El valor de una negativa por razones de Estado

José Antonio Pérez Tapias *

La invocación al “sentido de Estado”, las apelaciones a la responsabilidad, las menciones a la necesaria estabilidad y el mantra de hacer posible la gobernabilidad ocupan el espacio mediático de nuestro país en la misma proporción en que los representantes de la derecha se llenan la boca con tales admoniciones con un solo objetivo: doblegar al PSOE presionando a su secretario general para que permita que el candidato del PP sea investido de nuevo como presidente del gobierno de España. La tarea, bien sincronizada desde múltiples instancias, es fina, groseramente fina, pues se trata de presionar al máximo para cambiar la posición política adoptada por el PSOE respecto al proceso de investidura ya en marcha, la cual, por otra parte, había sido anticipada por los mismos socialistas en la campaña electoral previa a los comicios del pasado 26 de junio.

Hasta ahora, y somos multitud los que esperamos que siga siendo así, desde el Partido Socialista se responde a la serie de presiones in crescendo diciendo una y otra vez que su voto va a ser negativo cuando el candidato del PP se someta en el Congreso de los Diputados a la preceptiva votación, añadiendo a ello que tampoco va a facilitar al señor Rajoy ese trance mediante una abstención que le otorgue la mayoría necesaria. Y está bien que sea así, pues son sólidas las razones por las que el PSOE se niega a un nuevo gobierno de la derecha española en estas circunstancias. Sobre su secretario general recae sobre todo la defensa de una posición más que razonable, que está reclamando no sólo inagotables energías, sino los mejores argumentos para hacer frente a presiones de todo tipo, las cuales rozan el chantaje e incluso se acompañan de la más burda siembra de miedos en la campaña mediática que al servicio de ellas se está desarrollando con el declarado fin de que Pedro Sánchez, y el partido con él, cambien el sentido de su opción para decantarse a favor de dejar vía libre a un gobierno del Partido Popular.

Desde el sitiado campo socialista se insiste en el porqué de su negativa, la cual de ninguna manera es un gesto frívolo desde el momento en que las razones para la misma giran en torno a ejes de probada consistencia: las políticas económicas de cuño neoliberal desarrolladas por el PP en el gobierno anterior y que no ha mostrado el más mínimo interés en modificarlas; las medidas antisociales aplicadas, desde la reforma laboral hasta la desastrosa LOMCE, pasando por los recortes en sanidad y por otros ajustes de los llamados estructurales que inciden en quiebra de derechos sociales; las leyes de marcado carácter autoritario aprobadas, con el buque insignia de la llamada “ley mordaza”; la voluntaria parálisis ante la grave crisis institucional del Estado a raíz de lo que se está viviendo en Cataluña y la nula efectividad en cuanto a lucha contra la corrupción política que en tan gran medida afecta al PP, provocando incluso el embargo judicial de su sede nacional. Que el señor Rajoy, presidente del PP que en ningún momento ha asumido responsabilidad política alguna por tal situación de corrupción sistémica –que ni voluntad de hacerlo ha mostrado-, ya es razón suficiente para negarle el apoyo que pide. Ninguna democracia decente admitiría, no ya un presidente con tal lastre sino, ni siquiera, un candidato a la presidencia del ejecutivo con tal carta de presentación. Es por ello, sumado a los motivos que se aglutinan en torno a los ejes señalados, por lo que desde el PSOE se defiende el “no” al PP por razones de dignidad democrática.

A la vista de las presiones que se siguen ejerciendo sobre el Partido Socialista, incluidas las de quienes desde dentro abogan por la abstención para dejar que el expresidente Rajoy vuelva a ser presidente, parece que la gramática de la dignidad contiene verbos que algunos no quieren conjugar. Por ello, en definitiva, acusan al PSOE y concretamente a su secretario general de estar propiciando lo contrario de todo eso que a la vez se menciona para que el grupo parlamentario socialista entre en el juego, aunque sea al precio de verse encerrado en la misma cárcel de indignidad en que quedaría aprisionada la democracia española aupando a la cabeza del gobierno a un personaje que, además, hasta incluso muchos de los que piden que se le apoye reconocen que no se lo merece. Es decir, se le echa en cara al PSOE que su “no” es irresponsable, que va contra la gobernabilidad, que cercena peligrosamente la necesaria estabilidad para salir de la crisis, que se sitúa contra el “sentido de Estado” en el que se encarnaría el compromiso con el “interés general”. Sólo falta que se diga que quienes insistimos en el “no” a un gobierno del PP estamos en la tesitura irresponsablemente moralista del fiat justitia et pereat mundus, mientras que los demás estarían en una acrisolada 'ética de la responsabilidad' que se hace cargo de las consecuencias de las propias decisiones hasta sacrificar un justiciero “no” en aras del supuesto mayor bien de la estabilidad y la gobernabilidad que se aducen.

Sin embargo, a poco que se argumente en serio, tal aparente ética de la responsabilidad aparece desenmascarada como pragmatismo irresponsable que acude a los más viejos trucos ideológicos para justificar lo que es una impresentable jugada política en nombre de una reeditada y vergonzante razón de Estado que ni siquiera se formula en esos términos –de suyo, cualquiera podría argüir que no es en verdad razón de Estado lo que hay detrás de tan engranadas maniobras, sino los intereses del “complejo político-financiero-empresarial” que se hallan en alerta por lo que pueda significar un gobierno alternativo que ya no responda a lo que pretenden que el PP les siga resolviendo, a pesar de indecencias, en términos del orden sistémico que hay salvaguardar como intocable-. La democracia se puede manipular insistiendo machaconamente en que el candidato del PP tiene que ser presidente por ser su partido el más votado y con mayor número de escaños, obviando que el sistema español, el establecido por la Constitución, no es el de una democracia presidencialista, sino el de una democracia parlamentaria, en la que hay que conformar mayorías en el parlamento que sostengan el gobierno en cada caso así posibilitado.

Estamos, por tanto, en la hora no sólo de resistir presiones, sino de desmontar falacias. El “sentido de Estado” no radica en el voto que asentaría la indignidad en el gobierno de España, sino en la negativa a que así sea. La gobernabilidad no se puede mantener desde posiciones bajo continua amenaza de deslegitimación, por mucho que ampare la legitimidad de unas elecciones conforme a derecho que dan 137 escaños de 350: esa mayoría no implica amnistía para la corrupción ni indulgencia para quien es políticamente responsable. Por el contrario, la responsabilidad ante todo ello pasa por asumir razones de Estado como las que el PSOE hace valer en favor del “no” que defiende.

Y ello no es instalarse en el impecable lugar de una armonía irenista. No; se reconoce el dilema en el que estamos, pero éste no se puede reducir al de estabilidad o decencia, para tener que sacrificar la decencia en aras de la estabilidad. La situación es que la indecencia junto a la incompetencia de quienes además no presentan credenciales de compromisos con objetivos de justicia, lleva a concluir que el dilema está mal planteado porque la estabilidad prometida es falsa. Hasta Maquiavelo, desde su realismo a ras de la dinámica del poder, lo reconocería. Y otros, recogiendo esa versión positiva de la razón de Estado que se remontaría hasta Giovanni Botero, con una visión integral de lo que puede ser esa razón de Estado cuando se trata de un Estado democrático de derecho, reconocerán con quienes decimos “no” al PP que nos avalan buenas razones consonantes con lo que reclama este Estado y exige la dignidad de su democracia. Falta, a partir de ahí, convencer de que el “no” es puente hacia el “sí” a un gobierno alternativo con todas las de la ley como posibilidad que deberá hacerse realidad si se consuma el bloqueo en que se halla un PP que no encuentra quien quiera tragar las ruedas de molino que supone pactar en la España de hoy con el partido de la corrupción y de la desigualdad.

(*) José Antonio Pérez Tapias es miembro del Comité Federal del PSOE.