada y difusa. Dirigentes del PP, anticipó El Mundo, habían cobrado en dinero negro regularmente desde hacía muchos años. Andábamos conociendo la trama Gurtel y aquello parecía una mera prolongación de la oscuridad y falta de escrúpulos con la que el PP y sus dirigentes se había manejado sin que, además, supiéramos los nombres en concreto de quiénes habían cobrado en dinero negro. Pero ese 31 de enero vimos la contabilidad real del Partido Popular, la que su gerente y tesorero había ido elaborando durante los años en los que gozaba de las máximas confianzas en Génova 13 y no contemplaba ni como mera hipótesis que tal documentación (que habría de llevarle a la cárcel) fuera descubierta. Tras el intento del PP y de su pesebre mediático, hoy ya no hay quien dude de la veracidad de aquella contabilidad real y de cada uno de sus apuntes.
Lo que vimos no era sólo un incumplimiento de la legalidad. Eran las entrañas del saqueo, la sala de máquinas de nuestra ruina. No era sólo que los dirigentes del PP tuvieran un sistema generalizado de cobros en dinero negro, sino que el PP se nutría de financiación con dinero negro que provenía de los constructores. Lo que vimos es que esos constructores recibían el inmenso gasto en infraestructuras que había protagonizado los años del crecimiento económico basado en el 'ladrillazo' (del que también se habían beneficiado esos constructores-donantes). Y, por tanto, esos sobresueldos en dinero negro no eran “remuneraciones complementarias por razón del cargo” y “anticipos por gastos inherentes al desempeño del cargo” como los definió Rajoy en el Congreso varios meses después: eran una forma de soborno que hacía que una parte del salario de toda la cúpula del PP y la financiación del partido (y de sus campañas electorales) dependiera de que las administraciones donde el PP gobernara priorizara el gasto en infraestructuras sobre cualquier otro posible gasto. Un funcionamiento idéntico al que hemos visto que había en la Cataluña de CiU (aunque aparentemente los sobornos los centralizaba la familia Pujol) y al que hemos visto que se reproducía en los distintos Partidos Populares de cada comunidad autónoma, de cada provincia, de cada ciudad.
Lo que vimos hace ahora tres años es el funcionamiento de una estructura criminal que se había adueñado de un partido político y cuyo objetivo era repartirse dinero público. Para ello se podía construir radiales inútiles, aeropuertos absurdos, anunciar que cualquier problema real se resolvía poniendo ladrillos. La Sanidad necesitaba construir ocho hospitales en Madrid sin que ello supusiera ni una cama ni un médico más (pues ni los médicos ni los pacientes hacen donación alguna al partido), gastarse una millonada en una 'Ciudad de la Justicia' que años después es un páramo apto sólo para que correteen los conejos y se rueden películas, o aprobar la construcción de colegios concertados a cambio de una mordida de 900.000 euros y un 'volquete de putas'.
Lo que hemos visto es que lo que los 'papeles de Bárcenas' mostraban que cada una de las decenas de tramas en todos los niveles de la administración (desde los miembros de la Casa Real que van a ser juzgados a múltiples comunidades autónomas y cientos de municipios) tenían un funcionamiento armónico, que el ciclo 'financiación ilegal al partido'-'sobornos con dinero negro a los dirigentes'-'gasto público a favor de los sobornantes' ha funcionado por toda España y ha sido el funcionamiento regular del PP y de CiU. Que no han sido casos aislados sino una estructura criminal que se ha extendido como un funcionamiento regular.
La ruina del país, la priorización del gasto en infraestructuras sobre el desarrollo de un Estado social tienen en parte su motor en ese funcionamiento cuyas tripas pudimos ver hace tres años en los cuadernos de la contabilidad real del PP. Hay otras salas de máquinas de la ruina que van de las puertas giratorias a los créditos asequibles, tarjetas black, o el simple ejercicio del poder ilegítimo a través del chantaje y chalaneo frente a un ejercicio del poder democrático. Una maquinaria plural que explica que además de las constructoras, los bancos y las empresas energéticas hayan gozado de los favores de un Estado que se ponía a su servicio en vez de al de su pueblo como correspondería en una democracia. No podemos esperar que un Estado responda a los intereses de su pueblo si lo gobiernan gentes y partidos sometidos a los mandatos de una ínfima minoría: los distintos modos de soborno y financiación ilegal no son compatibles con gobernantes que puedan plantar cara a sus sobornantes.
El tercer aniversario de la publicación de los 'papeles de Bárcenas' coincide con un momento en que se dirime si los actores de ese saqueo siguen al mando de las instituciones o si se da un volantazo para romper con quienes desde hace demasiados lustros han funcionado como una mafia ruinosa para el país. No es otra cosa lo que se dirime en esas comidas, artículos, comités federales, entrevistas a viejas glorias reconvertidas en consejeros de grandes empresas o directamente a banqueros, noticias sin contenido pero con titulares injuriosos orquestados por los tinglados mediáticos de esos grupos de poder a los que el pueblo abrió la puerta de salida el 20D.
De eso se discute estos días: de si en el cuarto aniversario de los 'papeles de Bárcenas' celebraremos que tenemos un Estado democrático y de Derecho o si nuestras instituciones siguen sometidas al saqueo de una minoría contra su pueblo.
